Por el Mtro Horacio Villaseñor
Gobernar un municipio o administrar el Estado no debería ser un concurso de popularidad ni un ejercicio de ocurrencias cotidianas; debe ser, ante todo, un acto de estricta ingeniería social. La tragedia de nuestra función pública contemporánea radica en que hemos cambiado el rigor del diseño institucional por el capricho del gobernante en turno. Se confunde el poder con la prerrogativa de mandar a capricho, olvidando que toda autoridad legítima descansa sobre una arquitectura de reglas claras. Como bien enseña la tradición filosófica al analizar los grandes modelos de orden, el verdadero peligro para la democracia no es la ignorancia del votante en las urnas, sino la impunidad del gobernante fuera de ellas, ya gobernando; porque ningún país se arruina por quién elige a sus líderes, sino por líderes que eligen qué leyes cumplir. El primer gran error de nuestra clase política es pretender gobernar desde la improvisación, con sus “cuates”, como si las ciudades y los servicios públicos funcionaran por generación espontánea. En la historia del pensamiento administrativo, las comunidades que carecen de un modelo sistémico, de una planeación rigurosa que entienda que cada célula del territorio debe responder a un equilibrio general, están condenadas al colapso. Nos gobiernan autoridades que operan a ciegas, generando una profunda ceguera institucional que fragmenta el tejido social. Administrar sin un plano director, sin logística y sin orden técnico equivale a levantar campamentos efímeros en medio de la crisis, donde el caos administrativo se apodera de la vida cotidiana de los ciudadanos y los recursos públicos se evaporan en el dispendio. Para superar este estado de cosas, urge impulsar una verdadera transmutación política y moral: un cambio radical de naturaleza donde la improvisación y el desvío de recursos dejen de ser la divisa común para convertirse, mediante el fuego de la exigencia ciudadana y la probidad institucional, en una administración de orden, legalidad y visión de Estado.A este déficit de diseño se suma la pérdida absoluta del principio de responsabilidad jurídica ante la ley fundamental. En una república democrática, el gobernante no es un monarca absuelto de sus culpas ni un dueño de plazas que administra el presupuesto como patrimonio familiar. El poder público exige una economía moral estricta, un compromiso donde los bienes de la comunidad se gestionan con probidad y respeto absoluto al marco constitucional. Sin embargo, presenciamos cotidianamente una élite política que opta por la simulación: se eligen las leyes que se cumplen y se desechan aquellas que incomodan al presupuesto o al compadrazgo. La impunidad institucional se convierte así en el combustible de la decadencia municipal. Finalmente, urge rescatar la idea de que la administración de lo público no es una agencia de empleos ni un botín político, sino una responsabilidad ineludible con la dignidad humana. Cuando el gobierno pierde el rumbo técnico y moral, los resultados saltan a la vista: ciudades ahogadas en crisis de servicios, obras de ocurrencia que se destruyen al año siguiente, y una ciudadanía relegada al papel de espectador de su propia desgracia. Si queremos transformar nuestra realidad local, debemos dejar atrás la demagogia de los discursos vacíos y exigir lo elemental: gobernantes que entiendan que gobernar es construir sistemas funcionales, justos y duraderos, donde la ley sea un límite infranqueable y el servicio público, el servicio a la ley, un deber sagrado con la comunidad.Ojo, ¡para poder, hay que tener plano y medida!
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que A Fondo Jalisco no se hace responsable de los mismos.
