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Rodolfo Aceves Jiménez*

La Agenda Nacional de Riesgos (ANR) es el documento estratégico y prospectivo que orienta las operaciones del Sistema de Seguridad Nacional, a partir de la identificación de manera anual de aquellos riesgos o amenazas que pueden vulnerar los intereses y objetivos nacionales, focalizando la atención que el Sistema de Seguridad Nacional presta a cada uno de ellos.

Para su elaboración se toma en cuenta el contenido del Plan Nacional de Desarrollo (PND), así como del Programa Sectorial respectivo que, entre otras cosas contiene, un análisis y un diagnóstico de cada uno de los campos del poder que abarca la seguridad nacional. Este es un documento alejado de juicios de valor unipersonal o político. En él se vierte el estado de los riesgos y amenazas.

Esta es una de las razones por las cuales, el PND debe estar alineado con los objetivos nacionales que se desprenden de la Constitución, para que, junto con el Presupuesto de Egresos de la Federación, se constituyan como los instrumentos de donde se obtienen las grandes políticas nacionales en el país, cuyo diseño es capaz de modificar o alterar las diversas expresiones o campos del poder: político, económico, psicosocial, militar, tecnológico y diplomático. Es en la suma de todos estos campos en donde radica el poder nacional de cualquier país.

Entre los fenómenos que seguramente tiene la ANR como riesgos lo constituyen, entre otros, la corrupción, la impunidad, la ausencia de la aplicación del Estado de derecho, todo esto en detrimento de la democracia mexicana, así como la conducta de los actores políticos.

La crisis que hizo los feminicidios en México, vino a romper la narrativa presidencial y a develar una especie de improvisación en las políticas públicas. En sus conferencias mañaneras el presidente publicó un decálogo de buenas intenciones y culpó a algo subjetivo, como el neoliberalismo, cuya influencia en la sociedad que devino en una caída del tejido social. Cuando le preguntaron acciones concretas se ciñó a decir que su gobierno diario realiza acciones para evitar y combatir el feminicidio, sin precisar.

La ANR debió haber considerado las amenazas de la delincuencia organizada en diversas partes del país, sobre todo en Chiapas, Jalisco Michoacán y Tamaulipas, cuya información debe ser compartida con las áreas de inteligencia de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas o las Policías estatales para establecer operativos.

Lo contrario es, en todo caso, que la ANR no sirve para los propósitos para los que está diseñado, debido a la falta del uso de la información recabada para producir inteligencia.

Es cierto que esta administración heredó una crisis de credibilidad en la institución de gobierno. Es cierto que son muchos los problemas adquiridos, en muchas sino es que en todas las funciones de Estado y de gobierno, y que todavía no es cuantificable la responsabilidad de las anteriores administraciones, pero más que un avance en la cuarta transformación, por ahora todavía es difícil establecer avances en seguridad.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Es politólogo por la Universidad de Guadalajara (UdG) y por invitación del Alto Mando es maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaria de Marina. Ha sido invitado como expositor en el curso de Mando y Estado Mayor General de la Armada de Mexico, así como en el CESNAV. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad del Valle de México y cómo investigador externo del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (ININVESTAM). Twitter: @racevesj

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Chocan AMLO e IFT por concesión de Telmex sin cumplir convenios de 1990

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Carlos Ramírez

La sospechosa renovación del título de concesión de teléfonos de México en 2016 para el periodo 2026-2056 llegó a Palacio Nacional y causó ya los primeros estragos en  los valores accionarios de Carlos Slim Helú en la bolsa Mexicana de Valores.

El punto más conflictivo radica en la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones en diciembre de 2016 para adelantar la ratificación de la concesión que se vencía hasta 2026 y extenderla por treinta años más hasta 2056, a pesar de que en 1990 se señaló que se podía dar un periodo adicional sólo de quince años; además, la de 2016 fue una decisión provisional que tendría el cumplimiento oficial en marzo de 2026. El adelanto de la aprobación fue para evitar que se debatiera en el periodo presidencial de López Obrador.

Una pregunta sembrada en la conferencia mañanera del jueves 21 por un reportero cuyo sitio en YouTube tiene publicidad de las empresas de Slim provocó una respuesta confusa del presidente de la república y un comunicado oficial del IFT exigiendo que el mandatario sacara las manos del proceso porque, según el organismo, no le corresponde.

Sin embargo, el presidente de la república tiene facultades legales para intervenir en decisiones que tienen que ver con concesiones de servicio público, posee derecho de veto, tiene la responsabilidad de conducir los recursos estratégicos de la república, está facultado para evitar los monopolios privados (como el de Telmex), es responsable de la rectoría del Estado y puede ejercer la aplicación de la vigente ley de expropiaciones que promulgó con sentido nacionalista el presidente Lázaro Cárdenas el 25 de noviembre de 1936.

La confusión no aclarada por el IFT se encuentra en ratificación del título de concesión. Sin embargo, ese título entregado por el presidente Carlos Salinas de Gortari vencerá en 2026, permitiría una extensión por solo quince años más, y de manera formal el servicio telefónico regresaría a manos del Estado y el Estado tendría la facultad de otorgar la concesión a Slim o a otra empresa o mantenerla bajo su dominio por razones estratégicas y de seguridad nacional.

En todo caso, el Instituto estaría en la obligación institucional de anular este proceso y en el 2023 abrir otro de acuerdo con las circunstancias actuales. Las razones que emitió en el 2016 el IFT para embargar su oficialización siete años hasta marzo del 2023 sirven hoy para revisar el funcionamiento de la empresa en manos de Slim por otros treinta años: las modificaciones a los servicios de comunicaciones por avances tecnológicos. Suena absurdo adelantar la aprobación, aguantarla siete años y aprobarla por las razones de 2016.

Mientras todo esto ocurre, Teléfonos de México ha entrado en una etapa de desensamblaje porque el empresario Slim le está quitando funciones y algunos servicios que ha ido pasando a sus dos empresas privadas fundadas desde Telmex: América Móvil y Telcel. Esta semana se decidirá el emplazamiento a huelga que hizo el sindicato de Telmex acusando a Slim de transferir a trabajadores y jubilados a sus empresas privadas sin reconocerles antigüedad ni derechos.

La estrategia de Slim pudiera ser la de dejar a Telmex como un esqueleto al servicio de sus negocios privados en telefonía, todo ello incumpliendo con impunidad las condiciones establecidas en el título de concesión de 1990 de apoyo al sector social. En pocas palabras, Slim está exprimiendo Telmex para fortalecer a América Móvil y a Telcel con acciones que estarían violando el título de concesión y por lo tanto el Instituto estaría obligado a suspenderlo.

En estas circunstancias, para cumplir su papel de regulador real y no formal del área de telecomunicaciones, el IFT estaría obligado a revisar bajo condiciones y circunstancias de hoy el título de concesión que de manera sospechosa ratificó hace cinco años y lo mantuvo en la congeladora. Los datos de la revisión del contrato colectivo y las quejas del sindicato son argumentos suficientes para concluir que Slim no ha cumplido con los compromisos de la concesión.

En este contexto se debe leer el comunicado de prensa del IFT que le exige al presidente López Obrador que no se meta en una concesión estratégica del Estado. Pero el IFT debería de leer y atender el análisis de Telmex que publicó a finales del 2014 el expresidente Salinas probando el incumplimiento de Slim de los compromisos de la concesión de 1990.

 

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Política para dummies: la política siempre beneficiará al más fuerte y siempre se sabrá quién es el poderoso.

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Nacional

Brújula Pública-Falta planeación

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Rodolfo Aceves Jiménez*

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública contiene 8 objetivos de donde se desprenden las principales acciones para erradicar la seguridad en el país.

Entre sus objetivos se encuentran la erradicación de la corrupción y reactivación de la procuración de justicia, el pleno respeto de los derechos humanos, la regeneración ética de la sociedad, reformular el combate a las drogas, la construcción de la paz, la recuperación y dignificación de los centros penitenciarios y la seguridad pública, seguridad nacional y paz.

Entre lo pendiente que tiene la Estrategia se encuentra la creación de la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés así como la creación del Consejo para la Construcción de la Paz; la primera para ampliar el rango de combate a la corrupción y, el segundo, como instancia de vinculación y articulación entre todas las instituciones y actores de México y del extranjero que trabajen por la paz.

La Estrategia tiene relación con el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana, de donde se desprenden las acciones de la Secretaría de Seguridad.

Según este Programa Sectorial tiene cinco programas especiales. El Programa Nacional de Seguridad Pública, el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, el Programa Nacional para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Secuestro, el Programa para la Seguridad Nacional y el Programa Nacional de Protección Civil.

Son programas que complementan los objetivos y acciones que se desprenden del Programa Sectorial citado, en cada rubro de especialidad.

El problema consiste en que no han sido publicados y, por tanto, se opera con los programas de las anteriores administraciones.

Esto presenta un conflicto programático, debido a que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública es un documento aislado que suma diversos objetivos y acciones de los Programas.

También presenta una falta de alineación con el presupuesto del Ramo 36 que ejerce la Secretaría de Seguridad, debido a que quedaron aislados, aun cuando el Programa Sectorial sí los señala.

La política pública distribuida en competencias entre la Federación, las Entidades Federativas y sus Municipios parece que no tiene hilos conductores o voluntad para colaborar de manera conjunta por mejorar la seguridad. El interés político partidista o político electoral supera la voluntad por ejercer las funciones de seguridad.

Por eso es que la ausencia de autoridad en algunos municipios del país es un ejemplo de cómo el Estado y sus instituciones abandonan sus funciones sustantivas en seguridad permitiendo que impere el desorden y la delincuencia amplíe sus dominios.

Entre las funciones abandonas se encuentra, por supuesto, la seguridad, la regulación de las actividades económico-productivas y que ahora la delincuencia ejerce esas funciones por el cobro de un derecho, la prestación de algunos servicios públicos, principalmente.

Y además claro está la ausencia de estos Programas.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

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Carlos Ramírez

Indicador Político-Rompen Slim y Pérez Simón; Telmex, a revisión

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Carlos Ramírez

Aunque el tema pudiera tienes referencias de manera exclusiva en México, en realidad el espacio económico y social en España de Teléfonos de México, Carlos Slim Helú y su exsocio Juan Antonio Pérez Simón ha sido creciente en manera importante. Slim por los negocios y Pérez Simón por su influencia en el ámbito cultural y en el espacio de la monarquía.

El primer dato que llama la atención ha sido el silencio que ha tenido la ruptura de relaciones personales y de negocios entre Slim y Pérez Simón, que habían participado en la sociedad original en 1990 para comprar la empresa estatal Teléfonos de México. En 2018, de manera agresiva, Slim despidió a Pérez Simón de la sociedad y le liquidó su participación en la empresa.

Ahora Teléfonos de México enfrenta un período de año y medio de debate público porque el título de concesión vencerá en el 2023 y tendrá que renovarse por treinta años más. por ahora, Slim y Telmex lograron capitalizar las relaciones políticas y de poder con el régimen priísta para la aprobación adelantada de la concesión en el 2016, pero que deberá ser ratificada en marzo del 2023.

La historia de las privatizaciones de empresas públicas en México durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se ha reabierto hoy con la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de proponer el regreso del dominio del Estado a la Comisión Federal de Electricidad, liquidando la apertura a la inversión privada en ese sector con la reforma eléctrica de 2013 realizada por el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El debate sobre esta reforma a la reforma va a revisar de manera crítica el modelo de las privatizaciones realizadas por Salinas de Gortari en cuando menos tres sectores fundamentales y estratégicos: la banca privada, la industria siderúrgica y Teléfonos de México.

Slim y Peña Nieto unieron fuerzas en el 2014 para modificar la estructura de concesiones de espacios que son propiedad de la nación por mandato constitucional, entre ellos la telefonía: la decisión de otorgar concesiones en las telecomunicaciones pasó del presidente de la república –por su carácter estratégico– al Instituto Federal de Telecomunicaciones formado por funcionarios especializados en el tema y votados en el Congreso a propuesta presidencial. El argumento fue el de despolitizar y profesionalizar la toma de decisiones.

El siguiente movimiento político fue el de adelantar en 2016 la extensión del título de concesión que vencería en 2023. En ese año de 2016, la fuerza política del presidente Peña Nieto había entrado en severo colapso por el caso de la Casa Blanca –una nueva residencia privada del mandatario que había sido construida con dinero de contratistas del gobierno– y el colapso político provocado por la desaparición y presunta liquidación de 43 estudiantes normalistas de Guerrero.

Ante las expectativas en 2016 de que el candidato opositor López Obrador estaba encabezando todas las encuestas de elecciones presidenciales del 2018, Slim operó con Peña Nieto un candado adelantado para la concesión de Telmex. Sin embargo, por razones legales, la ratificación de la extensión de la concesión por treinta años más concedida en 2016 tendría que oficializarse en marzo de 2023, dentro de dieciocho meses.

La privatización de Telmex marcó el sentido de las privatizaciones de empresas públicas que realizó el presidente Salinas de Gortari. En el imaginario popular quedó la interpretación de que hubo una decisión política en la entrega de Telmex a Slim y hasta la fecha no ha podido borrarse la idea de un paquete accionario fantasmal en manos del expresidente.

Salinas ha tenido que combatir con ese ambiente. En diciembre de 2014 Salinas publicó dos textos en el periódico El Financiero para dar su explicación sobre Telmex y señalar que Slim traicionó el sentido de desarrollo de esa privatización y convirtió la empresa en un pivote de enriquecimiento personal y familiar aprovechando los errores de regulación del Estado que siguen hasta la fecha. Salinas, inclusive, reveló que la verdadera fortuna de Slim no está en Teléfonos de México, sino en el consorcio América Móvil que construyó un imperio continental a partir de la telefonía celular derivada de la telefonía fija. En 2014 Salinas dijo que América Móvil valía 100,000 millones de dólares, dato que aumentaría exponencialmente la fortuna del empresario de origen libanés.

La ruptura de Slim con el empresario Pérez Simón ha comenzado a provocar algunas preguntas En España, donde Pérez Simón ha desarrollado actividades de apoyo a museos y ha mantenido una relación de alto nivel dentro de la monarquía. Cuando Slim lo despidió como accionista de Telmex, Pérez Simón dijo que no necesitaba más dinero y que se dedicaría a la promoción y protección de la cultura, a partir de la posesión de una de las más importantes y valiosas colecciones de pinturas y esculturas.

Por cierto, una versión aún no impresa de las memorias de Pérez Simón está causando inquietudes en la familia Slim Helú.

Aunque no hay ahora ninguna iniciativa del Gobierno de López Obrador para modificar la condición de Teléfonos de México como empresa concesionada a Slim Helú, el periodista José Martínez Mendoza –autor de una biografía sobre el empresario– reveló el hecho de la ratificación de la extensión de la concesión en marzo del 2023 y el asunto ha comenzado a analizar el papel de la telefonía como uno de los pivotes del nuevo modelo de desarrollo mexicano.

El debate es muy sencillo: las empresas públicas fueron privatizadas porque el Estado no contaba con recursos para su modernización, pero pidió que su operación empresarial ayudar a al desarrollo y al bienestar. A la vuelta de más de treinta años, Telmex aparece como un monopolio de las conexiones y ayudado solo a construir una de las fortunas familiares más importantes de la historia del México independiente, pero sin contribuir a la dinámica productiva nacional.

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