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Óscar Ábrego
Hace algunos días escribí que desde la ciudad de México, varios personajes que se presumen como muy cercanos a Andrés Manuel López Obrador, se confabularon para tomar el control organizacional y económico del partido Morena y la Delegación Federal en la entidad. Algunos de los que forman parte de esta intriga, son Gabriel García Hernández, Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo; Alejandro Peña Villa, senador suplente en funciones y Armando Zazueta Hernández, delegado provisional en el Estado y a quien se le señala como el operador del complot.
Por ahora sabemos que el nombramiento del señor Armando como responsable de la Delegación de Programas para el Desarrollo del gobierno de la República se dio el pasado 15 de agosto; sin embargo, a la fecha lo único que ha trascendido es que su encomienda está muy lejos de cumplir con los planes institucionales de la citada dependencia. Y es que de acuerdo a las versiones que corren dentro y fuera de las oficinas de dicha instancia federal, este funcionario mantiene una agenda que le es impuesta por sus jefes políticos.
Al respecto, no está por demás recordar que según algunos medios informativos, Zazueta Hernández se desempeñó como servidor público en la Delegación Cuauhtémoc y en Azcapotzalco; y en el 2009 fue inhabilitado por dos años para ocupar un cargo gubernamental por “falta de aplicación a la normatividad”.
Pero volviendo al asunto de sus labores, lo más trascendente que tenemos a la mano es que no mueve un dedo sin la autorización de Peña Villa. Lo peor del caso es que bastantes servidores de la nación le recriminan que fomente una grilla barata que nada tiene que ver con sus tareas sustantivas. Tengamos en cuenta que no existen reportes sobre sus actividades, cosa no menor si revisamos la gran cantidad de recursos materiales, humanos y monetarios que están a su disposición y bajo su responsabilidad.
También es conocido entre los lopezobradoristas del Estado, que en buena medida le toca llevar a cabo la conjura que tiene por objeto deteriorar las redes de apoyo y simpatía que hay alrededor de Yeidckol Polevnsky y Hugo Rodríguez, ello con el claro propósito de beneficiar las aspiraciones de Bertha Luján como dirigente nacional de Morena y de Juan Barajas en el ámbito local.
En resumen, en muy poco tiempo Armando Zazueta despertó todo tipo de sospechas y cuestionamientos, pues mientras que unos lo acusan por ser el responsable de que la Delegación haya caído en un grave letargo operativo, otros más le critican también su escaso interés por atender el encargo por el cual cobra más de 80 mil pesos al mes.
Así las cosas, bien valdría la pena que el mismo presidente eche un vistazo a lo que ocurre en Jalisco, en virtud de que todas las señales indican que la Delegación Federal dejó de ser un instrumento de alto impacto social, para convertirse en el sótano donde se fragua una deleznable conspiración.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Coyuntura

Los hombres del poder: ¿Y los enfermos por el Río Santiago, cuándo?

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Por Gabriel Ibarra Bourjac.-

Jalisco tiene dos problemas muy graves que reclaman atención urgente: uno es el de los desaparecidos que durante el pasado año fueron contabilizados 2,100 personas que ya no regresaron a sus hogares y que muy posiblemente estén ya sin vida la mayor parte de ellos; y el segundo gran problema lo constituye la población que está en la ribera del río Santiago y que son aquejados, principalmente, por el cáncer y enfermedades renales.

El tema de los desaparecidos marca agenda, tanto que este fin de semana el gobernador volvió a descalificar el trabajo de los periodistas, como el del columnista de El Informador Rubén Martín, por poner el dedo en la llaga al subrayar con la enjundia y el valor que lo distingue la desaparición de 7 jóvenes y que por fortuna, hasta la información que teníamos la noche de este domingo, 5 de estos ya habían regresado a sus hogares, faltando dos aún y que quiera Dios vuelvan a sus casas.

Sobre el malestar del gobernador Alfaro podemos interpretar como un buen indicador el que se irrite con la denuncia y crítica periodística, lo que lo obliga a que el tema le ponga atención especial para cuando menos taparnos la boca a quienes tanto molestamos por la forma reiterativa como cincelamos estos sucesos que en un país con un gobierno de a deveras no pasan, cuando las instituciones y órganos de gobierno funcionan, países en los que no hay impunidad.

El otro gran tema son los enfermos por la contaminación del río Santiago, que es el asunto número uno en la agenda del gobernador que tine como bandera la refundación del Estado. Bien que Alfaro luche por rescatar el río Santiago, el río de la muerte. Bien que tenga un programa de obras de infraestructura cuyo avance mostró hace unos días cuando encabezó la macro excursión para que sus críticos de la prensa y autoridades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) conocieran lo que están haciendo.

Sin embargo, queremos que ese temperamento del gobernador aflore con la misma enjundia para que se atienda el problema de salud que tienen cientos o miles de ribereños por la contaminación de este río que tantas muertes ha ocasionado y que provocó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervenga y exija atención urgente y extraordinaria en materia de salud que, por cierto, no se ve.

Sí, que se enoje Alfaro por las injusticias que las mafias del poder han hecho con los habitantes de estas zonas pobres; que se irrite con las autoridades anteriores y con los monigotes inútiles que están al frente de la Secretaría de Salud que tienen a Jalisco en el primer lugar por muertes de dengue e influenza.

Sí, que a ellos les grite y hasta, les hable directo y de frente, de que son unos inservibles que no sienten el dolor humano, que están picados por la ponzoña de la soberbia por ser parte del poder de la gran burocracia.

¿Por qué Alfaro no organiza una macro-excursión para que de viva voz los enfermos que genera la contaminación del río Santiago le relaten cómo son ignorados y cómo poco a poco se van muriendo por falta de atención médica adecuada?

“Todo lo que nos rodea está en un problema mayor, que se llama devastación y despojo socioambiental porque nos han quitado la tranquilidad, la sangre, la vida, el derecho de vivir donde queremos estar”, grita con impotencia la activista Graciela González Torres, quien forma parte de la asociación civil un Salto de Vida y que reclama esa agención urgente y extraordinaria.

ESTUDIO A CINCO AÑOS

En el marco de la macro-excursión el gobernador Enrique Alfaro al lado del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, anunció que la casa de estudios con sus investigadores realizará un estudio -otro más- para conocer las causas que han generado estas enfermedades en la población y que estará listo en cinco años, o sea, cuando el sexenio concluya, lo que hace pensar que estarían pateando el bote y que la UdeG se presta al juego perverso.

El gobernador Alfaro debe convocar a una macro-excursión exclusiva para ver el tema de salud y las enfermedades que sufre esta población del río Santiago y que le quite presupuesto a áreas superfluas de su gobierno para destinarlas a la atención de esta población en forma urgente como lo indica las Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sí, que el gobernador por este tema de contaminación y salud se pelee con el gobierno central y después, cuando haga las pases, lleve al Presidente López Obrador a esta zona y lo comprometa a que le entre el Gobierno Federal. Creo que ese pleito por la salud de esta gente jodida los jaliscienses se lo aplaudirían.

¡Qué se enoje el gobernador por el abandono y por el crimen que se ha cometido con estas familias y ese político de echado para adelante lo veamos defendiendo a los sin voz, a aquellos que no tienen dinero, medicinas ni servicios de salud para seguir viviendo!

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Coyuntura

La salud, en disputa

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Gabriel Torres Espinoza 

El pasado 17 de febrero, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció la firma del convenio de ‘no adhesión’ al InsabiSon nueve las entidades que han decido ratificar un convenio de ‘no adhesión’. Grosso modo, la no adhesión implica no ceder la administración de los recursos, la infraestructura y el personal médico que presta los servicios de salud en una entidad, caso contrario de lo que ocurre con su adherenciaJalisco tiene suficientes razones. Al respecto, resulta oportuno recordar el contexto político que caracterizó a nuestro país hasta las postrimerías del siglo pasado; esto es, el de un sistema hegemónico ‘híper’ presidencializado [en virtud del amplio catálogo de facultades constitucionales y ‘metaconstitucionales’ que ejercía el Presidente], que derivó en la ineludible centralización del poder que no sólo se expresó en un único orden de gobierno [el Federal], sino en una sola persona [el Presidente de la República]. Debido al modelo federal que establece nuestra Constitución, en aquel entonces resultó un avance la descentralización en materia de educación, seguridad y salud.

Sin embargo, de manera reciente, creciente y cada vez más evidente, la Federación concentra las funciones de seguridad y salud, al crear instituciones de carácter nacional con facultades que anulan la distribución concurrente de competencias en estas materias con los gobiernos locales. La Guardia Nacional y el Insabi son un emblemático botón de muestra. Nuestro país pasó a experimentar un efecto pendular: yendo del centralismo al federalismo, y actualmente en dirección a la centralización absorbente, bajo la excusa del manejo corrupto [efectivamente] de los gobiernos localesEl Gobernador acierta en denunciar los intentos ‘centralizadores’. Tal como es verdad la grotescacorrupción en la que incurren gobernadores –de todo signo partidario– con el presupuesto enviado a los estados para los servicios de salud. Sin embargo, no debe omitirse el irrefutable hecho de que las aportaciones y participaciones federales enviadas a los estados para garantizar el acceso universal a la salud, vinieron a representar el más paradigmático y escandaloso ejemplo de la corrupción y el negocio con el que lucraron los gobernadores impunemente

Con relación a ello, conviene recordar que la Auditoría Superior de la Federación acusa que el 53.3% del daño patrimonial causado por poco más de 16 mil millones de pesos en los gobiernos estatales, sobre el recurso destinadopara el Seguro Popular, de 2013 a 2017 que no se hapodido resarcir, corresponde a las entidades de Veracruz, Michoacán, Jalisco y Oaxaca. En nuestro estado, las irregularidades detectadas expresadas en grandes cantidades han pasado por los tres últimos sexenios, siendo ilustrativos los casos de José Antonio Muñoz SerranoAlfonso Petersen Farah y Antonio Cruces Mada, al frente de la Secretaría de Salud. ¿Existe alternativa? Ni el federalismo impune, ni el centralismo intransigente: sino un mayor control fiscalizador y sobre todo sancionador [penal y administrativamente] en las entidades federativas. Centralizar, como respuesta a la corrupción, es una fórmula que terminará en un modelo también corrupto, además de centralizado.

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Carlos Ramírez

Feminicidios por progres machos, no por neoliberales; falla Gobernación

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Indicador Político

Si se revisa con frialdad la tendencia de violencia de todo tipo contra las mujeres, en realidad no es culpa del neoliberalismo que tenía muy bien precisados los roles de dependencia; el ciclo progresista liberó la actividad femenina fuera del hogar –por decisión o por masculinismo hipócrita de la izquierda– sin cambiar la mentalidad. Ahora el machismo progresista se conoce como discriminación de género.

Quien no recuerda que las camaradas de la izquierda socialista sólo servían de apoyo sexual a sus compañeros o para atender cocinas, inclusive en la guerrilla. El concepto de equidad de género ha naufragado por decisión de los progresistas que resisten la competitividad femenina en función de una mayoría de mujeres sobre los hombres en la vida productiva.

Ahora mismo existe u regateo institucional hacia el concepto de feminicidio o asesinatos de mujeres por su condición de género. Pero el asunto se complica más cuando se revisan las cifras oficiales crecientes de seguridad en los renglones, varios, de agresiones de género o sexuales que revelan estallidos de machismo violento y criminal ante la pasividad de las autoridades, sean masculinas o femeninas.

Por lo demás, el concepto de feminicidio es sexista porque asume una condición de fragilidad de la mujer con respecto a las agresiones entre hombres. Lo que queda por aclarar si las leyes para proteger a las mujeres de la violencia es sexista o responde a decisiones del Estado para castigar al machismo que asume por sí mismo la debilidad femenina.

En este sentido, la violencia contra las mujeres debe encararse con la fuerza de la ley, aunque con las pruebas contundentes de la realidad que el mecanismo de “alerta de género” que contempla la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007 sencillamente no funciona o no se aplica con el criterio de emergencia que implica. La Ley señala con claridad que la Secretaría de Gobernación preside el sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, pero es la dependencia más desdibujada, para decir lo menos, ante una ola de feminicidios del último año, con el dato mayor de que Segob está dirigida por una mujer.

Lo grave de todo radica en el hecho de que la ley enfocó el problema de manera integral, no sólo de castigo a feminicidas. Como nunca, la queja de acoso sexual o acoso laboral ha crecidoen el actual gobierno progresista y de manera muy acusada existen datos de que el sector judicial es el que más discrimina a la mujer con acosos administrativos y sexuales, sin que las autoridades del sector atiendan las quejas.

La falla de Gobernación debe llevar a decisiones drásticas. La fracción X del artículo 42 establece las atribuciones de la Secretaría de Gobernación y señala con claridad la tarea de “vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de tipos de violencia y se fortalezcala dignidad y el respecto hacia las mujeres” y la fracción XI establece de manera estricta la responsabilidad a Gobernación de “sancionarconforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo establecido en la fracción X”. Las quejas por la publicación de fotos de feminicidios recientes deben obligar a Gobernación a aplicar la ley, pero tiene que decidir si es burócrata del gabinete o mujer con convicciones.

De acuerdo con la ley de protección a las mujeres (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf, por si la secretaria Sánchez Cordero quisiera enterarse), Gobernación tiene quince facultades estrictas en materia de delitos de género, pero ha fallado y fracasado por las cifras de feminicidios, de agresiones a las mujeres y de acosos han aumentado, no ha cumplido con el mandato de diseñar una política integral con perspectiva de género para promoverla cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y carece de un diagnóstico nacional sobre todas las formas de violencia,.

De ahí que los feminicidios no sean responsabilidad del neoliberalismo, sino del incumplimiento de una Ley de protección a las mujeres que la actual administración, como las de Calderón y Peña Nieto, no ha ejecutado.

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Trump, el rey de los apodos. Una de sus armas favoritas de Trump para atacar adversario es su genialidad en poner apodos: Crooked Hillary (deshonesta Hillary), Lyin’ Ted (Ted el mentiroso), Sleepy Joe (Joe el dormilón), Crazy Bernie (loco Bernie), Shifty Schiff (Schiff el engañoso), Cryin’Chuck (Chuck el llorón), Pocahontas (Warren, en una alusión a la hija del jefe de una tribu india del siglo XVII), Mini Mike (Mike miniatura a Bloomberg). En la democracia estadunidense todo se vale, absolutamente todo.

Política para dummies: La política es el arte de cambiar la narrativa.

http://indicadorpolitico.mx

indicadorpoliticomx@gmail.com

@carlosramirezh

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