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Por Carlos Ramírez

La ofensiva cruzada de Morena y PAN sobre iniciativas para desaparición de poderes en estados macados por la violencia mostró una de las peores perversiones de la política: la manipulación de intereses que sólo complican más las crisis.
El PAN anunció su iniciativa de desaparición de poderes en Veracruz por el auge de la violencia delictiva en un estado que gobernó el PAN los dos últimos años y cuya gubernatura perdió en las urnas. Y Morena respondió con iniciativas de desaparición de poderes en Tamaulipas y Guanajuato –con gobernadores panistas– también por aumento de la inseguridad.
En este contexto, los intereses político-partidistas se pusieron por encima de los intereses de la sociedad víctima de la inseguridad. Y con ello se ha probado, una vez más, que la estrategia de seguridad es política y partidista y no, como debiera ser de origen, una política de Estado.
Los políticos y gobernantes suponen que la inseguridad es producto de las acciones de pillos callejeros que ven la oportunidad del delito. El problema, en realidad es complejo: abarca el origen de las bandas delictivas con la participación de fuerzas de seguridad y se puede llegar a lo que ve ahora: la sociedad como pieza clave del asentamiento territorial de la delincuencia en zonas de soberanía territorial del Estado.
Por lo demás, el proceso de desaparición de poderes requiere de un consenso de la autoridad; en el pasado fue fácil la aplicación de esa medida en tanto que los gobernantes destituidos eran del PRI y el PRI tenía el 85% del Congreso. Por tanto, el modelo de desaparición era un método de ajuste interno de cuentas en el priismo. Hoy, sin embargo, el PRI tiene la mitad de las gubernaturas y el PAN y Morena quieren destituir a dos gobernadores panistas y uno morenista.
Si los partidos se distraen con ajustes regionales de cuentas, la inseguridad seguirá creciendo. El día en que los partidos dediquen a la seguridad el esfuerzo que destinan a pelearse unos con otros, la seguridad podría ser, ahora sí, una política de Estado.
La responsabilidad de gobernadores en el aumento de la inseguridad en esas plazas no es cuestionable, pero la duda pregunta si ese dato es suficiente para destituir gobernantes. Es decir, que hace falta un diagnóstico nacional, regional, estatal y municipal del problema de la inseguridad, de su auge, de los grupos delictivos funcionando y de la incapacidad de las autoridades para ayudar a disminuir los delitos.
Y que también para la rendición de cuentas el papel que juega –o debiera jugar– la autoridad federal en la construcción articulada de fuerzas de seguridad en la república.

Ley de la Omertá
El seguimiento analítico de la delincuencia en todas sus formas no ha sido analizado en función de su impacto no sólo en la sociedad, en sus comportamientos, en sus expectativas y en su cotidianeidad, sino que tampoco se ha revisado su efecto en el sistema político. Por lo pronto, la inseguridad ha reorganizado algunos renglones del sistema político.
En 2014 el investigador John Bailey publicó el libro Crimen e impunidad. Las trampas de la seguridad en México (editorial Debate) con el propósito de indagar “la dinámica del crimen como motor principal de la policía mexicana actual”. La tesis de Bailey se centra en lo que llama “las trampas de la seguridad”, donde las estrategias públicas no resuelven la crisis de violencia, sino que la potencian.
La investigación de Bailey demuestra que las estrategias de seguridad de Calderón y del inicio del gobierno de Peña Nieto fue la elusión del tema fundamental: no fueron políticas de Estado, es decir, no involucraron a sectores, partidos y sociedad. El otro problema fue no definir con claridad el tipo de seguridad: ¿pública, humana, ciudadana?
Y la parte central: las estrategias de seguridad han sido improvisadas y aisladas, sin tener candados para evitar que las nuevas fueras de seguridad actúen por su cuenta o se corrompan. Y en el peor de los casos, prefieran pulular por la periferia de la delincuencia porque no basta con tener más policías y mantener los mismos corruptos sistemas de impartición de justicia y prisiones como sucursales del delito.
Bailey señala que los politólogos no han sabido enfocar la crisis de seguridad desde la perspectiva del sistema/régimen/Estado. De qué manera el comportamiento de cárteles, bandas y delincuentes afectan el funcionamiento del sistema en su versión social primaria: las comunidades. Hoy vemos, por ejemplo, que habitantes de zonas calientes del crimen organizado aparecen como escudos humanos de los delincuentes y son la primera línea de ataque contra las fuerzas de seguridad.
La forma en que organizaciones delictivas han sustituido al Estado en zonas territoriales ha sido el último aviso: la delincuencia no sólo produce delitos, sino que compite, ocupa y suple al Estado.  Bailey cita el estudio “construcción competitiva de un Estado” para mostrar que la delincuencia es una amenaza a la desarticulada democracia mexicana.

Zona Zero
·      La reapertura sin sentido político el expediente de la guerrilla de los sesenta y setenta reavivó los resentimientos sociales. Los derrotados de ayer por tomar las armas contra el poder hoy quieren disculpas. Pero el asunto es más complejo: ¿existe alguna corriente política que quisiera, fuera del EZLN, revivir la viabilidad de la lucha armada contra el régimen priísta superviviente?
·      El “homenaje” vía medallas y disculpas a la irracional Liga Comunista 23 de Septiembre podría llevar a suponer que pronto los delincuentes muertos o arrestados van a exigirle al Estado una disculpa por el uso de la fuerza en su contra. Y existen pequeños grupos radicales asumidos como guerrillas que quisieran el espacio político para pronunciarse de nuevo.
·      Sigue creciendo la delincuencia al menudeo. Y las autoridades no saben qué hacer.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

‪seguridadydefensa@gmail.com‬
www.seguridadydefensa.mx
@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Gobierno

Columna, A decir Verdad: Manuel Bartlett, el fracaso en la lucha contra la corrupción

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Por: Rubén Iñiguez

Mientras la corrupción se manifiesta en la figura de Manuel Bartlett, dueño de una fortuna señalada en 800 millones de pesos y con alrededor de 223 bienes raíces en la CDMX, “Bienes Raíces Bartlett” como firma comercial y un desempeño pésimo al mando de la Comisión Federal de Electricidad, el hombre del apagón para que se cayera el sistema electoral y permitiera que Carlos Salinas de Gortari le ganara a Cuauhtémoc Cárdenas, sigue muy campante en el gabinete de AMLO aunque por demás es contradictorio al emblema de la 4T y la austeridad republicana.

La ambición personal lo hizo incómodo y por ello dejó al PRI y al PRD y se acercó a banderas como la de los recursos energéticos del país, en ese entonces pertenecía a la mafia del poder, pero al incorporarse a MORENA  dejó de ser un traidor neoliberal. El detalle es que dichas banderas era para enriquecer pero sus arcas personales y no las del país.  

Ya causó un daño costoso a México con su intransigencia por los ductos de gas que motivaron la intervención de Estados Unidos y Canadá y la rectificación del presidente de la república que inexplicablemente lo sigue amparando.

Por su parte, los ecologistas lo acusan de regresar a la era del carbón, que además le compra al Senador Armando Guadiana de Morena por cerca de 2 mil millones de pesos – negocio redondo. La contaminación no le importa y pareciera que otro tipo de alternativas renovables como el viento, han entrado en desuso porque no favorecen al nuevo zar de la CFE. 

Barlett decidió dar los contratos de los medidores de luz, a IUSA empresa relacionada con el hermano de Carlos Salinas de Gortari (Raúl), como presidente B de la empresa de Alejo Peralta, una operación que nadie discute ni la Secretaría de la Función Pública, ni ninguna instancia dedicada a investigar actos de posible corrupción, una operación de más de mil millones de pesos a excepción de los organismos ciudadanos que luchan contra corrupción.

Bartlett ha llegado al extremo del cinismo al responder con un “Chu, Chu” cuando le preguntan sobre sus multiples propiedades, diciendo: “el Tren Maya va,” en una absoluta y muy rentable adhesión a su bolsillo, que se sigue llenando al estar cerca del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se suponía iba a barrer la corrupción desde arriba, pero cuando se trata del jeque de la CFE, simplemente se hace “de la vista gorda”. La lucha contra la corrupción tiene que esperar,  cuando se tiene que cuestionar a los cercanos.

 Los críticos de izquierda, muchos de ellos de Morena, advirtieron a Andrés Manuel, de la clase de sujeto que es Manuel Bartlett, varias veces expuesto por el periodista Carlos Loret de Mola, tal vez fue una de las causas de su despido en Televisa. 

En tanto sus bienes descansan en nombre de su concubina Julia Abdala  y de su hijo León Manuel. Para investigar esto, la Secretaría de Función Pública, designó a la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción para que analizara todas las acusaciones en contra del titular de la CFE, sin embargo la titular de dicho organismo fiscalizador recae en la figura de María de la Luz Mijangos Borja, quien es esposa de Jaime Cárdenas Gracia del PT, uno de los colaboradores más cercanos a Barlett desde 1992. Dudo en verdad que esta investigación avance.

Nunca se llegó antes a estos extremos de impunidad. El dinosaurio príista, por guardar las formas políticas, aplicaba como sanción la remoción, el exilio, las embajadas, el cambio de puesto a colocaciones de menor jerarquía, eran el resultado de la acusación seria ante la opinión pública. A veces era necesaria la destitución, si esta era conveniente o remotamente se montaba una investigación lenta, lentísima. Y si no estaba en gracia política, el señalado podía caer como ejemplo de la lucha contra la corrupción.

Pero ahora, el Presidente parece no escuchar otra voz más que la suya, y para él Barlett, es el funcionario ejemplar, pues lo exoneró de todos sus pecados. Por lo que el encargado de la energía eléctrica del país, al sentirse impune, se torna cínico, prepotente, sin dar cuentas de sus actividades ni ante el Presidente, mucho menos ante los medios de comunicación. 

Habría que hacer una reflexión seria de las cosas, si este personaje fue capaz de robarse un proceso electoral, además de ser uno de los principales sospechosos de la eliminación de Manuel Buendía, el periodista que era una piedra en el zapato, para el entonces Secretario de Gobernación, entonces no creo que tenga mayor empacho en seguir enriqueciendo sus arcas a costillas de la 4T y la austeridad republicana. 

Bartlett, es un dinosaurio perfecto, camuflado con los colores de Morena, y capaz de seguir llenándose de millones los bolsillos, sigue impune y la esperanza del cambio, será para otra oportunidad, no en este gobierno. La fuerza que tenía el discurso de campaña de AMLO en contra de la corrupción, se desvanece con personajes como Bartlett en su gabinete federal.

Sígueme en twitter: @rubengdl 

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Gobierno

¿Benditas redes sociales?

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Análisis

Gabriel Torres Espinoza
Las redes sociales digitales son las herramientas tecnológicas emergentes más importantes en las democraciascontemporáneas. Su importancia y capacidad de transformación hace difícil su entera comprensión para los estudiosos de la renovación democrática de los poderes públicos. Sin embargo, ¿los órganos jurisdiccionales de México han establecido algún criterio para regular la libertad de expresión en redes sociales digitales o Internet?
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en su jurisprudencia Jurisprudencia 19/2016, TEPJF señala que “las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión, para lo cual, resulta indispensable remover potenciales limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de internet”.
De forma que sobre las redes sociales no sólo ocurre una discusión virtual, también descansa una ‘constelación’ de derechos y libertades de especial relevancia para la vida democrática de un país: libertad de expresión, acceso a la información [búsqueda, recepción y difusión], derecho de réplica [ante un perfil institucional-gubernamental, medio de comunicación o funcionario público], además del acceso a plataformas de las tecnologías de la información y comunicación. La Corte Interamericana de Derecho Humanos, en su Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (2013), ha señalado al respecto: “Si bien el ejercicio de la libertad de expresión en Internet goza de la misma protección que cuando se ejerce a través de otros medios, las condiciones de legitimidad de las limitaciones de derecho a la libertad de expresión requieren atender a características propias y especiales de la Red”.
En el marco jurídico mexicano no existe norma alguna que regule los actos de plataformas digitales, llámense redes sociales digitales [Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc.]; motores de búsqueda [Yahoo, Google, Bing, Internet Explorer, Mozilla, Opera o Safari]; blogs; sitios de contenido informativo; o audiovisual [Youtube, Vimeo, Flickr o Tumblr], etc. Ahora bien, ¿sería conveniente legislar al respecto? Hasta hoy, la relación entre la red social digital y el usuario, es una relación jurídica considerada entre particulares, básicamente porque al formar parte de una red social, el usuario acepta los términos y condiciones para crear su cuenta de usuario. Admite las “cláusulas”. Pero es verdad que esta relación entre ‘particulares’ puede también afectar y restringir los derechos a expresarse libremente, a informarse, así como los de réplica y acceso a plataformas de las tecnologías de la información y la comunicación, con lo que se puede vulnerar la situación jurídica de los ciudadanos. Una circunstancia que pronto tendremos que abordar, ante el avance de la participación política digital, en las ‘benditas redes sociales’…

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Gabriel Ibarra Bourjac

Columna Los hombres del poder: Los desaparecidos en Jalisco

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por Gabriel Ibarra Bourjac
Una de las grandes decisiones que ha tomado Enrique Alfaro como gobernador es encarar el tema de los desaparecidos y hablar cara a cara con los familiares de las víctimas, escuchando su dolor, sus llantos, su impotencia, toda esa rabia que provoca que te hayan arrebatado a un ser querido, sin que el Estado como gobierno haya tenido o tenga la capacidad de protegerte.
Como bien lo expresa el cardenal Francisco Robles Ortega, “una sociedad violenta que ve la muerte como solución a sus conflictos termina por deshumanizarse (…) La violencia que está caracterizando nuestras relaciones sociales no corresponde a la voluntad de Dios”, expresó el pastor espiritual de los católicos en el marco de la celebración de la llevada a la Virgen a su Santuario de Zapopan.
¿De qué tamaño es la tragedia de los desaparecidos en Jalisco? El gobernador Enrique Alfaro hace unos días abordó esta herida abierta que tiene nuestra sociedad en el país, pero que se acentúa y agudiza en Jalisco, que tristemente es la entidad líder a nivel nacional. Las cifras varían, pero en lo que si están de acuerdo es que no son ni uno, ni dos, ni diez, ni cien, sino que son miles. Tan sólo en este año de 2019 que aún no concluye se han sustraído de sus hogares a poco más de 4 mil personas y son cifras que el propio gobernador proporcionó en ese evento que hacemos referencia: “se han hablado de muchas cifras, pero la verdad es que el tamaño del problema es que nos faltan 7 mil 117 personas. Esa es la realidad oficial. No puedo hablar de cifras negras, serán seguramente más pero éstas son las denuncias que tenemos y que podemos poner a disposición de los jaliscienses”.
Hay discrepancia en cifras. El ‪Centro de Justicia para‬ la Paz y el Desarrollo (CEPAD), parafraseando a nuestro Presidente López Obrador, tiene otras cifras muy diferente a las del Gobernador Alfaro. La investigadora Anna Karolina Chimiak, que forma parte de este organismo, advierte que la cifra de desaparecidos que presentó Alfaro no coincide con la información que se entrega vía Transparencia ni con la que se publica en el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparecidos (Sisovid).
El Gobernador Alfaro en el evento que se realizó precisamente hace una semana con familiares de víctimas, afirmó que existían 8 mil 173 desaparecidos en Jalisco, desde 1965 a la fecha. Pero CEPAD considera que hasta junio pasado la cifra llegó a 9 mil 162 personas desaparecidas y nada más con cálculos a partir del 2005.
SIETE DESAPARECIDOS DIARIOS
Lo que está tremendo es que cada día desaparecen un promedio de 7 personas en la entidad. En ese encuentro del Gobernador con familiares de víctimas dio a conocer que en los últimos diez meses de este año se han reportado ante su administración 4,104 desapariciones, cada mes son 410 personas, de las cuales 1,951 están pendientes de localizar, 2,153 personas fueron localizadas, de las cuales 1,920 fueron con vida y 233 sin vida.
Para tener más claro la magnitud de este crimen de lesa humanidad en la que el Estado ha mostrado su total inoperancia ante los grupos criminales que lo generan al convertirse en dueño de las vidas, recordemos que la dictadura militar en Chile durante el periodo de 1973 a 1990 en el que permaneció la Junta Militar al frente del gobierno del país andino fueron 3,065 los muertos y desaparecidos, lo que llevó a que se hiciera una campaña mundial de varios años para que se castigara a quienes lo hicieron.
Y aquí en menos de un año son 1,951 personas que no se han localizado y hay 233 sin vida que encontraron, o sea, qué descomposición tan enorme vivimos, es peor que la ley de la selva, un caos que debería llevar una alerta mundial…siete desaparecidos diarios.
LA ESTRATEGIA DE ALFARO
Para el gobernador es enorme el reto que enfrenta y lo acepta desde que reconoce el número de desaparecidos durante su gobierno, porque contra su costumbre de echarle la culpa a otros gobiernos, reconoce que en estos últimos diez meses son miles las personas que son buscadas por sus familiares y que corresponden a su administración.
Es un buen principio, que le ponga atención al problema. Ha hablado de trabajar en una Estrategia Integral para la Atención a Víctimas de Desaparecidos, que considera a corto plazo 3 leyes para atender el problema:
1. Ley para Personas Desaparecidas.
2. Ley para Declaración Especial de Ausencia por desaparición de personas.
3. Ley de Atención a Víctimas.
Habrá que revisar qué sigue de dar a conocer este “Estrategia Integral”, que por lo visto tendrá carácter transversal, esperemos que le de seguimiento y no lo deje en manos de sus asesores que han mostrado los pobres alcances que tienen para construir. Claro que el tema está muy complejo, ya que estamos en una especie de Ciudad Gótica, donde los malosos son los que mandan y los gobernantes prácticamente están borrados para que protejan nuestras vidas, conforme a la utopía que dio vida al Estado moderno y razón por la que le pegamos impuestos y le cedemos parte de nuestra libertad.
Rogamos a Dios que Alfaro se mete en este tema y esté al lado de las víctimas en los hechos más que en el discurso. De entrada es mi primera petición. Lo demás, ya lo abordaremos, porque el tema tenemos que empujarlo.

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