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Por Carlos Ramírez

La ofensiva cruzada de Morena y PAN sobre iniciativas para desaparición de poderes en estados macados por la violencia mostró una de las peores perversiones de la política: la manipulación de intereses que sólo complican más las crisis.
El PAN anunció su iniciativa de desaparición de poderes en Veracruz por el auge de la violencia delictiva en un estado que gobernó el PAN los dos últimos años y cuya gubernatura perdió en las urnas. Y Morena respondió con iniciativas de desaparición de poderes en Tamaulipas y Guanajuato –con gobernadores panistas– también por aumento de la inseguridad.
En este contexto, los intereses político-partidistas se pusieron por encima de los intereses de la sociedad víctima de la inseguridad. Y con ello se ha probado, una vez más, que la estrategia de seguridad es política y partidista y no, como debiera ser de origen, una política de Estado.
Los políticos y gobernantes suponen que la inseguridad es producto de las acciones de pillos callejeros que ven la oportunidad del delito. El problema, en realidad es complejo: abarca el origen de las bandas delictivas con la participación de fuerzas de seguridad y se puede llegar a lo que ve ahora: la sociedad como pieza clave del asentamiento territorial de la delincuencia en zonas de soberanía territorial del Estado.
Por lo demás, el proceso de desaparición de poderes requiere de un consenso de la autoridad; en el pasado fue fácil la aplicación de esa medida en tanto que los gobernantes destituidos eran del PRI y el PRI tenía el 85% del Congreso. Por tanto, el modelo de desaparición era un método de ajuste interno de cuentas en el priismo. Hoy, sin embargo, el PRI tiene la mitad de las gubernaturas y el PAN y Morena quieren destituir a dos gobernadores panistas y uno morenista.
Si los partidos se distraen con ajustes regionales de cuentas, la inseguridad seguirá creciendo. El día en que los partidos dediquen a la seguridad el esfuerzo que destinan a pelearse unos con otros, la seguridad podría ser, ahora sí, una política de Estado.
La responsabilidad de gobernadores en el aumento de la inseguridad en esas plazas no es cuestionable, pero la duda pregunta si ese dato es suficiente para destituir gobernantes. Es decir, que hace falta un diagnóstico nacional, regional, estatal y municipal del problema de la inseguridad, de su auge, de los grupos delictivos funcionando y de la incapacidad de las autoridades para ayudar a disminuir los delitos.
Y que también para la rendición de cuentas el papel que juega –o debiera jugar– la autoridad federal en la construcción articulada de fuerzas de seguridad en la república.

Ley de la Omertá
El seguimiento analítico de la delincuencia en todas sus formas no ha sido analizado en función de su impacto no sólo en la sociedad, en sus comportamientos, en sus expectativas y en su cotidianeidad, sino que tampoco se ha revisado su efecto en el sistema político. Por lo pronto, la inseguridad ha reorganizado algunos renglones del sistema político.
En 2014 el investigador John Bailey publicó el libro Crimen e impunidad. Las trampas de la seguridad en México (editorial Debate) con el propósito de indagar “la dinámica del crimen como motor principal de la policía mexicana actual”. La tesis de Bailey se centra en lo que llama “las trampas de la seguridad”, donde las estrategias públicas no resuelven la crisis de violencia, sino que la potencian.
La investigación de Bailey demuestra que las estrategias de seguridad de Calderón y del inicio del gobierno de Peña Nieto fue la elusión del tema fundamental: no fueron políticas de Estado, es decir, no involucraron a sectores, partidos y sociedad. El otro problema fue no definir con claridad el tipo de seguridad: ¿pública, humana, ciudadana?
Y la parte central: las estrategias de seguridad han sido improvisadas y aisladas, sin tener candados para evitar que las nuevas fueras de seguridad actúen por su cuenta o se corrompan. Y en el peor de los casos, prefieran pulular por la periferia de la delincuencia porque no basta con tener más policías y mantener los mismos corruptos sistemas de impartición de justicia y prisiones como sucursales del delito.
Bailey señala que los politólogos no han sabido enfocar la crisis de seguridad desde la perspectiva del sistema/régimen/Estado. De qué manera el comportamiento de cárteles, bandas y delincuentes afectan el funcionamiento del sistema en su versión social primaria: las comunidades. Hoy vemos, por ejemplo, que habitantes de zonas calientes del crimen organizado aparecen como escudos humanos de los delincuentes y son la primera línea de ataque contra las fuerzas de seguridad.
La forma en que organizaciones delictivas han sustituido al Estado en zonas territoriales ha sido el último aviso: la delincuencia no sólo produce delitos, sino que compite, ocupa y suple al Estado.  Bailey cita el estudio “construcción competitiva de un Estado” para mostrar que la delincuencia es una amenaza a la desarticulada democracia mexicana.

Zona Zero
·      La reapertura sin sentido político el expediente de la guerrilla de los sesenta y setenta reavivó los resentimientos sociales. Los derrotados de ayer por tomar las armas contra el poder hoy quieren disculpas. Pero el asunto es más complejo: ¿existe alguna corriente política que quisiera, fuera del EZLN, revivir la viabilidad de la lucha armada contra el régimen priísta superviviente?
·      El “homenaje” vía medallas y disculpas a la irracional Liga Comunista 23 de Septiembre podría llevar a suponer que pronto los delincuentes muertos o arrestados van a exigirle al Estado una disculpa por el uso de la fuerza en su contra. Y existen pequeños grupos radicales asumidos como guerrillas que quisieran el espacio político para pronunciarse de nuevo.
·      Sigue creciendo la delincuencia al menudeo. Y las autoridades no saben qué hacer.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

‪seguridadydefensa@gmail.com‬
www.seguridadydefensa.mx
@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Gobierno

Los incorruptibles

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Tiempo Nuevo:

Salvador Guerrero Chiprés
El esfuerzo de acreditadas organizaciones empresariales, de la sociedad civil y con el empuje del nuevo Gobierno en su declarado compromiso verificable respecto de la corrupción, hacen probable un avance histórico.
La autopercepción de amplios segmentos sociales, inclinados a creer que la corrupción es parte de la naturaleza latinoamericana y mexicana en particular, en contraste con los países anglosajones de la OCDE, es una variable vigente. La realidad de la descomposición estructural desde las instituciones y desde algunas empresas, la cual alcanzó un pico notorio en la administración federal previa, es otra.
La más importante, diferenciadora de la pasada administración, es la voluntad del Gobierno federal, concretado en una disposición de sanción. Un aspecto fundamental en el combate a la corrupción es la denuncia.
Sin embargo, 82.6% de la población a nivel nacional que sufrió algún acto de corrupción no denunció el delito, según datos del INEGI de 2017.
La misma encuesta revela que los principales motivos de la población para no denunciar los actos de corrupción se relacionan con la falta de confianza en las autoridades para atender el caso.
Nada nuevo hasta ahí. Pero cuando vemos los datos de Transparencia Internacional, encontramos que en México una de cada dos personas dieron un soborno en los últimos 12 meses. En otras palabras, hay una especie de muletilla retórica entre la ciudadanía que consiste en señalar o culpar al Gobierno de todos los males.
Hay que decirlo claramente: si la corrupción habitara solo de lado oficial de la ventanilla de cualquier trámite, ¿dónde está el uno de cada dos que ha dado un soborno?
La corrupción en trámites vehiculares, de educación pública, registro civil o de contacto con autoridades de seguridad es de siete mil millones de pesos. Este grave problema parece pequeño cuando la “mordida” es de cien pesos, pero se vuelve enorme al suceder cada día, cada hora, todo el tiempo.
En ese sentido, la visión y oportunidad con la cual Salvador Villalobos, presidente del Consejo de la Comunicación, convocó al foro por el Día Internacional Contra la Corrupción resulta de gran aporte.
Los ponentes no fueron solo teóricos de la transparencia, estuvieron presentes los protagonistas de la que el presidente López Obrador ha consolidado como su causa y legado: el fin de la corrupción.
Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, compartieron cómo han conseguido el bloqueo de mil 415 millones de pesos vinculados con presuntos actos de corrupción, lo cual involucra a 178 personas físicas y morales.
Desde lo público el compromiso es evidente a un grado que nunca antes se había presentado en nuestro país. La potencia se dará cuando cada uno de los ciudadanos replique ese principio en el que es motivo de orgullo ser incorruptible por encima de la falta de tiempo, la flojera o la facilidad del atajo que tanto nos daña.
@guerrerochipres

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Gabriel Torres Espinoza

Declararlos, ¿terroristas?

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Gabriel Torres Espinoza
Básicamente se trata de disponer de más poderes y recursos para atacar a los grupos criminales de México. El Departamento de Estado define una organización terrorista internacional, como una organización extranjera que comete “actos de terrorismo” y amenaza la seguridad de ciudadanosestadounidenses o la seguridad nacional de Estados Unidos. Por lo tanto, se eleva la prioridad del combate a estos grupos en la agenda internacional. 
El Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio se facultan para imponer sanciones económicas y comerciales a entidades públicas y privadas que colaboren, en todo el mundo, con grupos considerados como ‘terroristas’. Se ataca el sustento financiero de los grupos ‘terroristas’, mediante acciones extremas.
Son golpes al centro del poder económico de los grupos delincuenciales, mismos que no son recurribles. Esto llevaría al Departamento del Tesoro estadounidense a investigar a la banca privada y el gobierno mexicano, y sus relaciones directas o indirectas con todos los cárteles de la droga en México en materia de lavado de dinero. Ahora bien, ¿qué proceso debe seguir EEUU para ello? Las organizaciones terroristas extranjeras son designadas por el Secretario de Estado como ‘terroristas’, de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Organizaciones clasificadas de esta forma por el gobierno de Estados Unidos son el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Al Qaeda. La Oficina de Contraterrorismo monitorea las actividades de los grupos delictivos activos en todo el mundo para identificar posibles objetivos para su designación. Los criterios legales son que el grupo delictivo sea una organización extranjera, participe en actividades terroristas o tenga la intención de hacerlo y estas acciones representen una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, de acuerdo con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Las principales repercusiones al ser considerado como organización ‘terrorista’, son económicas. A partir de que se considera a una banda ‘terrorista’, se vuelve ilegal para cualquier persona proporcionar apoyo o recursos materiales a la agrupación. El apoyo o recursos materiales se definen como cualquier propiedad tangible o intangible, servicio, instrumentos monetarios, alojamiento, capacitación, asesoramiento o asistencia de expertos, documentación o identificación falsa, equipo de comunicaciones, instalaciones, armas, explosivos, personal y transporte. En síntesis. La declaratoria de ‘terroristas’ entraña que Estados Unidos utilizaría TODOS sus recursos para enfrentar y combatir a la organización ‘terrorista’; es decir, que alinearía sus agencias de inteligencia e investigación: Agencia de Inteligencia de Defensa; Agencia de Seguridad Nacional; el Pentágono; Oficina Nacional de Reconocimiento; Agencia de Reconocimiento, Vigilancia e Inteligencia de la Fuerza Aérea; y, la Agencia Central de Inteligencia; Departamento de Seguridad Nacional; Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigación: FBI.

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Gabriel Torres Espinoza

Gestión de Contenidos 4.0

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La Inteligencia Artificial forma parte de nuestra cotidianeidad. No es en absoluto un asunto de discusión propio de futurólogos o predictólogos. Por el contrario, sus más distintivos prodigios de la IA nos asisten la vida diaria: el reconocimiento inteligente de imágenes, es ya una realidad ordinaria en nuestros dispositivos móviles a través del desbloqueo facial’ instantáneo; el recuadro amarillo que aparece en una selfie’ es un ejemplo elocuente de ella, para focalizar y dotar de luz y contrastes un punto en particular de la imagen; la sugerencia de contenidos audiovisuales basados en nuestros hábitos de consumo en las plataformas Over The Top [Netflix, p.ej.], supuso un salto cuántico’ en la visualización de contenidos a partir de la IA. Todos los ejemplos anteriores, nos permiten concluir que la IA no sólo definirá el panorama digital de días venideros, sino que moldea ya nuestro presente.

El uso de potentes algoritmos basados el Big Data, ahora permiten a las más importantes Casas Productoras de Contenidos calcular la predictibilidad del éxito que habrá de tener con solo leer’ el guion. Al respecto, es importante señalar que el gigante de streaming, Netflix, antes de producir su famosa serie House of Cards, hizo uso de un algoritmo que informó a los productores cuál debía ser la cantidad ideal de capítulos de ésta y la duracióperfecta’ que debería tener cada uno. 

Por otro lado, en un contexto comunicacional determinado por la inmediatez de la información, los medios se han visto obligados a utilizar poderosos algoritmos para hacer frente a esta compleja y desafiante realidad, a efectos de redactar noticias a una velocidad inusitada, para permitir que el talento creativo periodístico se dedique al análisis crítico y comparado de la noticia. Como botón de muestra de este paradigma, vale la pena hacer cita del prestigioso diario francés Le Monde, que utilizó su algoritmo Syllabs’ para generar 150 mil notas periodísticas relacionadas con las pasadas elecciones locales del país galo.

Por si lo anterior fuera poco, la IA ha empezado a irrumpir en la política y en las democracias modernas. En 2018, el robot Michito Matsuda’ quedó en tercer lugar en la contienda por la alcaldía de la Ciudad de Tama, en Japón. Sus propuestas estaban basadas en su capacidad de analizar grandes cantidades de datos para hacer políticas públicas más eficientes y ser absolutamente incorruptible, lo que supone, sin lugar a dudas, una enorme ventaja frente a los candidatos humanos. Conviene preguntarse ¿Qué incursión y repercusión tendrá en las democracias, a la luz de que la paradigmática robot humanoide Sophia’ se ha convertido en la primer robot del Planeta con ciudadanía, otorgada en Arabia Saudita, país que irónicamente le concedió más derechos a un robot que a sus mujeres humanas?

Desde luego, la IA no ha estado exenta de acalorados debates con relación al contenido ético que debe asistirle, a efectos de maximizar sus beneficios y erradicar sus riesgos, estableciéndose en su aplicabilidad no robotizada, pero sí automatizada basada en algoritmos, los principios de justicia, no discriminación, garantía de igualdad, responsabilidad, transparencia y ética

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