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Óscar Ábrego
Desde la ciudad de México, en especial desde Palacio Nacional y el Senado de la República, se han confabulado varios actores del poder público para ejercer el control de Morena y la Delegación Federal en la entidad. Es decir, los conflictos de este partido en  Jalisco tienen nombres y apellidos.
Por un lado, la injerencia que aún mantiene el senador suplente, Alejandro Peña, en diversas expresiones de la entidad, no solo ha contribuido a la confusión entre los morenistas, sino que además ha provocado la división y el encono. Y es que desde su rol como enlace del Movimiento de Regeneración Nacional en la pasada elección, no logró ser factor de unidad, por el contrario, ajeno a las formas en que se procesan las decisiones en esta tierra, lo que generó fue una tremenda frustración colectiva.
Aliado en su momento de Carlos Lomelí, este legislador ahora lo combate bajo el manto protector de Gabriel García Hernández, Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo. Nada menos el sábado 14 de septiembre, operó con intensidad el encuentro de Bertha Luján –aspirante a dirigir Morena- con militantes y simpatizantes. Lo extraño del caso es que mientras él giraba las instrucciones sobre el citado acto, decenas de lopezobradoristas jaliscienses,condicionaron su asistencia exigiendo que no se apersonara en el evento. De ello da cuenta el equipo organizador.
Si bien no fue un fracaso, lo cierto es que se tuvo que bloquear un buen espacio del salón que se reservó en el Hotel Hilton debido a que la afluencia fue menor a la contemplada. También -debo decirlo- algunos de los que estuvieron presentes me confiaron que Bertha Elena Luján Uranga no entusiasmó a la concurrencia como se esperaba, cosa no menor si hablamos de que se trata de quien aspira dirigir los destinos del instituto político que le dio la victoria a López Obrador.
El quid del asunto, es que García y Peña tienen el propósito de evitar a toda costa la continuidad de Yeidckol Polevnsky–amiga personal de Lomelí Bolaños- y así, entre otros objetivos, apoderarse del partido en nuestra localidad. 
Por otra parte, los dos Alfonso, Romo y Durazo, le han hecho mucho daño al proyecto de Andrés Manuel en Jalisco. El primero, jefe de la oficina de la Presidencia, no ha hecho otra cosa más que fomentar la creencia de que en el Estado solo existe un grupúsculo de empresarios que merecen atención. 
Lo que parece desconocer Romo Garza, es que en estas tierras el 96 por ciento de la planta productiva nada tiene que ver con los cuates a los que les hace la chamba. Así pues, resulta en extremo elitista y discriminatoria su postura de frente al desarrollo económico de una de las entidades que más aporta al PIB nacional.
De Alfonso Durazo Montaño no sólo tendremos que reclamar sus muy escasos resultados en materia de combate a la delincuencia, sino que además debemos recriminarle que su alianza –más política que institucional- con el gobernador de aquí, sólo abona a la consolidación a una supuesta estrategia de seguridad que no tiene pies ni cabeza. A unos días de que se presente el plan de la Policía Metropolitana, que él vino a elogiar y validar, sabemos que es la adaptación de un guion mal hecho que lejos de llevar paz a la población, lo único que propiciará es complicar aún más la funcionalidad de los cuerpos policíacos conurbados.
Dicho lo anterior, vale la pena señalar que el común denominador de los personajes mencionados es la búsqueda por satisfacer sus apetitos de poder. Pretenden, en menor o mayor medida, meter la mano desde la capital del país en los asuntos relativos al partido y a la delegación federal en nuestro Estado.
Vamos, es la vieja práctica del PRI, en tiempos de Morena.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Gobierno

Los incorruptibles

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Salvador Guerrero Chiprés
El esfuerzo de acreditadas organizaciones empresariales, de la sociedad civil y con el empuje del nuevo Gobierno en su declarado compromiso verificable respecto de la corrupción, hacen probable un avance histórico.
La autopercepción de amplios segmentos sociales, inclinados a creer que la corrupción es parte de la naturaleza latinoamericana y mexicana en particular, en contraste con los países anglosajones de la OCDE, es una variable vigente. La realidad de la descomposición estructural desde las instituciones y desde algunas empresas, la cual alcanzó un pico notorio en la administración federal previa, es otra.
La más importante, diferenciadora de la pasada administración, es la voluntad del Gobierno federal, concretado en una disposición de sanción. Un aspecto fundamental en el combate a la corrupción es la denuncia.
Sin embargo, 82.6% de la población a nivel nacional que sufrió algún acto de corrupción no denunció el delito, según datos del INEGI de 2017.
La misma encuesta revela que los principales motivos de la población para no denunciar los actos de corrupción se relacionan con la falta de confianza en las autoridades para atender el caso.
Nada nuevo hasta ahí. Pero cuando vemos los datos de Transparencia Internacional, encontramos que en México una de cada dos personas dieron un soborno en los últimos 12 meses. En otras palabras, hay una especie de muletilla retórica entre la ciudadanía que consiste en señalar o culpar al Gobierno de todos los males.
Hay que decirlo claramente: si la corrupción habitara solo de lado oficial de la ventanilla de cualquier trámite, ¿dónde está el uno de cada dos que ha dado un soborno?
La corrupción en trámites vehiculares, de educación pública, registro civil o de contacto con autoridades de seguridad es de siete mil millones de pesos. Este grave problema parece pequeño cuando la “mordida” es de cien pesos, pero se vuelve enorme al suceder cada día, cada hora, todo el tiempo.
En ese sentido, la visión y oportunidad con la cual Salvador Villalobos, presidente del Consejo de la Comunicación, convocó al foro por el Día Internacional Contra la Corrupción resulta de gran aporte.
Los ponentes no fueron solo teóricos de la transparencia, estuvieron presentes los protagonistas de la que el presidente López Obrador ha consolidado como su causa y legado: el fin de la corrupción.
Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, compartieron cómo han conseguido el bloqueo de mil 415 millones de pesos vinculados con presuntos actos de corrupción, lo cual involucra a 178 personas físicas y morales.
Desde lo público el compromiso es evidente a un grado que nunca antes se había presentado en nuestro país. La potencia se dará cuando cada uno de los ciudadanos replique ese principio en el que es motivo de orgullo ser incorruptible por encima de la falta de tiempo, la flojera o la facilidad del atajo que tanto nos daña.
@guerrerochipres

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Gabriel Torres Espinoza

Declararlos, ¿terroristas?

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Gabriel Torres Espinoza
Básicamente se trata de disponer de más poderes y recursos para atacar a los grupos criminales de México. El Departamento de Estado define una organización terrorista internacional, como una organización extranjera que comete “actos de terrorismo” y amenaza la seguridad de ciudadanosestadounidenses o la seguridad nacional de Estados Unidos. Por lo tanto, se eleva la prioridad del combate a estos grupos en la agenda internacional. 
El Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio se facultan para imponer sanciones económicas y comerciales a entidades públicas y privadas que colaboren, en todo el mundo, con grupos considerados como ‘terroristas’. Se ataca el sustento financiero de los grupos ‘terroristas’, mediante acciones extremas.
Son golpes al centro del poder económico de los grupos delincuenciales, mismos que no son recurribles. Esto llevaría al Departamento del Tesoro estadounidense a investigar a la banca privada y el gobierno mexicano, y sus relaciones directas o indirectas con todos los cárteles de la droga en México en materia de lavado de dinero. Ahora bien, ¿qué proceso debe seguir EEUU para ello? Las organizaciones terroristas extranjeras son designadas por el Secretario de Estado como ‘terroristas’, de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Organizaciones clasificadas de esta forma por el gobierno de Estados Unidos son el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Al Qaeda. La Oficina de Contraterrorismo monitorea las actividades de los grupos delictivos activos en todo el mundo para identificar posibles objetivos para su designación. Los criterios legales son que el grupo delictivo sea una organización extranjera, participe en actividades terroristas o tenga la intención de hacerlo y estas acciones representen una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, de acuerdo con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Las principales repercusiones al ser considerado como organización ‘terrorista’, son económicas. A partir de que se considera a una banda ‘terrorista’, se vuelve ilegal para cualquier persona proporcionar apoyo o recursos materiales a la agrupación. El apoyo o recursos materiales se definen como cualquier propiedad tangible o intangible, servicio, instrumentos monetarios, alojamiento, capacitación, asesoramiento o asistencia de expertos, documentación o identificación falsa, equipo de comunicaciones, instalaciones, armas, explosivos, personal y transporte. En síntesis. La declaratoria de ‘terroristas’ entraña que Estados Unidos utilizaría TODOS sus recursos para enfrentar y combatir a la organización ‘terrorista’; es decir, que alinearía sus agencias de inteligencia e investigación: Agencia de Inteligencia de Defensa; Agencia de Seguridad Nacional; el Pentágono; Oficina Nacional de Reconocimiento; Agencia de Reconocimiento, Vigilancia e Inteligencia de la Fuerza Aérea; y, la Agencia Central de Inteligencia; Departamento de Seguridad Nacional; Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigación: FBI.

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Gabriel Torres Espinoza

Gestión de Contenidos 4.0

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La Inteligencia Artificial forma parte de nuestra cotidianeidad. No es en absoluto un asunto de discusión propio de futurólogos o predictólogos. Por el contrario, sus más distintivos prodigios de la IA nos asisten la vida diaria: el reconocimiento inteligente de imágenes, es ya una realidad ordinaria en nuestros dispositivos móviles a través del desbloqueo facial’ instantáneo; el recuadro amarillo que aparece en una selfie’ es un ejemplo elocuente de ella, para focalizar y dotar de luz y contrastes un punto en particular de la imagen; la sugerencia de contenidos audiovisuales basados en nuestros hábitos de consumo en las plataformas Over The Top [Netflix, p.ej.], supuso un salto cuántico’ en la visualización de contenidos a partir de la IA. Todos los ejemplos anteriores, nos permiten concluir que la IA no sólo definirá el panorama digital de días venideros, sino que moldea ya nuestro presente.

El uso de potentes algoritmos basados el Big Data, ahora permiten a las más importantes Casas Productoras de Contenidos calcular la predictibilidad del éxito que habrá de tener con solo leer’ el guion. Al respecto, es importante señalar que el gigante de streaming, Netflix, antes de producir su famosa serie House of Cards, hizo uso de un algoritmo que informó a los productores cuál debía ser la cantidad ideal de capítulos de ésta y la duracióperfecta’ que debería tener cada uno. 

Por otro lado, en un contexto comunicacional determinado por la inmediatez de la información, los medios se han visto obligados a utilizar poderosos algoritmos para hacer frente a esta compleja y desafiante realidad, a efectos de redactar noticias a una velocidad inusitada, para permitir que el talento creativo periodístico se dedique al análisis crítico y comparado de la noticia. Como botón de muestra de este paradigma, vale la pena hacer cita del prestigioso diario francés Le Monde, que utilizó su algoritmo Syllabs’ para generar 150 mil notas periodísticas relacionadas con las pasadas elecciones locales del país galo.

Por si lo anterior fuera poco, la IA ha empezado a irrumpir en la política y en las democracias modernas. En 2018, el robot Michito Matsuda’ quedó en tercer lugar en la contienda por la alcaldía de la Ciudad de Tama, en Japón. Sus propuestas estaban basadas en su capacidad de analizar grandes cantidades de datos para hacer políticas públicas más eficientes y ser absolutamente incorruptible, lo que supone, sin lugar a dudas, una enorme ventaja frente a los candidatos humanos. Conviene preguntarse ¿Qué incursión y repercusión tendrá en las democracias, a la luz de que la paradigmática robot humanoide Sophia’ se ha convertido en la primer robot del Planeta con ciudadanía, otorgada en Arabia Saudita, país que irónicamente le concedió más derechos a un robot que a sus mujeres humanas?

Desde luego, la IA no ha estado exenta de acalorados debates con relación al contenido ético que debe asistirle, a efectos de maximizar sus beneficios y erradicar sus riesgos, estableciéndose en su aplicabilidad no robotizada, pero sí automatizada basada en algoritmos, los principios de justicia, no discriminación, garantía de igualdad, responsabilidad, transparencia y ética

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