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Indicador Político

Benito Juárez y la invocación al pueblo son un coctel políticamente peligroso. La fascinación del presidente electo López Obrador por el Benemérito no puede ocultar la intentona del oaxaqueño en 1867 para instaurar la dictadura presidencial… clamando al pueblo.
Luego de haber provocado dos solicitudes legislativas de renuncia por su afianzamiento al poder y de haber vencido y fusilado a Maximiliano, Juárez reestableció los poderes federales en Ciudad de México en 1867 y convocó a nuevas elecciones ante las presiones en su contra por carecer de legitimidad electoral. Con astucia, Juárez injertó en la convocatoria electoral un plebiscito simultáneo para reconfigurar el Estado y su sistema semiparlamentario y crear un sistema presidencialista absolutista.
Siempre en nombre del pueblo, Juárez se saltó el procedimiento de reforma constitucional que debía pasar por el congreso y se lanzó a apelar por el apoyo directo del pueblo, porque “con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada”. La propuesta de Juárez quería liquidar el dominio del legislativo que nació con las diputaciones provinciales en la Constitución de Cádiz de 1812 y mantenidas por las constituciones federales de 1824 y 1857.
La trampa de Juárez fue apelar al pueblo y darle la vuelta al Congreso en materia de reformas constitucionales; las principales reformas incluidas en el plebiscito fueron: reformar o adicionar la Constitución desde el ejecutivo, restablecimiento del Senado como contrapeso a los diputados, derecho de veto del presidente y entrega del informe por escrito y disminuir el poder de la comisión permanente. El sistema político juarista pasaría del predominio legislativo como estructura de control del ejecutivo a un presidencialismo absolutista.
La clave de la iniciativa de Juárez consistía en consultar directamente al pueblo sobre reformas constitucionales, cuando la propia Constitución de 1857 contenía procedimientos estrictos. De manera mañosa, Juárez quiso esconder su propuesta de presidencialismo absolutista en una convocatoria electoral que tenía casi ganada por su papel de héroe civil en contra del invasor francés y por encima del héroe militar Porfirio Díaz que también quería ser presidente. Al votar por el héroe civil, el pueblo tendría que votar a favor de reformas escondidas en la convocatoria electoral.
Ahí se exhibió el Juárez del poder centralizado en la presidencia. Pero en lugar de respetar a un Congreso como representante de la soberanía popular y único reformador de la Constitución por mandato de la propia Carta magna, Juárez trasladó ilegalmente al pueblo vía un plebiscito el poder reformador constitucional. Cuando el plebiscito reformador amañado fue apabullado por legisladores, prensa liberal y sobre todo gobernadores, Juárez dijo que “el gobierno ha obrado de buena fe” y que su intención había sido que “el pueblo decida”.
La derrota de Juárez en su lucha por el presidencialismo absolutista se completó el 8 de diciembre de 1857 cuando se vio obligado a regresarle al congreso las facultades extraordinarias que había solicitado en 1861 para gobernar sinlegislativo con el argumento de que se trataba un gobierno sin sede física por las guerras civiles. “Si en el uso de ellas (las facultades extraordinarias) he cometido errores, os pido vuestra indulgencia, en el concepto de que en todos mis actos no he tenido más móvil que el interés nacional y la salvación de nuestra querida patria”.
A partir de este ejemplo de Juárez, el presidente López Obrador ha invocado al pueblo y no a las instituciones en reformas que revierten los controles políticos y legales al absolutismo presidencial priísta que se nutrió de los ejemplos de Antonio López de Santa Anna, Juárez y Díaz. El modelo de las consultas lopezobradoristas responden más al modelo Juárez de 1867 que a la democracia participativa moderna: saltarse los procedimientos legales, por ejemplo, en el caso del aeropuerto; y viene un asunto que tiene que ver directamente con Juárez: la revocación del mandato a mediados de sexenio, no para evaluar resultados presidenciales, sino para poner al presidente de la república en la boleta electoral y volver a someter al legislativo a la figura dominante del ejecutivo.
La invocación de López Obrador a Juárez notiene que ver con el héroe que derrotó al conservadurismo, la iglesia y el invasor, sino con el que construyó el presidencialismo absolutista y redentor a partir del modelo de Santa Anna de que el poder real estuviera en un solo hombre.
Política para dummies: Parafraseando a los historiadores, la política es el conocimiento de la historia para no cometer los mismos errores.
@carlosramirezh
Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Carlos Ramírez

Evo: Ebrard aplicó la doctrina Castañeda-Fox y no la Estrada

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Si México ha logrado un reconocimiento mundial por su política de asilo, el autorrenunciado presidente boliviano Evo Morales Ayma está violando las condiciones estrictas de su permanencia humanitaria en México haciendo política con efectos desestabilizadoras no sólo en Bolivia, sino en México.
El propio canciller mexicano Marceo Ebrard Casaubón, que fue en 1994-1995 subsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Salinas de Gortari, también se ha salido de la doctrina tradicional de política exterior fijada como Doctrina Estrada que durante decenios le dio madurez política a la diplomacia en cumplimiento del mandato constitucional –fracción X del 89 constitucional– de respetar “la autodeterminación de los pueblos” y “la no intervención” en asuntos de otras naciones.
Junto al asilo al presidente autorrenunciado Morales, el canciller Ebrard ha calificado de manera negativa la crisis en Bolivia, ha acusado a las autoridades actuales en ese país andino y está haciendo campaña por Morales que implica una intervención en los asuntos internos de Bolivia.
Aunque no es ley, la Doctrina Estrada del canciller Genaro ‪Estrada en 1930‬ sí ha definido la diplomacia mexicana en el sentido de que “México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos”.
Por tanto, la política exterior de México asumió con Estrada el concepto doctrinario de limitarse a “mantener o retirar” a sus agentes diplomáticos, sin calificar crisis de gobiernos. La explicación de esta doctrina es, inclusive, defensiva: México respeta el funcionamiento político de otras naciones, a fin de que esas otras naciones no califiquen el funcionamiento político y de gobierno de México.
La decisión de Ebrard de permitir que el autorrenunciado presidente boliviano Morales se mueva en México como rock star haciendo política se basa en la Doctrina Castañeda que definió Jorge G. Castañeda como canciller del gobierno panista de Vicente Fox en septiembre de 2001, a raíz del apoyo de México a la decisión del presidente Bush de atacar Irak por los ataques del 9/11.
Pero hay una diferencia entre una política exterior activa basada en principios de estabilidad, convivencia y reconocimiento a valores democráticos y una diplomacia convenenciera a los criterios del gobierno en turno. El derecho de asilo permitió a México proteger lo mismo al comunista Leon Trotsky que al Sha de Irán derrocado por la revolución islámica y a los republicanos que huyeron de la guerra civil española. Asimismo, muchos radicales latinoamericanos perseguidos por las dictaduras militares latinoamericanas encontraron asilo en México y contribuyeron a enriquecer el pensamiento político regional. Pero ninguno de ellos usó a México como plataforma para atacar a los países de donde salieron expulsados.
Lo que ha causado malestar en México ha sido el activismo del autorrenunciado presidente Morales y su falta de valor para quedarse en su país luchando por sus ideales. En los hechos, el asilo es incuestionable, aunque las autoridades migratorias de Gobernación debieran obligar a Morales a guardar compostura en México y evitar declaraciones que están embarcando a México a oponerse a los mecanismos locales para resolver la crisis que dejó Morales cuando salió huyendo de Bolivia al poner su vida por encima de sus ideales y sus compromisos jurados como presidente en funciones hasta enero de 2020.
Y el problema colateral para México será aguantar las reacciones no frontales de la comunidad diplomática de policía exterior y de seguridad nacional de los EE. UU. donde la autorrenuncia de Morales formaba parte de sus planes de reacomodo de los equilibrios políticos regionales. En los hechos, México ha quedado alineado al frente antiestadunidense populista de América Latina, aunque también en los hechos el presidente López Obrador no comulgué y ha marcado su distancia con los populismos de Argentina, el chavismo venezolano y el que representa Morales.

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Sinaloa y el PRI. En medio de tensiones entre la presidencia y los gobiernos estatales, las encuestas están revelando los posicionamientos de gobernadores. Y entre todos los priístas desacata, cuando menos en dos encuestas, México Elige y Consulta Mitofsky, el de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, sólo con el panista de Yucatán en primer sitio. El sinaloense logró 60% en México Elige y 59.3% en Consulta. De los morenistas aparece la regenta Claudia Sheinbaum en lugar 20. Y hasta ahora Ordaz Coppel sólo ha hecho política local.
Política para dummies: La política esta llena de pretextos, justificaciones y no-verdades.

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Carlos Ramírez

Chile y Bolivia: lectura estratégica y política

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Aunque buena parte de los países de Iberoamérica se encuentra en zona de movilización social por razones políticas, los casos extremos hoy son Chile y Bolivia. Y aunque cada uno tiene razones diferentes, el punto de interés se localiza en la rebelión de las masas.

La semana pasada Luis María Anson recordaba una frase de La rebelión de las masasde José Ortega y Gasset, un filósofo cada día más contemporáneo: la irrupción de la muchedumbre a la realidad, cuando “no hay protagonistas: sólo hay coro”. La polarización de posiciones entre radicales y moderados, para evitar la de revolucionarios y reaccionaros, impide. Encontrar lo que Ortega llamaba el “claro en el bosque” permitirá tener un principio de entendimiento sobre lo que ocurre en Iberoamérica.

En Chile salieron por cientos de miles a protestar por el alza en precios en transportes y no hace mucho hubo protestas exigiendo educación gratuita y de calidad. El gobierno conservador de Sebastián Piñera aplicó un ajuste macroeconómico a las finanzas públicas disminuyendo subsidios a servicios populares. Se trataba de una crisis clásica de política económica de mercado: trasladar a los consumidores los costos del funcionamiento de los servicios públicos, en lugar de buscar un ajuste en los ingresos. Las protestas podrían derrocar al presidente Sebastián Piñera que ganó las elecciones de noviembre de 2017 con el 54,6% en segunda vuelta, contra el 45.4% para el candidato de la coalición de izquierda.

En Bolivia el pueblo salió a las calles a protestar contra la elección presidencial para una tercera reelección de Evo Morales y por denuncias de irregularidades electorales: el conteo de votos se suspendió varias horas y al reanudarse se le dio a Morales una ventaja de 10 puntos sobare el candidato conservador y con ello se proclamó la victoria de Evo. Grupos conservadores potenciaron las protestas en las calles y la violencia se salió de control. Luego de varios días de choques, el ejército pidió la renuncia del presidente (termina en enero de 2020 su periodo), Morales la entregó y solicito asilo político en México. En febrero de 2016 Morales pidió un plebiscito para violar la Constitución y reelegirse, pero en las urnas perdió: 51.3% dijo no a la reelección. Con la complicidad del Tribunal Electoral Evo Morales desobedeció el plebiscito legal y se presentó a elecciones, en las que sacó el 47% de votos, pero 10 puntos sobre el segundo lugar, Las protestas fueron contra el conteo electoral que acreditó de irregular una Comisión de la OEA.

Los dos casos exhiben las limitaciones de las democracias constitucionales en Iberoamérica y la solución de conflictos con movilizaciones en las calles. Y Chile y Bolivia muestran los dos extremos ideológicos: un gobernante de derecha en Chile y un gobernante de izquierda en Bolivia. Los dos llegaron por las urnas, pero sus seguidores y opositores resuelven controversias en las calles con expresiones de violencia. En este sentido, las democracias iberoamericanas siguen siendo frágiles, con instancias institucionales insuficientes y con sociedades acostumbradas a resolver sus demandas con muchedumbres fuera de control.

Iberoamérica padece una enfermedad de las democracias limitadas: la ingobernabilidad huntingtoniana, cuando las ofertas de modernización institucional son más lentas y reducidas que la dinámica de las exigencias sociales de cambios. Los países que han logrado controlar a sus sociedades con gobiernos autoritarios han permanecido en el poder, pero a costa del desprestigio de sus gobiernos: Cuba y Nicaragua; otros han utilizado el mecanismo estabilizador del péndulo, oscilando entre gobiernos progresistas y gobiernos conservadores.

El signo de los gobiernos iberoamericanos ha sido el de la inestabilidad. De todos, cuando menos Uruguay y Paraguay encontraron acomodo y estabilidad en el sistema pendular. Pero llego la izquierda excluyente en los sesenta a romper los equilibrios y el modelo Cuba de justificación ideológica y no de resultados es el que predomina. Evo Morales se queja diciendo que lo derrocaron por indígena y por amar al pueblo, sin reconocer sus trampas electorales y sobre todo su violación del plebiscito que le negó la reelección. El Tribunal Electoral en 2016 –el mismo que avaló el fraudé de las pasadas elecciones– dijo que negarle la participación electoral era una violación a sus derechos humanos.

Iberoamérica ha sustituido la democracia de los derechos por la fuerza de las bayonetas y la ideología social. De manera estricta, en Bolivia no hubo un golpe de Estado; los militares que fueron convocados por Morales a reprimir las protestas dijeron que no y le sugirieron al presidente que renunciara. No ha habido junta de gobierno, ni disolución del parlamento, ni ilegalización de partidos. Habrá un presidente interino que convocará a nuevas elecciones, mientras Morales se encuentra ya en México protegido por asilo político.

En esa vertiente de lo real-maravilloso de la realidad que aportó Iberoamérica a la literatura del boom de los sesenta, presidentes derrocados pueden regresar al poder: Perón, por ejemplo; y en Bolivia, el general Hugo Banzer: dio golpe de Estado en 1971, se quedó en el poder hasta 1978 en que fue derrocado, hizo su partido y regresó al gobierno por la vía electoral en 1997 y murió de cáncer sin terminar su periodo.

La inestabilidad política y los golpes de Estado cruentos o pacíficos seguirán interrumpiendo la vida institucional hasta que no existan leyes respetadas y canales institucionales de acceso al poder, y a nivel histórico están los dos golpes de los dos 18 brumario de dos Napoleón. Pero en Iberoamérica sólo hay golpes de Estado en la lógica de los intereses de los EE. UU. Al menos hasta que no maduren las democracias constitucionales sólidas.

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Carlos Ramírez

UNAM: burla de Graue y engaño de Junta de Gobierno causan protestas

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Carlos Ramírez
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La reelección del rector Enrique Graue Wiechers ha comenzado a desestabilizar la UNAM y ha causado molestias en los dos candidatos registrados por la decisión de la Junta de Gobierno asumida en Palacio Nacional. El proceso de designación de rector fue una farsa que lastimó a dos áreas importantes de la Universidad: la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
La nominación de Graue para un segundo periodo fue un tongo para disfrazar un proceso institucional manejado antes en el PRI y ahora en Morena. De nueva cuenta, los candidatos registrados de buena fe y la comunidad universitaria fueron defraudados por un esquema autoritario que ha convertido a la UNAM en un área paraestatal.
Graue ganó por un pacto Morena-PRI-mafia de exrectores. El programa de trabajo de Graue para inscribirse como candidato a la reelección fue el mismo que presentó hace cuatro años; es decir, se comprometió a realizar reformas que antes no pudo, no quiso o simplemente las enumeró como parte de su demagogia.
Desde 1999, con el arribo de Juan Ramón de la Fuente Ramírez a la rectoría procedente del gabinete presidencial de Zedillo y de su fracaso como precandidato presidencial priísta, la UNAM reconfirmó su dependencia absoluta del poder presidencial central y del partido en el poder: lo mismo con el PRI y el PAN y ahora con Morena.
Más que un rector, la UNAM ha necesitado desde el 68 a un administrador de intereses y un regulador de conflictos. Por sí misma, la autoridad legal del rector le impide ejercer un gobierno interno y su tarea es distribuir los recursos entre los grupos de interés que han desarticulado el funcionamiento académico, primero, y educativo, después.
Desde el rectorado sustituto de Guillermo Soberón por la decisión presidencial en 1973 de derrocar a Pablo González Casanova, los rectores de la UNAM han salido del gabinete presidencial o del PRI o han salido para ocupar posiciones de poder en el gobierno o en el partido en el poder. Existió el caso extremo de José Narro Robles, quien salió del PRI y del segundo nivel del gabinete presidencial para ir a la rectoría dos periodos, luego regresar al gabinete presidencial de Peña Nieto y competir como priísta por la candidatura presidencial del 2018 aceptando las humillaciones de Peña Nieto porque ya había decidido por José Antonio Meade Kuribreña y toda la competencia interna fue una pantomima.
Pero la UNAM es una bomba de tiempo de contradicciones y disputas por el poder. A los grupos estudiantiles y académicos se han agregado ya bandas delictivas que tienen el control de pasillos y jardines para la distribución de drogas y de grupos clandestinos violentos y armados que han abierto refugios para radicales anarquistas. En sus primeros cuatro años Graue no ha hecho sino lo que sus antecesores: congeniar con grupos de interés extrauniversitario y distribuir beneficios económicos y áreas de actividades clandestinas.
Desde el intento del rector Jorge Carpizo MacGregor de subir las cuotas a niveles aceptables que ayudaran a financiar a la Universidad, ningún rector ni ningún presidente de la república se ha atrevido a entrarle a la reforma estructural de la UNAM. El gigantismo, el deterioro salarial por el control presupuestal sindical, los grupos académicos que dominan las decisiones, la dependencia del rector de las decisiones presidenciales y la pérdida de influencia académica de la UNAM en la realidad nacional han convertido a la Universidad en una oficina de control estudiantil.
El gran desafío que presentó la pantomima de la reelección del rector obliga a Graue a cuando menos hacer un intento por plantear la reforma de la UNAM y a propiciar la multiplicación de universidades públicas que le quiten el dominio presupuestal y académico. Pero, sobre todo, la UNAM necesita un rector que ponga orden y autoridad en una rectoría que se dedica solo a redistribuir el poder entre grupos de interés universitario y extrauniversitario.
Sin embargo, desde ahora se sabe: Graue no es el rector para una tarea de esa envergadura y sólo administrará la crisis.

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CNDH, estreno. La nueva presidenta de la comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, tuvo un estreno previsible: la exhibición del desconocimiento de sus funciones y la falta de información sobre la crisis de derechos humanos en el sector específico de los periodistas. El problema es que los periodistas y activistas de derechos humanos hostigados y asesinados son esas “víctimas” que la nueva funcionaria dijo representar. Mal empieza quien no sabe qué ocurre en las tareas asignadas contra viento y marea.
Política para dummies: La política es la habilidad de tomar decisiones engañosas, pero que pasen como veraces.

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