Por Óscar Ábrego.
Designado como delegado provisional en Jalisco, Armando Zazueta Hernández, se encuentra en aprietos. No sólo por su pobre capacidad ejecutiva al frente de la dependencia federal más importante en la entidad, sino porque al haber quedado en evidencia su misión verdadera, es muy probable que vea sus últimos días como ejecutor de un plan desestabilizador orquestado desde la oficina de Gabriel García Hernández, Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo.
Más conocido por su ausencia que por los resultados, Zazueta Hernández tenía una encomienda basada en dos instrucciones específicas: la primera, comprar voluntades incondicionales en favor del senador suplente en funciones, Alejandro Peña Villa, haciendo uso de la nómina, con el propósito de incidir en la designación de delegados y así controlar a Morena en el Estado. Y segunda, garantizar el monopolio del padrón de militantes a fin de imponer en la presidencia local de su partido a Juan Barajas Godínez, e impulsar la aspiración nacional de Bertha Luján Uranga.
Lamentablemente para esta conspiración, Andrés Manuel López Obrador tomó cartas en el asunto y ayer envío un memorándum a todos los servidores públicos, mediante el cual les solicita abstenerse por completo de actuar en asuntos partidistas, porque de lo contrario serán sancionados y deberán renunciar a su cargo.
En dicho documento -difundido en redes sociales- les recordó que el fraude electoral está tipificado como delito grave y les pidió no incurrir en injerencias y uso de recursos públicos como lo enfrentaron en el pasado como oposición al gobierno.
“De modo que nosotros, por ningún motivo podemos actuar de la misma manera. No es congruente, moral, ni legal mantener estas deleznables prácticas políticas. Nada de partido de Estado”, les advirtió.
Y agregó: “tengo el deber de comunicarles que se les pedirá la renuncia al cargo a quienes lleven a cabo cualquier práctica antidemocrática”.
Al término del escrito, el mandatario les recuerda: “el fraude electoral, por iniciativa nuestra, ya está tipificado en la Constitución como delito grave. Estoy seguro que todos sabemos actuar con rectitud y dignidad”.
Así pues, al escurridizo funcionario de la federación se le complicaron las cosas. Mientras que por un lado su tarea primordial –operar la confabulación- concluyó, por otra parte ahora se verá obligado a salir de su escondite para dar cuentas a la sociedad sobre el uso y destino de los recursos públicos que ha ejercido desde su llegada y del presupuesto que aún tiene a su disposición.
Sin duda alguna, la instrucción de Andrés Manuel significa un golpe muy fuerte a quienes desde el sótano de las conjuras y las insidias, buscaban apropiarse de Morena en Jalisco.