Por Alberto Jiménez Martínez
La incipiente administración municipal tapatía, ya es objeto de críticas fundadas y dudas razonables, por la “amañada” licitación para el arrendamiento de 290 camionetas doble cabina V6, equipadas para seguridad.
Un Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa ordenó la suspensión de la licitación y los funcionarios municipales hicieron caso omiso de la misma, amparándose en un oficio, a todas luces apócrifo, de la Sala Superior de ese tribunal.
Desacataron la suspensión y continuaron con el proceso de adjudicación, para beneficiar a una empresa que es proveedora en Zapopan, que “trabajó” con Pablo Lemus durante sus 6 años de municipe allá.
Lo sorprendente del caso es que al conocerse la cantidad contratada, resulta que cada patrulla que no está blindada, tendrá un costo de $2’731,000.00 cada una. Ni en Europa tienen esas patrullas.
Aún hay camino por andar en este atraco al erario tapatío.
Empresarios afectados ya promovieron un amparo y otras acciones jurídicas.
Por su parte, los abogados de Pablo, comenzaron a querer componer el expediente que “inventaron” en diciembre.
De no corregir Pablo, las consecuencias legales y políticas serán graves.
