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Latitud Salvador Guerrero Chiprés

Derechos y dignidad en reclusorios

Salvador Guerrero Chiprés

La existencia de una determinación histórica transformativa puede alcanzar incluso a los espacios que la sociedad, desde el prejuicio y la norma, considera “rincones”. 

En este replanteamiento, dos factores son centrales: la revisión del estatus de las personas privadas de la libertad (PPLs) y el fortalecimiento del sistema de reinserción social. 

Las y los PPLs son ciudadanos y no lo son: algunos de sus derechos se limitan, como el referido a la propia libertad o al de elección, pero persisten sus derechos humanos. 

En el tema, el gobierno federal contrasta con el régimen anterior que dejó fuera del debate público situaciones como la revisión de expedientes que no cumplen con la justicia penal. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio la pauta al anunciar una norma para liberar a internos que no hayan cometido delitos graves, que lleven 10 años presos y sin sentencia, adultos mayores de 75 años o mayores de 65 con enfermedades crónicas, así como aquellos que hayan sido torturados. 

La regulación presentada a nivel federal requiere, para que el impacto benéfico sea mayor, su aplicación en el plano estatal. Al menos 18 gobiernos locales ya se sumaron a la medida. 

Datos de la Secretaría de Gobernación indican que en las cárceles del país hay más de 220 mil 114 personas privadas de su libertad, de las cuales 94 mil 547 esperan sentencia. 

Esta ha sido, históricamente, una de las críticas centrales al sistema penal. Tener a una persona presa por años sin que su proceso sea finalizado con una sentencia, condenatoria o absolutoria. Situación que atenta contra los derechos humanos. 

La medida, además de ayudar a la despresurización de los centros de internamiento, representa dar justicia a quienes ya no la esperan o permitir que otros cumplan lo que resta de su condena en su domicilio, bajo reglas de vigilancia. 

En la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ya dio los primeros pasos para adherirse a la estrategia. En conjunto con la Comisión de Derechos Humanos revisan 49 casos de internos cuya tortura ya fue probada e incidió de manera directa en su sentencia. 

El ciclo se complementa con el proyecto de transferencia del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno a la de Seguridad Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, lo cual implica un replanteamiento, también, de los programas de reinserción social y de prevención de los delitos cometidos desde penales, así como de supervisión de custodios con un sistema similar al que ya opera en los cuerpos policiales de la capital: sanción a la corrupción y reconocimiento al mérito. 

Las acciones en conjunto seguramente tendrán beneficios para reducir población penitenciaria y dar mejores espacios a la gobernabilidad de los recintos. Se trata de un primer paso, que no debe perder de vista al sistema de justicia como garante de procesos equitativos y oportunos. 

@guerrerochipres

 

 

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