Staff.- La empresa transnacional O-I México -antes Vidriera Guadalajara- ubicada en calle Libra 225 en la colonia Juan Manuel Vallarta del Municipio de Zapopan estaría metiéndose en un serio problema legal, por desacatar la orden de un juez en materia familiar, por negarse al pago de una pensión alimenticia en favor de Fabiola Martínez.
Luego del auto de fecha 29 veintinueve de noviembre de 2022, se fijó como pensión alimenticia provisional respectiva al 35% del salario que recibe el demandado, esto dentro del expediente 2119/2022 signado al C. Juez Tercero en Materia Familiar.
Dicha autoridad emitió los oficios respectivos para que la empresa denominada O-I MÉXICO, en la cuál labora el demandado, retuviera dicho monto fijado por el Juez, los cuales fueron entregados en el departamento de Recursos Humanos el día 29 de mayo de 2023.
El día 19 de junio de 2023 la afectada proporcionó número de cuenta bancaria a efecto de recibir el monto respectivo a la pensión alimenticia.
Sin embargo, la empresa en mención fue omisa en realizar los depósitos respectivos, “mi cuenta fue cancelada, por lo que aperturé una nueva cuenta y en fecha 1 de Agosto de 2023 proporcioné mi nueva cuenta ante el juzgado”, relata la afectada.
“Además el día 13 de agosto del presente año por medio de correo electrónico, hice llegar a la empresa O-I MÉXICO los datos correspondientes a mi cuenta bancaria a fin de recibir los depositos, sin tener hasta este momento, respuesta alguna”, concluyó.
El 19 de julio de 2023 El Informador en su sección editorial, publicó un artículo de Jonathan Lomelí bajo el título: “Solo hay 97 deudores alimentarios en Jalisco, leamos parte: En mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma aprobada por el Senado, la llamada Ley Sabina, que obliga a crear un padrón público de deudores. A los morosos se les restringirá la emisión de permisos de conducir, pasaporte y la compraventa de inmuebles ante notario. También se les impedirá presentarse a cargos de elección popular y postularse para jueces o magistrados. Las entidades tienen hasta octubre para armonizar las leyes locales.
“Se trata de un golpe brutal para el negocio corrupto de funcionarios y litigantes mañosos dueños de un sistema que garantiza impunidad a padres negligentes con juicios eternos.
“Pronto sabremos quiénes son esos deudores alimentarios. Entre ellos hay funcionarios, políticos y hombres de poder ocultos en un padrón anónimo. Por fortuna, eso acabará”.
Esperemos que sea una omisión sin mala fe de la empresa O-I México o haberse metido contra mujeres le traerá mala reputación comercial.
Al tiempo.
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