Por Laura Gutiérrez Franco
El Gobierno del Estado, a través de la bancada de Movimiento Ciudadano y la Secretaría de la Hacienda Pública, ha presentado ante el Congreso de Jalisco el proyecto del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2027. La propuesta plantea un gasto total de 193 mil 640 millones 910 mil pesos, lo que representa un incremento nominal del 5.99% respecto a los 182 mil 700 millones aprobados para el ejercicio 2026.
A primera vista, la estructuración de este incremento general se percibe bien pensada y responde directamente a las prioridades operativas que la entidad requiere para no perder tracción en su desarrollo. De acuerdo con el discurso oficial del Ejecutivo estatal, este presupuesto se ejecutará sin la contratación de nueva deuda pública a largo plazo, apoyándose en la recaudación propia y la reorganización de las participaciones federales. Sin embargo, la atención mediática y la exigencia ciudadana se concentran en el destino real de los recursos ante el evidente colapso de los servicios básicos en la metrópoli.
El desglose de los rubros principales del Paquete Económico 2027 proyecta una distribución presupuestal que parece ser adecuada para el contexto actual de la entidad:
Agua e infraestructura hídrica: Se destinan 6 mil 930 millones de pesos de origen estatal, lo que representa un incremento del 132.2% respecto a los 2 mil 983 millones asignados en 2026. Este es el ajuste más drástico del paquete y contempla recursos para la modernización de la Planta Potabilizadora No. 1 de Miravalle, la sustitución del acueducto Chapala-Guadalajara, obras en el Sistema Antiguo de Abastecimiento, la ampliación de la Planta de Tratamiento El Ahogado y la continuidad del programa Nidos de Lluvia.
A este esfuerzo financiero sin precedentes por parte del Estado se le sumará una bolsa de coinversión acordada con el Gobierno Federal por 8 mil 150 millones de pesos, destinados de manera directa a la infraestructura de almacenamiento, conducción y potabilización. Con esta inyección combinada que supera los 15 mil millones de pesos entre ambas instancias de gobierno, la ciudadanía y el sector productivo esperan que finalmente se encamine una solución de fondo al grave problema del suministro de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Esta aportación federal es hecha directamente por la Presidenta de México en su reunión en la mañanera con Pablo Lemus, gobernador de Jalisco. No hay intermediarios como algunos se quieren acomodar, luego de que entorpecieron por años que llegaran más recursos federales al estado.
Infancia, salud y desarrollo social: Se proyectan más de 50 mil millones de pesos para programas transversales orientados a la niñez, incluyendo el Seguro Escolar y el programa Listo Jalisco. En materia de salud y educación, la asignación adquiere un valor estratégico sustancial: en Jalisco estos rubros se han manejado de forma autónoma y diferenciada de la política centralista de la Federación, un modelo descentralizado que operativamente ha entregado mejores resultados en cobertura, mantenimiento hospitalario y calidad de atención a la población local. El presupuesto contempla partidas clave para la Red de Hospitales Civiles, destacando las obras del Hospital Civil del Sur en Zapotlán el Grande y la infraestructura hospitalaria en Puerto Vallarta.
Seguridad y procuración de justicia: El paquete incluye previsiones operativas para la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad, etiquetando recursos para la apertura y equipamiento de al menos 9 agencias del Ministerio Público especializadas en la atención de personas desaparecidas.
Infraestructura vial y carreteras: En la partida de obras públicas se contemplan asignaciones prioritarias para la conservación de la red carretera estatal, buscando amortiguar el severo deterioro que sufren los tramos de conectividad regional y comercial. Sin embargo, el presupuesto estatal deja al descubierto la falta de convenios de coinversión robustos con la Federación para atender vías libres y de cuota estratégicas, como los accesos a la zona metropolitana y la ruta hacia Puerto Vallarta, los cuales continúan registrando retrasos y críticas por altos costos y falta de mantenimiento.
Fomento económico y competitividad industrial: Para el sector productivo se prevé una bolsa destinada a incentivos de innovación, parques industriales y atracción de inversiones, con la intención de sostener las cifras récord en Inversión Extranjera Directa. No obstante, cámaras empresariales como Coparmex y el Coordinador de Industriales de Jalisco (CCIJ) mantienen bajo observación este rubro, señalando que los fondos para competitividad de poco servirán si no se garantizan primero la certeza energética y la eficiencia operativa en el suministro hídrico para las plantas manufactureras.
Fiscalización y transparencia al SIAPA: Uno de los puntos más debatidos en las mesas previas de la glosa presupuestal es la partida asignada al saneamiento financiero del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. Diversos legisladores y organismos civiles han condicionado el respaldo a estos incrementos a la aplicación de auditorías severas sobre el organismo, exigiendo que el presupuesto no sea un cheque en blanco y que se apliquen métricas strictly ante las fallas operativas y la tardanza en la atención de pipas oficiales durante los tandeos.
Rumbo a la votación en el Pleno: La glosa del presupuesto se encuentra en análisis dentro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado. Las bancadas representadas en la LXIV Legislatura mantendrán mesas de revisión con los titulares de las dependencias estatales durante los próximos días. La fecha límite constitucional para la aprobación definitiva de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2027 es el 15 de diciembre.
Pese a que el paquete financiero exhibe coherencia técnica en sus prioridades, la duda principal recae en el comportamiento del bloque parlamentario de Morena. Históricamente, la bancada guinda ha mantenido una postura de cerrazón sistemática ante cualquier iniciativa emanada de Movimiento Ciudadano, regateando consensos y rechazando proyectos presupuestales para Jalisco bajo la premisa de la disputa política. Queda por ver si en esta ocasión la oposición priorizará el beneficio directo de las y los jaliscienses o si repetirá la fórmula de la confrontación parlamentaria.
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