Staff A Fondo.- El caso de Bertha Rocío Reyes Reyes ha encendido las alertas sobre el respeto a la legalidad dentro de las autoridades electorales de Jalisco. Funcionaria pública integrada al Sistema Profesional Electoral Nacional (SPEN), Reyes ocupaba el cargo de Técnica de Educación Cívica en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), tras aprobar el concurso DESPEN 2022–2023.
En el expediente PEIE-010/2025, el Tribunal Electoral de Jalisco determinó que su remoción fue arbitraria y ordenó su reinstalación inmediata. La relevancia de su pertenencia al SPEN radica en que sus integrantes cuentan con una protección laboral especial establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que prohíbe su despido o sustitución sin causa justificada y sin agotar los procedimientos nacionales.
Sin embargo, el IEPC Jalisco ha optado por desacatar la resolución judicial. En lugar de reinstalarla, ofrece una indemnización con base en el artículo 680 del Código Electoral estatal, una norma que no le es aplicable al personal del SPEN. Esta postura ha colocado a la presidenta del IEPC, Paula Ramírez, en una situación de flagrante incumplimiento judicial, mientras ella misma mantiene demandas por violencia política de género contra quienes han cuestionado su papel en el pasado proceso electoral.
El incumplimiento de una orden judicial firme constituye desacato, lo que puede derivar en responsabilidades administrativas e incluso penales para los funcionarios responsables.
Este caso no es un asunto menor. Para la opinión pública y la prensa, representa un precedente preocupante: una autoridad electoral que, en lugar de ser garante de la legalidad y la certeza, ignora las resoluciones de un tribunal especializado. En un contexto donde la confianza en las instituciones electorales es clave, el mensaje que envía el IEPC Jalisco podría minar la credibilidad del propio sistema democrático.
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