Connect with us
Avatar

Publicado

el

Tiempo Nuevo

La Sedena y la Fiscalía General de la República han revelado que siete de cada 10 armas usadas para cometer crímenes de alto impacto, como homicidio doloso, provienen de Estados Unidos.

Nuestro vecino del Norte, a cuyo Presidente le gustan tanto las fronteras y los muros, tiene serios problemas para reconocer y enfrentar los límites entre la libertad del individuo y la seguridad colectiva en su discurso y práctica. Padecer un desequilibrio mental en un país que privilegia ante todo la libertad supone la expresión de una amenaza tan grande como la que se atribuye a los integrantes de ISIS.

Ha circulado por las redes un meme en el que, como en un catálogo de tonos de pintura, se clasifica a los criminales según el color de su piel: entre los más caucásicos, la violencia se atribuye a problemas mentales; conforme se avanza hacia las pieles oscuras, a los delincuentes se les llama terroristas. Es un meme, pero no es gracioso, sino terriblemente revelador de los contornos que condicionan toda discusión política, económica y cultural en Estados Unidos, como en muchos otros países.

El sueño americano se puede volver pesadilla cuando pensamos que la libertad en el terreno de las armas supone que quien tenga identificación oficial y 250 dólares puede asistir a las ofertas en Walmart y salir con un rifle. También en Walmart sucedió la masacre de El Paso, una de tres en menos de 24 horas; durante 2019 se han registrado 250 balaceras en Estados Unidos, de acuerdo a Guns Violence Archive.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, se atrevió a llamar a las cosas por su nombre: es un acto de terrorismo contra mexicanos, aunque su perpetrador sea sólo un supremacista blanco para la administración de Trump, quien ha condenado la intolerancia racial, pero no ha hecho una sola referencia a la legislación sobre armas.

En México, la violencia con armas de fuego es muy distinta y está asociada, en la mayor parte de los casos, con la ilegalidad. Hay un programa importante que enseña un camino a nivel hemisférico para contener este problema: sí al desarme, sí a la paz.

Encabezada por la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, esta iniciativa ha logrado entre el 21 de enero y el 2 de agosto la recuperación y destrucción de tres mil 638 armas de fuego, entre las que se encuentran dos mil 976 armas largas. ¿Una de las claves? Ofrecer el cambio de armas por dinero sin ninguna investigación de por medio.

Al mismo tiempo, se sabe que en Tepito y algunos mercados de Iztapalapa se pueden alquilar armas por día, por ejemplo, pistolas de calibre 22 ó 25 con tarifas que van desde 800 pesos o un fusil semiautomático AR-15 por nueve mil pesos.

Libertad y seguridad son dos valores contemporáneos que entre sus extremos pueden encontrar un punto de equilibrio para permitir a la sociedad desarmarse al tiempo que se recompone en su tejido esencial: el del respeto comunitario e individual.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
Advertisement
Clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Carlos Ramírez

Indicador Político- COVID-19 en Palacio, una crisis de seguridad nacional que no se evitó

Avatar

Publicado

el


Carlos Ramírez*

En su agenda nacional de riesgos de 2016 –gobierno del presidente Peña Nieto–, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) delineó los trece temas centrales que tenían que ver con la estabilidad interior de la república y, por tanto, sin decirlo, los aspectos que referían la existencia del Estado mexicano; y en el número 7 fijo el tema del sistema de salud y las epidemias.

La infección del presidente de la república con el virus del COVID-19, en consecuencia, siempre fue un asunto de seguridad nacional del Estado; sin embargo, en las esferas que tienen que ver con la seguridad nacional nunca pudo permear el hecho de que había que proteger al jefe del Estado y del gobierno del contagio, porque, en el mejor de los casos, una contaminación presidencial iba a minar las bases de las certezas políticas nacionales con el tejido social de la estabilidad.

Y si bien el presidente López Obrador no fue un funcionario cooperativo con los enfoques de seguridad, en su entorno debieron ejercerse las funciones de autoridad institucional que siempre existen por encima del poder absolutista de la presidencia de la república. El secretario de Salud, el subsecretario de Salud y la secretaría de Gobernación carecieron de enfoques, decisión, autoridad y principios institucionales para someter al presidente a una disciplina sanitaria indispensable a su alto cargo.

La imagen del presidente López Obrador invulnerable al virus cuando aparecía sin cubrebocas en lugares aglomerados fue, en política, un factor de certeza social ante una población afectada por los casi dos millones de infectados y los casi 150,000 muertos; era, en sí misma, una imagen de confianza en una sociedad dependiente de los símbolos esotéricos del poder. El razonamiento era sencillo: si el presidente de la república era ajeno a la infección, entonces no todo estaba perdido.

Ahora viene el mensaje contrario. Sin conocerse a fondo los efectos reales de la infección en el cuerpo del presidente de la república, la sociedad va a mirar, con espanto, que nadieestá ajeno y que se hacen necesarias, ahora sí, decisiones de autoridad real: confinamiento, toque de queda, apoyos económicos a la planta productiva y el empleo. Asumir, en realidad, que el COVID-19 es una plaga que está destruyendo las bases institucionales, sociales y políticas del Estado y de la sociedad, lo que cualquier principiante de estudios de seguridad nacional podría ofrecer como primer corte sobre el virus.

Ahora debe venir un análisis severo de los funcionarios de segundo nivel que fallaron: la jefa de gobierno de la CDMX, los gobernadores y las autoridades del gabinete que no supieron, no pudieron o no lograron convencer al presidente de la república que el virus obligaba a un confinamiento institucional total y a un esfuerzo del Estado para apoyar con recursos presupuestales a los afectados. No se suspendieron labores económicas porque Hacienda nosupo fijar una narrativa de emergencia para ayudar a la planta productiva y el empleo y el funcionamiento irresponsable de las actividades económicas, sociales y productivas convirtieron una epidemia en una verdadera plaga sin control.

La falta de una agenda de riesgos para identificar posibles afectaciones a la seguridad nacional y la estabilidad social de la república y la carencia de instrumentos de autoridad –el congreso es una oficina no sólo irresponsable, sino inútil— para crear las circunstancias de un aparato de Estado que no dependa del presidente de la república han llevado al país a la orilla de un abismo inesperado, aunque de muchos modos previsto.

El problema no radicará en que la afectación del presidente de la república sea leve y en un par de días se vea de regreso a las conferencias matutinas, sino que queda instalado en la estructura desarticulada de un Estado presidencialista que de manera paradójica tampoco tiene mecanismos de emergencia para funcionar sin el presidente en turno. Ante la afectación de la salud presidencial el menor de los problemas era conducir las conferencias de prensa, sino crear mecanismos institucionales de funcionamiento del Estado.

La crisis del Estado mexicano por el virus en la salud del presidente de la república se exhibe en la ausencia de una estructura institucional para seguir operando la república. A dos años de gobierno el Centro Nacional de Inteligencia está desaparecido, la agenda de riesgos no existe y el virus como un elemento distorsionador de la estabilidad nacional carece de razonamientos de emergencia institucional.

 

-0-

 

Política para dummies: La política, al final, siempre termina con el “se los dijeron”.

 

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

 

http://indicadorpolitico.mx

indicadorpoliticomx@gmail.com

@carlosramirezh

Canal YouTube: https://t.co/2cCgm1Sjgh

Continuar Leyendo

Carlos Ramírez

Indicador Político- Agenda México-EE. UU. (1): narco como seguridad nacional y soberanía

Avatar

Publicado

el


Carlos Ramírez*

 

A Jorge Suárez Vélez y

a la memoria de la tía Tere

Si en el gobierno del presidente Joseph Biden van a regresar los viejos halcones de la política de inteligencia, seguridad nacional y espionaje, entonces el narcotráfico será en los próximos cuatro años el problema número uno en las relaciones de la Casa Blanca con Palacio Nacional.

Los otros temas de la agenda –cambio climático, comercio internacional, migración centroamericana y mexicana, inestabilidad geopolítica en América Latina y el Caribe, penetración de China, Irán, Rusia y Corea del Norte en la región y el ciclo populista– pasarán a segundo término. En esa agenda la Casa Blanca suele no negociar con los países involucrados.

En las primeras semanas podrían conocerse los marcos de referencia de las agencias de seguridad en el sistema de toma de decisiones de la Casa Blanca y el margen de maniobra del Consejo de Seguridad Nacional. A nivel de gobierno operan las estructuras de alta burocracia en el área de inteligencia, seguridad nacional y defensa.

Los responsables de esas áreas regresarán a recuperar el espacio de reflexión, inteligencia y acción que les negó el presidente Trump por desconfianza y porque sólo saben operan en lógicas intervencionistas y bélicas, en tanto que él como empresario prefería el campo de batalla del comercio y la economía. En los cuatro años de gobierno Trump tuvo a cinco jefes de inteligencia nacional –la oficina que coordina y de manera supuesta controla a las agencias de inteligencia y seguridad nacional civiles y militares– y cuando consejeros de seguridad nacional, ambas dependientes de manera directa de la Casa Blanca.

La agenda de narcotráfico EE. UU.-México se mueve en tres parámetros: la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente en turno, la Estrategia de Combate a las Organizaciones Criminales Transnacionales y la Estrategia de Control de la Frontera Sur. Las tres son injerencistas. Y el presidente Biden envío ya un mensaje codificado; la designación de la embajadora Roberta Jacobson –el último año de Obama y los dos primeros de Trump– como czar de la frontera México-EE. UU., aunque adscrita a la oficina de asuntos latinoamericanos del Consejo de Seguridad Nacional. La primera clave se localiza en la función no policiaca sino estratégica-política de la funcionaria.

La estrategia de la Casa Blanca en el tema del narco tiene dos puntos fundamentales: el combate a las adicciones dentro de los EE. UU. y la persecución de los cárteles en sus madrigueras de sus países de origen. En este escenario se deben analizar las relaciones de seguridad de Washington con Ciudad de México: el papel de la DEA dentro de México, ahora mismo en operaciones oficiales y secretas para atrapar y llevarse a los EE. UU. al Mencho, presunto jefe máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación, y a Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo y responsable en el Cártel de Sinaloa del área de drogas sintéticas de fentanilo que están matando a consumidores estadunidenses.

De ahí que buena parte de las relaciones bilaterales se vayan a redefinir en el tema del narco en dos campos: el de la cooperación mexicana para permitir el funcionamiento de la DEA sin restricciones –aunque cuidando no cometer errores como el del general Salvador Cienfuegos Zepeda– y el de las nuevas relaciones entre los ejércitos de los dos países y ahora con el dato mayor de que el secretario de Defensa de la Casa Blanca es un general que tuvo hasta hace poco mandos operativos en Irak y Afganistán y con poca experiencia en el manejo de la burocracia civil y sobre todo legislativa.

Si los EE. UU. han otorgado al tema del naco un rango de seguridad nacional estratégica, en México el tema del crimen organizado se mira como policiaco. Sin embargo, el impulso desde la Cancillería mexicana a reformas a la Ley de Seguridad Nacional para meter en cintura a los agentes antinarcóticos estadounidenses significó un salto cualitativo al asumir las relaciones de seguridad con nuevos marcos referenciales de una doctrina de seguridad nacional estratégica de México para salirse del paraguas condicionante de la seguridad nacional de los EE. UU.

En este sentido, las nuevas relaciones México.EE. UU. en la agenda López Obrador-Biden son más estratégicas que policiacas, tienen que ver con la soberanía y por primera vez involucran las doctrinas de Estado en defensa nacional, autonomía militar y, sobre todo, control estricto sobre la soberanía ante los abusos de las agencias de espionaje de Washington.

 

-0-

 

Política para dummies: La política es un juego del gato y el ratón, donde la clave está en el perro.

 

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

 

http://indicadorpolitico.mx

indicadorpoliticomx@gmail.com

@carlosramirezh

Canal YouTube: https://t.co/2cCgm1Sjgh

Continuar Leyendo

Nacional

Brújula Pública- Despropósitos de información

Avatar

Publicado

el

Rodolfo Aceves Jiménez*

Las conferencias matutinas que ofrece el presidente López Obrador sirven para informar a la población de las actividades de gobierno, pero se desvirtúan en cuanto comienza a denostar a quienes disienten de su forma de gobernar.

La narrativa utilizada se mezcla, entre el contenido informativo de las acciones de gobierno y lo conduce al campo político, pero incluso, la escritora Elena Poniatowska ha afirmado que ese ejercicio de comunicación ha provocado hartazgo, irritación, confrontación y consideró que resultan innecesarias.

En democracia un ejercicio informativo es necesario y se inserta en la función de Estado de la transparencia, hoy en riesgo de desaparecer a conveniencia.

Es a conveniencia debido a que se utiliza para no informar sobre acciones específicas de gobierno, como la reserva de información por un periodo de tiempo determinado sobre el operativo de detención de Ovidio Guzmán, la información relativa a la contratación sin concurso o a la contratación de vacunas para COVID19.

La información que producen las instituciones del Estado mexicano es elaborada por los servidores públicos, cuyos sueldos y recursos materiales para su elaboración, son pagados con el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso. A su vez, los recursos aprobados por el Congreso provienen de los impuestos, multas, aprovechamientos, derechos y demás ingresos recaudados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El gobierno solo administra los recursos pero no es el dueño de la información.

Por la trascendencia que representa es de interés público conocer los pormenores del operativo que derivó en la liberación del hijo de El Chapo Guzmán, las razones por las cuáles se opta por priorizar los contratos por asignación directa a los concursos públicos, o bien, el contenido de los contratos para comprar vacunas.

El argumento de austeridad para suprimir la institución de Estado de la transparencia, no se sostiene por sí sólo y es de pobre calidad. Es como si se pretendiera suprimir la salud o la educación públicos por el costo al erario que representa. Ambas se tratan de funciones derivadas de derechos humanos.

Pretender derogar la función de información, sólo aumentará el flujo de información en redes sociales de contenidos que sean sensibles para la presente administración.

Abriría demandas ante la Corte, porque se estaría suprimiendo el derecho humano a la información. Esto en el plano nacional.

En el plano internacional, la comunidad y organismos internacionales no verían con buenos ojos esta medida, debido a que se faltaría a la certeza en las inversiones o compromisos internacionales.

En síntesis no conviene a nadie suprimir la función de información.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

Continuar Leyendo
Advertisement
Advertisement





Tendencia