Por Horacio Villaseñor
Que el gobierno culpe a la contaminación de las fuentes o a la infraestructura envejecida por el agua “chocolatada” que llega a nuestras casas es, además de cínico, una salida cómoda. La responsabilidad constitucional del Ayuntamiento —en coordinación con los municipios metropolitanos y el Estado— es garantizar agua potable. No se trata solo de que el líquido carezca de color u olor; se trata de la certeza de que su composición química y biológica es segura para beber, cocinar y asearse.
Si las instalaciones son obsoletas o las fuentes están contaminadas, no es un fenómeno natural: es una falta criminal de previsión. La crisis actual es el sedimento de décadas de corrupción, desidia e intereses particulares. Mientras que un empresario puede ser tan ambicioso como desee, el servidor público jura cumplir la ley al tomar posesión. Es su única y sagrada obligación. Sin embargo, desde los años 90, los encargados del SIAPA claudicaron a su función primordial, privilegiando el oropel de la estética urbana por encima de la infraestructura invisible.
El contraste de la historia
Ante este escenario, la figura del ingeniero Jorge Matute Remus, precursor fundamental del organismo, señalaría con rigor que la ingeniería sin una ética de mantenimiento es una conducta criminal. Resulta una ironía dolorosa: ¿Cómo es posible que la ciudad que una vez fue capaz de mover edificios hoy no sea capaz de mover agua limpia? Por su parte, Arnulfo Villaseñor Saavedra, quien en su gestión saneó las finanzas y elevó al SIAPA a una entidad técnica de alto nivel, recordaría que el buen gobierno nace en el territorio y no en el marketing. La incapacidad actual del organismo no es solo técnica; es una traición a la vocación del servicio municipal. En aquellos años, la gestión se movía bajo una mística de responsabilidad técnica y visión a largo plazo que hoy se ha diluido en la improvisación política.
La ineptitud como norma
Hemos llegado al colmo del descaro: funcionarios responsables de la contratación de personal justifican el empleo de gente sin experiencia argumentando que “la ley no se lo prohíbe”. Esto demuestra una ignorancia supina del Derecho Público o, peor aún, una desfachatez absoluta. En la función pública, rige el principio de legalidad: lo que no está facultado expresamente, está prohibido. Ninguna ley permite contratar la incompetencia para cargos que exigen pericia técnica.
En Jalisco, la falta de agua potable no es un problema de escasez del recurso, sino de una profunda y sistémica ineptitud administrativa. Mientras no llegue al gobierno gente de buen talante que priorice la salud de la red subterránea sobre el brillo de la superficie, seguiremos atrapados en este ciclo de sed y excusas.
Guadalajara merece una infraestructura tan sólida como su historia. El agua limpia no es un favor del gobierno, es el cimiento irrenunciable de cualquier proyecto de ciudad. Mientras el SIAPA apeste administrativamente, el agua seguirá oliendo mal. Ni hablar.
Horacio Villaseñor*
Es Máster en Gobierno y Administración Pública Municipal y Estatal.
Doctorando en Geografía y Ordenación Territorial.
Miembro titular de la RedIGLOM Asociación Civil que aglutina a los investigadores y profesionales más destacados en materia de gobierno, política, administración pública y miembro de la Red Temática CONACYT. Contacto: horaciovillasen@gmail.com
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