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    Manuel Cornejo

    4 junio, 2020 at 4:12 pm

    Pregunta seria: Por qué en Jalisco se lincha mediáticamente a quien se atreve a señalar los malos, pésimos manejos y la corrupción de Enrique Al-baro ?.

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Gabriel Torres Espinoza

Análisis- El pacto plural por la impunidad

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Gabriel Torres Espinoza*

Además de las designaciones ilegales que realiza el Congreso del Estado de Jalisco, no se puede aspirar a un Estado de Derecho mientras los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco devenguen una remuneración mayor que la del presidente de la República, en franco desacato al mandato constitucional del artículo 127 de nuestra Carta Magna –vigente desde el 24 de agosto de 2009– y que establece que ningún servidor público en el país podrá recibir una remuneración mayor a la del Titular del Ejecutivo Federal. El Presupuesto de Egresos 2020 establece una remuneración bruta anual para el jefe del Estado mexicano de dos millones 400 mil 118 pesos: Mientras que en Jalisco, en franco desacato a la Constitución de la República, los  magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco tienen presupuestado para este año (2020) una remuneración bruta anual de tres millones 081 mil 601 pesos.

La Fracción I, del artículo 127 constitucional federal señala textualmente que, “se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.” Para entonces señalar, en su fracción II, que “Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente.” Incluso, el Quinto Transitorio de la reforma al 127 Constitucional señala que “Las Legislaturas de los Estados, en el ámbito de su competencia, deberán tipificar y sancionar penal y administrativamente (ojo) las conductas de los servidores públicos cuya finalidad sea eludir lo dispuesto en el presente Decreto”.

Tanto el Congreso de Jalisco y el Poder Judicial, dejan testimonio de que no existe voluntad política para hacer cumplir la ley, ni profesionalismo para hacer coincidir norma, con normalidad. De forma que no habrá reforma suficiente al Poder Judicial para auspiciar los cambios que demanda la deficiente impartición de justicia en Jalisco. Incluso, en nuestra entidad estuvo vigente la eliminación del fuero, de julio de 2016 a septiembre de 2019 –fecha en que la SCJN invalidó la reforma constitucional ‘de avanzada’ en Jalisco– sin ningún funcionario público procesado.

En agosto de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias de Armando García Estrada, Alberto Barba Gómez y Celso Rodríguez González, por la sospecha de que poseen recursos de origen ilegal. Se ampararon, y obtuvieron la suspensión del acto reclamado. Resulta elocuente que ni la Fiscalía General de la República, ni la Fiscalía del Estado solicitaron una declaración de procedencia (quitar fuero) al Congreso de Jalisco para poder procesar a estos funcionarios, en razón del inicio de una investigación. Otro ejemplo más de que en Jalisco el “fuero” es de facto, por el ‘pacto plural de impunidad’, no de jure.

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Gobierno

Tiempo Nuevo- Lo individual es colectivo

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Salvador Guerrero Chiprés*

En el discurso político y periodístico los adversarios del Gobierno parecen estar más dispuestos a encontrar los detalles de “la polarización” que a buscar alternativas al fracaso de “eso” que han constituido como problema nacional. El espíritu comunitario indispensable en esta hora requiere a todos los sectores. Desde empleados y pequeños comerciantes hasta los grandes empresarios, los representantes de cámaras y las autoridades.

La secuencia de soluciones en la expectativa de quienes queremos encontrarlas depende de forma estrecha de las acciones individuales frente a la pandemia. Podemos pensar, por ejemplo, en las medidas estrictas para controlar el flujo de una de las zonas con más tránsito peatonal en la ciudad —el Centro Histórico—, la reapertura paulatina de mercados y centros comerciales, y la implementación de semáforos rojos locales.

El movimiento de la economía será proporcional a la responsabilidad ciudadana. En el compromiso propio está la oportunidad de que la entrada al semáforo verde sea cada vez más posible y, por ende, que el impacto, la pérdida vivida por ciertos sectores, se revierta. En tiempos de confinamiento, el apoyo mutuo se revela como una de nuestras mayores herramientas; el compromiso individual es el compromiso colectivo.

Tal contexto explica la relevancia de la reunión que en días recientes entabló el secretario de Economía, Fadlala Akabani Hneide, con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, en su carácter representativo de la sociedad civil y con la presencia de los consejeros honorarios que representan a organizaciones como Canaco Ciudad de México, Anafarmex, Canirac y el Consejo de la Comunicación, así como abanderados de la iniciativa privada.

El sentido es comprender a fondo los nuevos retos que implican la pandemia y la nueva normalidad para el sector productivo. Las condiciones, por supuesto, dieron pie para una reunión virtual en la que se buscó el fortalecimiento de las aptitudes en cada sector.

No está de más puntualizar que las MiPyMES, término que designa a las micro, pequeñas y medianas empresas, han sido respaldadas por el Ejecutivo local y que la vinculación con los pequeños proveedores ha sido un principio fundamental de la estrategia.

Como señaló el presidente de Coparmex, a nivel local, y también consejero honorario, Jesús Padilla Zenteno, el cuidado hacia las empresas es necesario porque ellas son el motor de la economía, o, en otras palabras, la protección de un trabajador es la protección de un proyecto más grande.

El riesgo es latente y se expande al abordar cómo se relaciona el impacto empresarial con la crisis sanitaria, de desempleo o de inseguridad (todas paralelas al reto de la Covid-19 en todo el mundo), y justo por este nuevo orden de prioridades desplegado en todo el país, se llama a cerrar filas como un solo equipo.

El camino hacia el semáforo verde es una oportunidad de fortalecimiento. Los trabajadores, las empresas, los pequeños y grandes proyectos, con el sustento de la autoridad y la sociedad civil, pueden salir juntos de esto.

@guerrerochipres

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Cartón

De risa…

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El cartón de Miguel Parras

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