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Indicador Político
Con la muerte civil de Joaquín El Chapo Guzmán Loera por su cadena perpetua más 30 años en una cárcel de los EE. UU. termina el segundo gran ciclo de los cárteles del narcotráfico que nacieron a comienzos de los ochenta al amparo de la protección de la Dirección Federal de Seguridad.
Pero hay que atender a la existencia de dosChapo: de una parte, el dirigente del Cártel de Sinaloa que tiene el control del tráfico de drogas y que articula una estructura de poder criminal; de otra, el símbolo de un liderazgo personal forjado a base de aventuras rocambolescas y de desafíos a la autoridad del Estado.
Las organizaciones criminales en estructuras de poder tuvieron su primera etapa al finalizar los setenta y comenzar los ochenta con el Cártel de Guadalajara encabezado por el padrino Miguel Angel Félix Gallardo –el jefe de jefes en la cultura de los naco-corridos– y el primer cártel de marihuaneros de Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto y Rafael Caro Quintero. Este cártel duro poco: en 1985 secuestraron, torturaron y asesinaron al agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y los EE. UU. lanzaron todo su poder para liquidarlos.
Los cárteles del narcotráfico nacieron bajo la protección de las oficinas de seguridad política del Estado. La Federal de Seguridad de Gobernación fue la policía de seguridad del régimen priísta y tuvo dirigentes profesionales –policías y políticos– de 1947 a 1982. Aplastada la disidencia a finales de los ochenta, la DFS quedó al garete. En diciembre de 1982 el secretario de Gobernación del gobierno de Miguel de la Madrid, Manuel Bartlett Díaz, designó como director de la DFS al político José Antonio Zorrilla Pérez. Ya sin la amenaza comunista en México, derrotada la guerrilla y opacada la oposición, la policía política se movió hacia el crimen organizado como amenaza de seguridad nacional del Estado. Pero en lugar de aplastarla como lo hizo contra la disidencia rupturista, la DFS prefirió absorber a las bandas de marihuaneros.
El caso Camarena en febrero-abril de 1985 reveló que el narcotráfico de marihuana estaba protegido por la DFS de Gobernación. Caro Quintero fue detenido en un aeropuerto local, pero lo dejaron ir porque presentó una credencial válida de la DFS. Las presiones de la Casa Blanca obligaron a renunciar a Zorrilla, hacerlo candidato a diputado local por Hidalgo y finalmente excluido del poder. En 1989 fue arrestado, juzgado y sentenciado por el asesinato del columnista Manuel Buendía en 1984, cuando se disponía a publicar nombres y referencias de policías y funcionarios que estaban aliados al crimen organizado.
El Cártel de Guadalajara cayó en desgracia cuando su jefe Félix Gallardo fue arrestado. De ahí hubo dos derivaciones; el Cártel de Tijuana y el Cártel de Sinaloa, ya con actividades en el tráfico de cocaína. Ahí comenzó la segunda larga etapa: de 1989 a 2019. La crisis de la estructura de cárteles se dio en 2006 cuando el gobierno del presidente Calderón inició la ofensiva de seguridad con la participación de las fuerzas armadas. De 2007 al 2019, poco a poco, la estrategia fue liquidando a los jefes de los cárteles, aunque dejando vivas sus estructuras.
El 23 de mazo de 2009 la PGR de Eduardo Medina Mora –hoy ministro de la Corte– publicó un decreto de recompensas por la captura de 37capos dirigentes de cárteles, muchos de ellos liquidados en combate, otros arrestados y sólo quedaba vivo El Chapo.
A pesar del éxito que representó la baja de los jefes de los cárteles, el problema fue la existencia de sus estructuras: el narcotráfico aumentó, buena parte de la droga traficada se quedó en México y aumentó el consumo, el lavado de dinero se convirtió en una empresa rentable y el trasiego hacia los EE. UU. para responder a la demanda de consumo fue aumentando. Los cárteles mudaron de dirigentes y llegaron por prelación jefes intermedios sin astucia.
En el proceso de liquidación de los jefes llegó la tercera etapa de los cárteles con nuevos grupos: Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Matazetas, Los huachicoleros, los michoacanos, entre otros; pero lo más grave fue el proceso de atomización de los cárteles y niveles intermedios y bajos de los cárteles tomaron el control de actividades delincuenciales ajenas a las drogas: la extorsión, el contrabando, el tráfico de personas, el narcomenudeo, los secuestros, la prostitución, el contrabando, el control de consumo de drogas en bares, cantinas y restaurantes, las empresas de sicarios para el crimen por asignación, el robo de autos y los puestos de ambulantes.
La capacidad de organización policiaca y de seguridad del Estado fracasó a lo largo de las dos etapas: la que le siguió a la disolución de la DFS y la que enfrentó la ofensiva del gobierno. Las policías fueron rebasadas, pero como consecuencia de la falta de una dirección seria y fuerte de la seguridad del Estado. Ninguna policía rompió las relaciones de complicidad de los cárteles con estructuras del Estado.
El Chapo obtuvo una muerte civil personal, pero la estructura de su cártel y la de los demás siguen vigentes. Mientras la política de seguridad del Estado siga personalizando el crimen en las personas y no en los cárteles, el crimen organizado seguirá creciendo.


Política para dummies: La política es el instrumento de poder del Estado para enfrentar a los poderes facticos criminales.
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Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Salinas: la verdadera fortuna de Carlos Slim es de 170,000 mdd

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Carlos Ramírez

En la parte final de su análisis en 2014 sobre la privatización de Telmex publicado en El Financiero, el expresidente Carlos Salinas de Gortari aportó elementos sobre la desviación del sentido social de desarrollo de la empresa y su conversión en el pivote del enriquecimiento personal-familiar del empresario Carlos Slim Helú.

Cuando menos dio tres pistas que debieran llevar a una reflexión estratégica sobre la ratificación definitiva-recuperación estatal en marzo del 2023 del título de concesión de Telmex por treinta años más en función de una reconceptualización del Estado:

1.- El crecimiento exponencial de la fortuna de Slim Helú “coincidió” (en palabras de Salinas) con “la ausencia de regulación gubernamental de Telmex”. En este sentido, “Slim inició una carrera ascendente en la lista de millonarios de Forbes”. Salinas cuenta el dinero: para el año 2000, al final de la primera administración neoliberal, Slim ya tenía casi 10,000 millones de dólares y estaba entre los treinta más ricos del mundo; en 2006 su fortuna alcanzó 30,000 millones y ocupó el tercer lugar. Para el 2012 ya era el hombre más rico con toda su fortuna estimada en 70,000 millones de dólares.

2.- Slim potenció la posibilidad de enriquecimiento personal y familiar a partir de Telmex, pero no por la empresa en sí misma, sino que “aprovechó la falta de regulación neoliberal para consolidarse en el surgimiento de un nuevo sector, la telefonía móvil. En 2021, esa falta de regulación sigue existiendo.

3.- La habilidad de Slim permitió utilizar la preponderancia de Telmex y la falta de regulación gubernamental conquistar la telefonía móvil en México y América Latina. Lo dice así Salinas: “la fortuna (de Slim) está en América móvil, la cual nunca fue empresa pública. En 2012 esa empresa valía más de 100,000 millones de dólares. Telmex, por su parte, quince años después de su venta tenía el mismo valor en términos reales, al incluirse el monto de la inversión realizada durante su expansión”.

A partir del último punto del texto de Salinas de 2014, Telmex ya cumplió con la función empresarial de construir un emporio familiar de riqueza y trasladar el poder de la telefonía al área móvil, aunque sigue controlando el eje de las transmisiones.

Sin embargo, la empresa tiene todavía mucho papel que desarrollar en el área de las comunicaciones para el desarrollo nacional como una organización que formará parte de los programas de desarrollo del Estado. El problema radica en el hecho de que Telmex hoy en manos de Slim solo sirve a los intereses de una familia y del consorcio Telmex-América Móvil y representa un costo productivo funcional a la tasa de utilidad empresarial y no cómo botón para dinamizar el desarrollo.

Las razones de la privatización explicadas por el operador Jacques Rogozinski: Telmex entró en una crisis hacia finales de los ochenta, el Estado careció de recursos necesarios para el mejoramiento y el mantenimiento de un buen servicio. “Este problema, aunado a una estructura de tarifas deteriorada, provocó que entre 1985 y 1989 el número de líneas creciera a una tasa inferior al 7% anual y que la capacidad del servicio disminuyera, ocasionando que la densidad de líneas telefónicas por cada diez habitantes fuera únicamente de 5.5”. Telmex necesitaba en aquella época 10,000 millones de dólares en 5 años.

Hoy el escenario ha cambiado. En el modelo de modernización del presidente López Obrador, el eje de la recuperación de una dinámica de desarrollo económico con sentido social se localiza en la reactivación de la preponderancia del Estado en sectores clave de la producción. Las comunicaciones constituyen hoy un cuello de botella en manos de las empresas públicas hoy privatizadas, porque su función empresarial es de acumulación privada de riqueza y no una contribución a la dinámica del desarrollo nacional.

La lógica de la reforma eléctrica de López Obrador para deshacer la reforma eléctrica de Peña Nieto-PAN se sustenta en la doctrina económica de la intervención del Estado en áreas estratégicas de la economía. El modelo neoliberal de Salinas creó la falacia de que los bancos, las acereras y Telmex no eran ni prioritarias ni estratégicas para el desarrollo y entregó esas empresas públicas a una plutocracia que construyó fortunas personales.

 

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Novedad editorial: adquiera el libro El shock neoliberal en México, Editorial Indicador Político, escrito por Carlos Ramírez, Samuel Schmidt y Rubi Rivera; disponible en Amazon en versión eBook digital o impresa: https://www.amazon.com/dp/B09919C13V

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Salinas: Telmex, monopolio privado, abusivo, ineficiente; enriqueció a Slim

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Carlos Ramírez

La crítica más certera que ha revelado que la privatización de Telmex le permitió a Carlos Slim Helú construir un imperio personal y familiar e incumplir con el compromiso de usar ese servicio para el desarrollo nacional proviene nada menos que de… Carlos Salinas de Gortari, el presidente de la República que privatizó Telmex en 1990 y qué en 2014 apareció arrepentido.

En dos textos publicados el 15 y 16 de diciembre de 2014 en El Financiero, a propósito de los primeros 25 años de la privatización de la empresa, Salinas se defendió de las acusaciones del imaginario popular en el sentido de que había sido una privatización amañada y que los dueños eran Carlos & Charlie, refiriéndose a Slim y el propio Salinas.

Aunque el expresidente culpa a sus sucesores de la falta de decisión para exigirle a Slim el cumplimiento de compromisos de modernización y socialización, en realidad la privatización noamarró las obligaciones originales de vender una empresa para potenciar el desarrollo y no, como ocurrió en realidad, para construir una fortuna familiar.

La queja de Salinas fue directa: el Estado prohijó a Slim como un rico sin compromisos sociales ni de desarrollo.

La principal acusación de Salinas, que contiene elementos suficientes para revertir la concesión y regresar a Teléfonos de México al Estado a jugar un papel importante en el desarrollo nacional, fue muy directa: “Telmex es hoy un monopolio privado”; en 2014 Telmex controlaba el 80% del mercado de telefonía fija y el 70% de la telefonía móvil, pero la clave de su fortaleza se localizó en el control de las conexiones hacia otras empresas telefónicas y ahí Telmex representa un monopolio que bien pudiera caer en las prohibiciones constitucionales.

En 2014, Salinas aceptó que Telmex era “una empresa ineficiente y abusiva”; y aunque culpó a gobiernos posteriores, en realidad la ineficiencia de Telmex nunca fue cubierta en el título de concesión, tampoco se establecieron condiciones para impedir que derivará en un monopolio privado y menos aún se fijaron límites para impedir el control de la empresa para una familia.

Los 70,000 millones de dólares de fortuna personal de Slim tuvieron su origen en Telmex y de alguna manera habría de muchas maneras recuperado lo invertido en 1990. En el mismo enfoque de preponderancia del Estado en energía eléctrica, se puede apreciar que el regresode Telmex a propiedad del Estado sería vital para construir un nuevo modelo de desarrollo terminando con cuellos de botellaque han sido producto de empresas privatizadas que beneficiaron solo la fortuna personal de una familia.

Los dardos de Salinas en 2014 revelaron las complicidades de Peña Nieto para mantener el imperio Slim. En ese año, el presidente Peña Nieto reformó la estructura de supervisión del Estado y le quitó al presidente de la república la facultad de decidir concesiones de servicios públicos y en 2016 el presidente Peña Nieto permitió adelantar la extensión de la concesión de Telmex que se vencía en 2023 en previsión al avance electoral del candidato Andrés Manuel López Obrador, uno de los más severos críticosde la privatización de empresas públicas y por supuesto de la privatización de Telmex.

Las razones para revisar la fase final de extensión por treinta años más el título de concesión que debe decidir el IFT en marzo del 2023 –aunque con facultades legales del presidente de la República para tomar decisiones ejecutivas en el sentido de permitirla o bloquearla– se localizan en los numerales 6, 8, 9, 10 y 11 del texto de Salinas: Telmex fue privatizada como parte de un proyecto autodenominado de “liberalismo social” y pervertida en el período que el propio Salinas señala como de “neoliberalismo”, refiriéndose a los gobiernos de los presidentes Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.

Salinas subraya de manera directa que Telmex abuso de su posición predominante en el mercado durante esos períodos presidenciales; hubo, agrega, repetidas violaciones y abusos que no tuvieron sanciones graves, como regulación asimétrica ni se exigió separación estructural de funciones o contable a pesar de su condición de dominante.

Y quedan como epitafio del fin de Telmex-Slim las palabras finales de Salinas:

“El señor Slim resultó un empresario hábil que aprovechó la débil regulación del Estado para establecer la posiciónpreponderante de Telmex”.

La renovación de la concesión telefónica en marzo de 2023 puede extender por treinta años más que el poder y la fortuna económica personal de Slim o recuperar para el Estado una pieza clavepara la modernización industrial.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Telmex y Línea 12, dos dardos envenenados de AMLO a Slim

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Carlos Ramírez

Identificado como prototipo empresarial del proyecto neoliberal de Carlos Salinas de Gortari, el empresario Carlos Slim Helú tuvo la estrategia y la suerte de transitar por dos gobiernos panistas. Y sin una revisión de ese pasado político escabroso, logró colocarse en los ánimos –que no los afectos– del presidente López Obrador.

Sin embargo, no hay estrellas que brillen por siempre. El presidente ha enviado dos severos avisos de que la suerte del empresario de origen libanés podría haberse apagado:

1.- En el contexto de la revelacióndel periodista José Martínez Mendoza de que la renovación de la concesión de Telmex para 2026-2056 que ya había sido aprobada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en una maniobra del 2006 del presidente Peña Nieto para blindar a sus aliados y que el gobierno actual tiene aún la última palabra, el presidente López Obrador sacó a colación una equiparación entre el fraude tramado para privatizar funciones de la Comisión Federal de Electricidad y la forma en que Salinas decidió en 1990 privatizar una de las empresas más ricas propiedad del Estado.

En una conferencia matutina, López Obrador reveló la existencia de un modelode desprestigio de la empresa pública para propiciar su privatización: la CFE en el escenario de la reforma del 2013 dentro del Pacto por México PRI-PAN-PRD. El fraseoutilizado por el presidente dejó entrever algunos indicios que preocuparon a Slim:

“A nuestras generaciones las engañaron, porque no se sabía qué significaba, que representaba la privatización de una empresa pública; no se conocía. Entonces, como había más presencia del sector público se hacían campañas de que no servía el sistema telefónico, que era muy malo el servicio de teléfonos de México y se fue preparandoel terreno y se entregó la empresa pública (Telmex) porque ese era el propósito. Nos hicieron lo mismo con la industria eléctrica”.

Al equiparar la privatización de Telmex con la privatización de áreas del sector eléctrico, el mensaje dirigido a la concesión de Telmex de que puede ser revocada por la autoridad presidencial en marzo del 2023 quedó como indicio de que podría regresarse la telefónica a manos del Estado.

2.- El otro mensaje fue de apenas el pasado jueves 14 de octubre: el dictamenfinal de la Fiscalía de Ciudad de México determinó culpabilidad y responsabilidad de las empresas constructoras, entre ellas el grupo Carso de Slim Helú. Previo al informe judicial, se había dado una especie de perdón anticipado a Carso y en los hechos se había obligado a Slim a cubrir el costo de la reparación de la infraestructura destruida con el desplome de dos trenes con cargo económico a la propia empresa.

Se supuso en su momento que allí había terminado toda la investigación. Sin embargo, la Fiscalía reconstruyó el proceso desde el punto de vista de la investigación penal y determinó también posibilidades de castigos judiciales, solo que con la posibilidad de lo que se conoce como justicia retributiva-restaurativa y que implica el pago del daño para evitar consecuencias penales. La responsabilidad de Carso afectará su credibilidad como empresa constructora que tiene contratos con otras grandes obras de la 4ª-T y desde luego que minará la riqueza y la credibilidad del empresario.

Slim saltó a la fama y el poder económico con la privatización de la empresa Teléfonos de México que cubrió con todos los mecanismos legales previsibles entonces, pero que dejó la decisión final a la voluntad del presidente Salinas de Gortari. La complicidadSalinas-Slim quedó fijada en el imaginario popular con la referencia a Carlos & Charlie con relación al nombre propio de los dos personajes.

El imperio económico de Slim Helú –alrededor de más de 60,000 millones de dólares, aproximadamente un billón de pesos, algo así como el 15% del presupuesto federal o 3.5% del PIB– se construyó a partir de Teléfonos de México, pero incumpliendo con uno de los principios formales de la privatización: mantener el servicio a favor del público yno para construir una fortuna personal-familiar que quiere extenderse otros cincuenta años más.

En este escenario, los dos mensajes presidenciales hacia Slim Helú y su imperio empresarial estarían revelando la reflexión, cuando menos, al interior del gobierno lopezobradorista de que se podría rescatara Telmex como empresa de servicio público de la misma manera que la CFE.

 

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