Por Laura Gutiérrez Franco
La llegada de Rubén Rocha Moya al poder en Sinaloa no fue un ejercicio democrático, sino una capitulación ante el crimen organizado. Hoy, los cargos que emergen desde el norte no dejan lugar a dudas: se trató de una operación de guerra donde “Los Chapitos” financiaron y operaron la campaña a cambio de favoritismos, control de plazas y la entrega total del estado. Las trampas electorales fueron brutales; se habla de secuestros de operadores políticos en plena jornada, robo descarado de documentos y urnas alteradas bajo la amenaza de fusiles de asalto.
Si hasta hoy las víctimas se atrevieron a hablar, fue porque el miedo paralizante que impone el narco-gobierno es real, pero la presión internacional está rompiendo el silencio. En este escenario de naufragio, Enrique Inzunza (Senador) y los colaboradores más cercanos de Rocha ya buscan una balsa propia.
Saben que la cuerda siempre se rompe por lo más delgado y, ante la falta de una justicia apta en México para juzgar delincuentes de alto nivel, Inzunza ya prepara su camino para ser testigo protegido en Estados Unidos; su plan es evitar la cárcel, delatar a sus jefes y desaparecer con una identidad nueva, porque sabe que en territorio mexicano ni el poder judicial ni las policías son libres para tocar a los protegidos del régimen. Ante esta crisis, la reacción de la Presidenta ha sido el desplante y la soberbia, burlándose de la oficina de justicia de Nueva York calificándola de “oficinita”, un insulto que no es más que una máscara de pánico.
Su subconsciente la traiciona: hay un temor reverencial y patriarcal que la domina, un miedo de mujer a perder la autoridad y, sobre todo, el pavor de una ideología comunista ante la potencia mundial que no puede controlar. Donald Trump, quien desprecia los regímenes de izquierda y no tolera que México sea visto como un narco-estado, va a ir con todo contra ella
Trump necesita triunfos políticos tras los fracasos en Irán y Ucrania, y la corrupción en Sinaloa es el trofeo perfecto. El costo político ya obligó a la Presidenta a pedir auxilio a su mentor, resucitando un Maximato que la deja sin respeto y sin autonomía; si el mentor tiene que reaparecer para salvarla, ella está terminada.
Mientras en Palacio se piden amparos de último minuto por temor a las pruebas que ya existen, el ciudadano común siente los efectos de un gobierno capturado. Si la justicia no llega desde allá, aquí no llegará de nadie, porque el estado mexicano ha demostrado que no tiene el valor de juzgarse a sí mismo frente al espejo del fentanilo y la traición.
Este círculo de impunidad, sin embargo, está chocando de frente con la realidad institucional. La *Secretaría General del PRI* ha puesto el dedo en la llaga al advertir que la negativa de entregar a Rubén Rocha Moya ante la solicitud de extradición de Estados Unidos no es un acto de soberanía, sino una violación flagrante a la le*. Es un escenario de extrema delicadeza: al proteger al gobernador (con licencia), el Ejecutivo Federal está ignorando tratados internacionales y procedimientos judiciales vigentes, enviando un mensaje devastador: que en este régimen, la lealtad política y los pactos oscuros están por encima de la Constitución. No entregar a Rocha no es un gesto de fuerza, es la confesión de un Estado que prefiere violar su propia legalidad antes que permitir que la verdad se ventile en una corte extranjera.
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