Por Laura Gutiérrez Franco
El escándalo que rodea a Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), no es un caso aislado ni una desafortunada casualidad. Es la radiografía exacta del tipo de cuadros que la llamada Cuarta Transformación suele encumbrar en las instituciones clave del país: funcionarios que envuelven su ambición en el discurso de la “austeridad republicana”, mientras en los hechos operan esquemas de enriquecimiento personal, conflicto de interés y un desprecio absoluto por la ética pública.
Los señalamientos contra Taddei no son menores ni se reducen a un malentendido de oficina. Hablamos de una supuesta red de complicidades que involucra a un “chofer” con sueldo directivo que fungía simultáneamente como apoderado legal de una empresa proveedora del propio INE; contratos millonarios que superan los 190 millones de pesos adjudicados a empresas vinculadas con su pasado en el órgano electoral de Sonora; el uso descarado de vehículos de lujo “prestados” por contratistas y fiestas privadas con los mismos proveedores a los que se les asignan los recursos del Estado.
El asunto ha alcanzado tal nivel de descomposición que hasta la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, tuvo que salir a pedirle públicamente a Taddei y al INE que aclaren las cosas y transparenten de inmediato el uso de los fondos públicos. Cuando desde Palacio Nacional se tiene que hacer un llamado de este calibre a la cabeza del órgano electoral, queda al descubierto que el hedor a irregularidades ya resulta imposible de tapar bajo la alfombra.
Ante la gravedad de los hechos, vale la pena ir A Fondo para cuestionar el patrón de conducta que define a los perfiles promovidos por el régimen actual.
¿Hasta cuándo la narrativa del “no somos iguales” seguirá sirviendo como patente de corso para el saqueo impune? La 4T prometió purificar la vida pública, eliminar el amiguismo y erradicar los privilegios burocráticos. Sin embargo, en el terreno de los hechos, funcionarios como Guadalupe Taddei demuestran que el verdadero móvil del proyecto no ha sido la transformación institucional, sino la simple sustitución de beneficiarios: quitar a unos para poner a otros que resultaron igual o más mañosos para aprovecharse del puesto para su beneficio personal.
El discurso contra los “organismos caros” y los “sueldos dorados” del pasado pierde toda validez moral cuando quien encabeza la máxima autoridad electoral del país convierte al INE en su negocio familiar y en una agencia de colocación para sus leales. No se trata solo de un mal manejo administrativo; es la confirmación de que el pragmatismo político de la 4T prioriza la subordinación ciega por encima de la capacidad y la honestidad.
El caso Taddei exige mucho más que explicaciones tibias o controles de daños mediáticos. Exige una investigación caiga quien caiga y la remoción de quienes han hecho del servicio público un botín. Si el discurso anticorrupción de la actual administración pretende conservar un mínimo de credibilidad, las palabras de la presidenta deben traducirse en hechos y la impunidad en el INE no puede ser la norma.
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