Por Laura Gutiérrez Franco
En el desmesurado afán del gobierno por colgarse medallas en el extranjero, México ha encontrado un pasatiempo peligroso: volverse “más papista que el Papa”. Para sacarse un diez en las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y presumir la palomita ante el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el oficialismo aprueba medidas fiscalizadoras y de control financiero que no rozan al crimen organizado, pero ahogan por completo al ciudadano común, afirmó en entrevista el Notario Público No. 46 Luis Valdez Anguiano.
La escena transcurre en la amplitud de su despacho. Rodeado por el peso de una extensa biblioteca notarial, el Notario Público No. 46, Luis Valdez Anguiano, conversa con un tono afable, profundo y por momentos risueño, aunque su mirada se torna grave al entrar en la sustancia del tema. En la atmósfera de su oficina conviven los símbolos de sus pasiones y su rigor: una refinada escultura ecuestre vigila desde un estante, una singular mesa con patas de caballo roba la atención y, en las paredes, los retratos de carreras de autos en las que él mismo participó junto a figuras legendarias de la Fórmula 1 recuerdan que la precisión y la velocidad también exigen temple.
Con esa misma lucidez para tomar las curvas peligrosas, Valdez Anguiano desmenuza el escenario nacional: mientras el delincuente se pasa las leyes, las penas de muerte y los controles por el arco del triunfo, las regulaciones draconianas caen con todo su peso sobre los incautos —los buenos ciudadanos que sí respetan la ley, ya sea por convicción o por simple miedo al garrote fiscal—.
Ir A Fondo en este tema nos exige ver la trampa detrás de la afamada “Economía Digital”. La meta no tan velada de las autoridades y la legislación tributaria es acorralar paulatinamente el uso del papel moneda. Bajo el pretexto de combatir el lavado de dinero y la informalidad, la hoja de ruta encamina al país hacia un escenario donde desde los peajes y las gasolineras hasta la compra del mandado pretendan controlarse mediante pagos digitales y trazabilidad absoluta.
¿De verdad estamos preparados para ese escenario? La respuesta categórica es no.
Pretender bancarizar a rajatabla a un país con profundas brechas tecnológicas es una aberración. En la Selva Lacandona no hay señal de celular, en los campos agrícolas la cosecha se mueve al día en efectivo, y en los tianguis de Jalisco la economía formal e informal coexisten como el sustento diario de millones de familias. ¿A poco a partir del 2027 a los tianguistas los van a meter en cintura exigiéndoles CFDI y factura electrónica hasta por un kilo de jitomate? ¿Qué lanchero o comerciante rural va a emitir un comprobante fiscal digital cuando ni siquiera hay red eléctrica estable?, precisa.
Entre risas que matizan la gravedad de su advertencia, el Notario expone el extremo del absurdo al que nos arrastra la sobrevigilancia fiscal sobre las cuentas personales: al paso que vamos con la restricción del efectivo, solo falta que el SAT le pida a las amas de casa emitir una factura electrónica cuando el marido les entregue “el chivo” para el gasto semanal.
La eliminación paulatina del efectivo y las comisiones bancarias por cobro digital no van a detener al narcotráfico; el crimen maneja sus propios sistemas al margen de las circulares del SAT. Lo único que lograrán estas medidas es ponerle una soga al cuello a la economía popular, estrangulando al pequeño comerciante e invadiendo la libertad del ciudadano.
Desde la calma de su biblioteca, entre caballos de bronce e historias de alta velocidad, el diagnóstico del Notario 46 deja una lección clara: el gobierno debe aflojar la cuerda. El combate al lavado de dinero requiere inteligencia y valor contra los grandes capitales ilícitos, no el acoso cibernético y fiscal contra el mexicano que sale todos los días a ganarse el pan con el sudor de su frente.
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