Por Iván García Medina
Laura Haro Ramírez recorre Jalisco hablando de un PRI renovado, moderno y distinto. El problema es que, mientras el discurso promete una nueva etapa, los hechos protagonizados por algunos de sus cuadros parecen demostrar exactamente lo contrario. La renovación se queda en el eslogan cuando las prácticas de siempre siguen vivas.
El mejor ejemplo está en el Congreso de Jalisco.
El diputado priista Aurelio Fonseca Olivares, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, tiene congelado un asunto que difícilmente admite demora: la renovación de cinco integrantes del Consejo Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas.
No es una versión de adversarios políticos. Fue El Informador, en su columna Allá en la Fuente, quien reveló que desde el 28 de mayo los oficios llegaron al Congreso y, simplemente, desaparecieron de la agenda legislativa. En un estado que vive una de las peores crisis de desapariciones del país, semejante retraso resulta, por lo menos, inadmisible.
¿Dónde está Aurelio Fonseca? ¿Por qué el presidente de la Comisión de Derechos Humanos guarda silencio? ¿Qué interés existe para mantener detenida una convocatoria que debió resolverse hace semanas?
El problema es que las dudas no terminan ahí.
Alrededor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco cada vez son más insistentes las versiones sobre una operación política que poco tiene que ver con la defensa de las víctimas y mucho con el reparto de posiciones. La presidenta del organismo, Luz del Carmen Godínez, tiene la obligación de despejar cualquier sospecha sobre la forma en que se toman las decisiones internas y sobre la influencia que distintos actores políticos pudieran ejercer en un organismo que, por definición, debería ser plenamente autónomo.
En ese contexto aparece otro nombre que obliga a hacer preguntas incómodas: la exdiputada priista Hortensia Noroña. Una versión estenográfica de la sesión ordinaria 487/2026, en poder de Expedientes A Fondo, muestra su participación en asuntos internos reservados a la dirección del organismo. Si además se confirma que forma parte de la nómina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el conflicto político sería evidente. Quien ayer encabezó procesos legislativos relacionados con ese organismo hoy estaría participando desde su estructura interna.
¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O parte de una cadena de acuerdos políticos que nadie quiere explicar?
Lo verdaderamente preocupante es la congruencia, o mejor dicho, la ausencia de ella.
Laura Haro habla de un PRI distinto, pero guarda silencio cuando uno de sus diputados más cercanos es señalado por la parálisis de una comisión tan delicada como la de Derechos Humanos. Habla de ética pública, pero no exige transparencia cuando alrededor de ese mismo tema aparecen sospechas de cuotas, acomodos y reciclaje de perfiles políticos. Habla de recuperar la confianza ciudadana, mientras sus propios cuadros alimentan exactamente las prácticas que llevaron al PRI a perder esa confianza.
La política no se renueva cambiando el discurso ni el logotipo. Se renueva cambiando conductas.
Hoy, el mensaje que envían Aurelio Fonseca y quienes orbitan alrededor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos parece ser otro: el de las cuotas, los silencios y los acuerdos en lo oscurito.
Y mientras eso ocurre, las víctimas siguen esperando instituciones que defiendan sus derechos, no oficinas convertidas en agencias de colocación política. Ese es el verdadero fracaso del PRI que presume haberse renovado: cambió la narrativa, pero los viejos vicios siguen intactos.
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