Por Iván García Medina
La crisis del agua que hoy enfrenta la Zona Metropolitana de Guadalajara ha abierto un nuevo frente de confrontación política. Sin embargo, antes de repartir culpas conviene hacer un ejercicio que en la política suele escasear: el de la memoria.
Ayer jueves 9 de julio de 2026, la presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro Ramírez, responsabilizó en rueda de prensa a los gobiernos de Movimiento Ciudadano por el agua turbia que llega a miles de viviendas. La crítica puede ser legítima, porque ningún gobierno en funciones está exento de responder por un servicio público que afecta directamente a la población. Hoy, quienes gobiernan tienen la obligación de resolver una crisis que mantiene inconformes a miles de familias.
Pero si el debate pretende ir al origen del problema, entonces la historia no puede comenzar con Movimiento Ciudadano.
Si existe un periodo que marcó profundamente el deterioro del SIAPA fue el de los gobiernos priistas y, particularmente, el sexenio de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Fue durante esa administración cuando, según diversos señalamientos públicos sostenidos durante años, el priista Enrique Dau Flores consolidó el llamado cártel del agua con enorme poder dentro del organismo, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes en la toma de decisiones relacionadas con la infraestructura hidráulica del estado.
Hablar hoy de corrupción en el SIAPA sin recordar ese pasado es ofrecer una versión incompleta de la historia.
Durante años, el organismo fue señalado por convertirse en un espacio donde prevalecieron intereses políticos antes que técnicos. Se denunciaron obras millonarias cuyos beneficios nunca fueron visibles para los ciudadanos; proyectos en los que, en lugar de sustituir tuberías deterioradas, se colocaban mangas sobre la infraestructura existente mientras se cobraban como si se tratara de ductos completamente nuevos. También hubo acusaciones sobre el reciclaje y rehabilitación de tubos vendidos como si fueran materiales nuevos.
A ello se sumó una estructura burocrática que, lejos de responder a criterios de eficiencia, convirtió al SIAPA en una auténtica agencia de colocaciones. Familiares, amistades, recomendados políticos y personajes cercanos al poder encontraron espacios dentro del organismo. Casos ampliamente conocidos, como el de Ely Castro, alimentaron la percepción ciudadana de que las cuotas políticas pesaban más que la capacidad técnica.
Por eso resulta difícil aceptar que el PRI pretenda erigirse hoy como la principal voz moral para denunciar los excesos en el manejo del agua.
Durante años, el control del SIAPA permitió también la concentración de decisiones relacionadas con contratos de obra, permisos y factibilidades para desarrollos inmobiliarios. Diversos sectores han cuestionado que muchas autorizaciones fueron otorgadas a proyectos cuya viabilidad hidráulica era, cuando menos, discutible. Esa dinámica terminó favoreciendo un crecimiento urbano desordenado que posteriormente fue vinculado al llamado “cártel inmobiliario” que operó durante distintos periodos en Jalisco.
La realidad también obliga a reconocer que Movimiento Ciudadano no puede deslindarse de la situación actual. Después de varios años al frente del gobierno estatal y de diversos municipios metropolitanos, existe una responsabilidad directa sobre el estado que guarda hoy la infraestructura hidráulica. La ciudadanía no espera explicaciones interminables, sino soluciones inmediatas.
Sin embargo, tampoco puede ignorarse que los actuales directivos del organismo recibieron una infraestructura envejecida, un sistema con rezagos acumulados durante décadas y problemas estructurales que difícilmente podían resolverse en unos cuantos meses. La crisis no nació ayer; es el resultado de decisiones equivocadas, omisiones y malos manejos que se arrastran desde hace muchos años.
Utilizar el agua únicamente como bandera electoral sin reconocer la responsabilidad histórica de quienes administraron el SIAPA durante décadas representa un ejercicio de oportunismo político. La memoria también forma parte de la rendición de cuentas.
Lo verdaderamente importante ahora no es quién obtiene ventaja en el debate público, sino impedir que la historia vuelva a repetirse. Los miles de millones de pesos que se anuncian para rescatar la infraestructura hidráulica deberán ser vigilados con absoluto rigor. Corresponde al Sistema Estatal Anticorrupción, a los órganos fiscalizadores y a las autoridades competentes garantizar que cada peso se aplique correctamente y que las viejas prácticas de corrupción no encuentren espacio bajo ninguna administración.
Porque la crisis del agua no admite más discursos. Lo que exige la ciudadanía son resultados, transparencia y responsabilidades claras, sin importar el partido político que ocupe el poder.
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