Por el Mtro Horacio Villaseñor
Cada vez que el servicio de agua potable colapsa, la respuesta oficial es la misma: más inversión, más tuberías y más concreto. Se anuncian miles de millones de pesos como si el problema fuera exclusivamente financiero. Sin embargo, el deterioro del SIAPA revela algo más profundo: una crisis de diseño institucional y de responsabilidades. Durante décadas, la alternancia política cambió partidos, pero no cambió el modelo. Se mantuvo un organismo cada vez más grande, más complejo y más distante de los ciudadanos. Cuando el servicio falla, nadie asume plenamente la responsabilidad: el SIAPA culpa a la infraestructura, los municipios al organismo y el Estado promete nuevas inversiones. Al final, los usuarios pagan tres veces: con sus impuestos, con un servicio deficiente y con el costo de un modelo que insiste en reproducir los mismos errores. Proponer que los municipios recuperen la responsabilidad constitucional del servicio no significa adoptar una lógica de “sálvese quien pueda”. Lo que se requiere es un ajuste inteligente. Cada ayuntamiento debe asumir progresivamente las funciones que, por su naturaleza y capacidad, pueda administrar con eficacia, mientras que las funciones de escala metropolitana, como las grandes fuentes de abastecimiento, la infraestructura estratégica y la planeación regional, deben permanecer coordinadas intermunicipalmente mediante mecanismos claros de cooperación y responsabilidades verificables. El problema nunca ha sido acercar o no el gobierno al ciudadano; el problema ha sido alejar la responsabilidad de quien debe asumirla. Por cierto, en la función pública no hay corresponsabilidad ciudadana, esa es una vacilada de “políticos” que tratan de diluir sus obligaciones, en la administración pública solo hay derechos y deberes.La experiencia del SIAPA demuestra que concentrar la responsabilidad en un solo organismo tampoco garantiza mejores resultados cuando la rendición de cuentas se diluye. La solución no consiste en desmantelar por desmantelar, sino en distribuir responsabilidades verificables, fortalecer las capacidades técnicas municipales, profesionalizar la gestión del agua y construir instancias de coordinación que realmente coordinen, en lugar de sustituir a los gobiernos locales, el IMEPLAN como se creó, fue otro error. La inteligencia institucional consiste precisamente en colocar cada responsabilidad en el nivel de gobierno que puede ejercerla mejor, coordinar aquello que exige una escala metropolitana y hacer plenamente identificable quién responde por cada resultado. Seguir destinando miles de millones de pesos a un modelo agotado sin corregir su estructura equivale a reparar una y otra vez una máquina cuyo diseño está fallando. El dinero importa, pero una buena arquitectura administrativa importa todavía más. La verdadera reforma no empieza con una obra; empieza con una nueva forma de gobernar el agua. El artículo 115 constitucional ya establece quién es el responsable del servicio. Lo que falta no es una nueva obligación jurídica, sino la capacidad política para construir un modelo moderno, cooperativo y transparente. Si la crisis actual sirve para algo, debería ser para abandonar inercias y emprender la reforma que, por ignorancia de los que llegaron, la alternancia política de los noventa dejó pendiente. De lo contrario, dentro de algunos años volveremos a discutir otra inversión multimillonaria para corregir exactamente los mismos problemas. Los gobiernos llevan décadas buscando dinero para resolver el problema del agua. Tal vez ha llegado el momento de buscar inteligencia para resolver el problema del gobierno del agua. ¡Ojo!
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que A Fondo Jalisco no se hace responsable de los mismos.
