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Por Mariana Navarro

La celebración del Día de la Independencia de México se ha consolidado con el paso de los años como la principal fiesta nacional en el calendario cívico Mexicano.

La histórica tradición del grito de Independencia, (conocido también por el Grito de Dolores) ha sido algo que hemos realizado los Mexicanos desde el siglo XIX, hasta nuestros días, más, dos siglos después, esta tradición se interrumpe en varios estados de la República Mexicana, logrando así una fractura histórica en estos comienzos de un siglo XXI tan disparatado.

Los estados de Tlaxcala, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas y Jalisco -entre otros- son algunos de los estados de la República Mexicana en donde no se dará el grito de Independencia de forma pública y tradicional, suspendiendo de alguna forma el grito.

Según los registros históricos nacionales, nunca en ningún caso la ceremonia fue suspendida, excepto en 2006 cuando el Presidente Vicente Fox fue obligado a dar el Grito en la población de Dolores Hidalgo, Guanajuato y no en Ciudad de México.

DE CÓMO COMENZÓ TODO

Quiero que viaje conmigo en esta escapada histórica para que juntos revivamos este acontecimiento.

Si tuviéramos que hacer un recuento, si pudiéramos viajar a través del tiempo, veríamos cómo empezó todo: – hacía las 7:30 de la mañana del domingo 16 de septiembre de 1810 cuando se escuchó el primer llamado de Dolores-.

Las palabras históricamente registradas según consta en los libros de la época, fueron: “¡Hijos míos, únanse conmigo! ¡se acabó la opresión, se acabaron los tributos!,

¡Al que me siga a caballo le daré un peso, y a los de a pie le daré un tostón!

Así empezaba la historia del grito de Dolores.

DE LA HISTORIA DE LA PRIMERA CONMEMORACIÓN DEL GRITO

Según los índices de las obras colectivas de historia nacional publicadas durante 2010 por dos instituciones académicas: El Colegio de México y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Históricamente fue hace 209 años que el general insurgente Ignacio López Rayón encabezó en 1812 la primera conmemoración del grito independentista en Huichapan, en el actual Estado de Hidalgo.

Aunque hay variantes históricas en los datos, por ejemplo  en  el mismo septiembre de 2010 el  historiador Enrique Krauze en su libro titulado “De Héroes y Mitos”  documentó a través de su artículo  “Desvaríos académicos“ una fecha diferente aseverando que  fue hasta 1825, cuando se realizó la primera ceremonia para recordar la gesta independentista que inició la costumbre de realzar la figura del cura y de otros personajes que participaron históricamente.

En el libro realiza una crítica a la academia histórica mexicana y afirma que a muchos héroes de la Independencia les hace falta una “biografía moderna” y a partidista.

DEL CÓMO LA TRADICIÓN DEL GRITO DE INDEPENDENCIA HA VARIADO

De la fecha de 1812 a 1929 aunque legalmente no existe un protocolo para realizar la ceremonia, el grito tradicional es: ¡Mexicanos!, ¡Vivan los héroes que nos dieron patria!, ¡Viva Hidalgo!, ¡Viva Morelos!, ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!, ¡Viva Allende!, ¡Vivan Aldama y Matamoros!, ¡Viva la independencia nacional!, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”

Desde entonces al menos desde 1929 cada mandatario ha querido dar un cariz distinto a su gobierno y en las palabras que se gritan y producen van de acuerdo a la tendencia política del presidente en turno y también ha variado la sede y el modo en que esta costumbre se da.

Tradicionalmente en el siglo XX el presidente de la República Mexicana solía acudir en el quinto año de su mandato al pueblo de Dolores, donde ocurrió el primer grito, la sede del festejo se ha alternado recientemente con el Palacio Nacional, en la plaza del Zócalo de la Ciudad y cada estado en su plaza principal.

Este siglo XXI el viaje que iniciamos en la máquina del tiempo , registrará en este siglo XXI ,  el segundo año consecutivo en el que no se celebrarán los festejos patrios con asistencia de personas en la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno en Jalisco.

De igual forma, se cerrarán las plazas públicas municipales en todo el estado para evitar concentraciones de personas durante los llamados días patrios.

CONCLUYENDO

Según datos de la UNIVA  77% de los Mexicanos acostumbra celebrar la Independencia de México en este siglo. 75% de los mexicanos sólo muestran orgullo por su nación en fiestas patrias.

Un tercio de los encuestados dice que el Día de la Independencia es una conmemoración especial porque implica el nacimiento de la nación; 32% cree que es un día para celebrar el patriotismo.

65% de los encuestados con un rango de edad de 20 a 30 años, dice que acostumbra ver la ceremonia del Grito de Independencia por televisión y 75% de los encuestados mayores de 50 también lo hacen.

Aunque para la mayoría de los encuestados la conmemoración de la Independencia tiene un significado especial, existe confusión sobre el día en que se celebra, pues muchos lo confunden con la Revolución Mexicana.

Confusión que esperemos sea aclarada, antes que esta fiesta patria se desdibuje en la memoria colectiva de nuestro pueblo. Esperamos que esta tradición y el orgullo ser Mexicanos persista, a través de este siglo y por los anales del tiempo y juntos podamos volver a gritar:

¡VIVA MÉXICO CA…!

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Carlos Ramírez

Indicador Político- Chocan AMLO e IFT por concesión de Telmex sin cumplir convenios de 1990

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Carlos Ramírez

La sospechosa renovación del título de concesión de teléfonos de México en 2016 para el periodo 2026-2056 llegó a Palacio Nacional y causó ya los primeros estragos en  los valores accionarios de Carlos Slim Helú en la bolsa Mexicana de Valores.

El punto más conflictivo radica en la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones en diciembre de 2016 para adelantar la ratificación de la concesión que se vencía hasta 2026 y extenderla por treinta años más hasta 2056, a pesar de que en 1990 se señaló que se podía dar un periodo adicional sólo de quince años; además, la de 2016 fue una decisión provisional que tendría el cumplimiento oficial en marzo de 2026. El adelanto de la aprobación fue para evitar que se debatiera en el periodo presidencial de López Obrador.

Una pregunta sembrada en la conferencia mañanera del jueves 21 por un reportero cuyo sitio en YouTube tiene publicidad de las empresas de Slim provocó una respuesta confusa del presidente de la república y un comunicado oficial del IFT exigiendo que el mandatario sacara las manos del proceso porque, según el organismo, no le corresponde.

Sin embargo, el presidente de la república tiene facultades legales para intervenir en decisiones que tienen que ver con concesiones de servicio público, posee derecho de veto, tiene la responsabilidad de conducir los recursos estratégicos de la república, está facultado para evitar los monopolios privados (como el de Telmex), es responsable de la rectoría del Estado y puede ejercer la aplicación de la vigente ley de expropiaciones que promulgó con sentido nacionalista el presidente Lázaro Cárdenas el 25 de noviembre de 1936.

La confusión no aclarada por el IFT se encuentra en ratificación del título de concesión. Sin embargo, ese título entregado por el presidente Carlos Salinas de Gortari vencerá en 2026, permitiría una extensión por solo quince años más, y de manera formal el servicio telefónico regresaría a manos del Estado y el Estado tendría la facultad de otorgar la concesión a Slim o a otra empresa o mantenerla bajo su dominio por razones estratégicas y de seguridad nacional.

En todo caso, el Instituto estaría en la obligación institucional de anular este proceso y en el 2023 abrir otro de acuerdo con las circunstancias actuales. Las razones que emitió en el 2016 el IFT para embargar su oficialización siete años hasta marzo del 2023 sirven hoy para revisar el funcionamiento de la empresa en manos de Slim por otros treinta años: las modificaciones a los servicios de comunicaciones por avances tecnológicos. Suena absurdo adelantar la aprobación, aguantarla siete años y aprobarla por las razones de 2016.

Mientras todo esto ocurre, Teléfonos de México ha entrado en una etapa de desensamblaje porque el empresario Slim le está quitando funciones y algunos servicios que ha ido pasando a sus dos empresas privadas fundadas desde Telmex: América Móvil y Telcel. Esta semana se decidirá el emplazamiento a huelga que hizo el sindicato de Telmex acusando a Slim de transferir a trabajadores y jubilados a sus empresas privadas sin reconocerles antigüedad ni derechos.

La estrategia de Slim pudiera ser la de dejar a Telmex como un esqueleto al servicio de sus negocios privados en telefonía, todo ello incumpliendo con impunidad las condiciones establecidas en el título de concesión de 1990 de apoyo al sector social. En pocas palabras, Slim está exprimiendo Telmex para fortalecer a América Móvil y a Telcel con acciones que estarían violando el título de concesión y por lo tanto el Instituto estaría obligado a suspenderlo.

En estas circunstancias, para cumplir su papel de regulador real y no formal del área de telecomunicaciones, el IFT estaría obligado a revisar bajo condiciones y circunstancias de hoy el título de concesión que de manera sospechosa ratificó hace cinco años y lo mantuvo en la congeladora. Los datos de la revisión del contrato colectivo y las quejas del sindicato son argumentos suficientes para concluir que Slim no ha cumplido con los compromisos de la concesión.

En este contexto se debe leer el comunicado de prensa del IFT que le exige al presidente López Obrador que no se meta en una concesión estratégica del Estado. Pero el IFT debería de leer y atender el análisis de Telmex que publicó a finales del 2014 el expresidente Salinas probando el incumplimiento de Slim de los compromisos de la concesión de 1990.

 

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Política para dummies: la política siempre beneficiará al más fuerte y siempre se sabrá quién es el poderoso.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

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Nacional

Brújula Pública-Falta planeación

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Rodolfo Aceves Jiménez*

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública contiene 8 objetivos de donde se desprenden las principales acciones para erradicar la seguridad en el país.

Entre sus objetivos se encuentran la erradicación de la corrupción y reactivación de la procuración de justicia, el pleno respeto de los derechos humanos, la regeneración ética de la sociedad, reformular el combate a las drogas, la construcción de la paz, la recuperación y dignificación de los centros penitenciarios y la seguridad pública, seguridad nacional y paz.

Entre lo pendiente que tiene la Estrategia se encuentra la creación de la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés así como la creación del Consejo para la Construcción de la Paz; la primera para ampliar el rango de combate a la corrupción y, el segundo, como instancia de vinculación y articulación entre todas las instituciones y actores de México y del extranjero que trabajen por la paz.

La Estrategia tiene relación con el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana, de donde se desprenden las acciones de la Secretaría de Seguridad.

Según este Programa Sectorial tiene cinco programas especiales. El Programa Nacional de Seguridad Pública, el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, el Programa Nacional para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Secuestro, el Programa para la Seguridad Nacional y el Programa Nacional de Protección Civil.

Son programas que complementan los objetivos y acciones que se desprenden del Programa Sectorial citado, en cada rubro de especialidad.

El problema consiste en que no han sido publicados y, por tanto, se opera con los programas de las anteriores administraciones.

Esto presenta un conflicto programático, debido a que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública es un documento aislado que suma diversos objetivos y acciones de los Programas.

También presenta una falta de alineación con el presupuesto del Ramo 36 que ejerce la Secretaría de Seguridad, debido a que quedaron aislados, aun cuando el Programa Sectorial sí los señala.

La política pública distribuida en competencias entre la Federación, las Entidades Federativas y sus Municipios parece que no tiene hilos conductores o voluntad para colaborar de manera conjunta por mejorar la seguridad. El interés político partidista o político electoral supera la voluntad por ejercer las funciones de seguridad.

Por eso es que la ausencia de autoridad en algunos municipios del país es un ejemplo de cómo el Estado y sus instituciones abandonan sus funciones sustantivas en seguridad permitiendo que impere el desorden y la delincuencia amplíe sus dominios.

Entre las funciones abandonas se encuentra, por supuesto, la seguridad, la regulación de las actividades económico-productivas y que ahora la delincuencia ejerce esas funciones por el cobro de un derecho, la prestación de algunos servicios públicos, principalmente.

Y además claro está la ausencia de estos Programas.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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Carlos Ramírez

Indicador Político-Rompen Slim y Pérez Simón; Telmex, a revisión

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Carlos Ramírez

Aunque el tema pudiera tienes referencias de manera exclusiva en México, en realidad el espacio económico y social en España de Teléfonos de México, Carlos Slim Helú y su exsocio Juan Antonio Pérez Simón ha sido creciente en manera importante. Slim por los negocios y Pérez Simón por su influencia en el ámbito cultural y en el espacio de la monarquía.

El primer dato que llama la atención ha sido el silencio que ha tenido la ruptura de relaciones personales y de negocios entre Slim y Pérez Simón, que habían participado en la sociedad original en 1990 para comprar la empresa estatal Teléfonos de México. En 2018, de manera agresiva, Slim despidió a Pérez Simón de la sociedad y le liquidó su participación en la empresa.

Ahora Teléfonos de México enfrenta un período de año y medio de debate público porque el título de concesión vencerá en el 2023 y tendrá que renovarse por treinta años más. por ahora, Slim y Telmex lograron capitalizar las relaciones políticas y de poder con el régimen priísta para la aprobación adelantada de la concesión en el 2016, pero que deberá ser ratificada en marzo del 2023.

La historia de las privatizaciones de empresas públicas en México durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se ha reabierto hoy con la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de proponer el regreso del dominio del Estado a la Comisión Federal de Electricidad, liquidando la apertura a la inversión privada en ese sector con la reforma eléctrica de 2013 realizada por el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El debate sobre esta reforma a la reforma va a revisar de manera crítica el modelo de las privatizaciones realizadas por Salinas de Gortari en cuando menos tres sectores fundamentales y estratégicos: la banca privada, la industria siderúrgica y Teléfonos de México.

Slim y Peña Nieto unieron fuerzas en el 2014 para modificar la estructura de concesiones de espacios que son propiedad de la nación por mandato constitucional, entre ellos la telefonía: la decisión de otorgar concesiones en las telecomunicaciones pasó del presidente de la república –por su carácter estratégico– al Instituto Federal de Telecomunicaciones formado por funcionarios especializados en el tema y votados en el Congreso a propuesta presidencial. El argumento fue el de despolitizar y profesionalizar la toma de decisiones.

El siguiente movimiento político fue el de adelantar en 2016 la extensión del título de concesión que vencería en 2023. En ese año de 2016, la fuerza política del presidente Peña Nieto había entrado en severo colapso por el caso de la Casa Blanca –una nueva residencia privada del mandatario que había sido construida con dinero de contratistas del gobierno– y el colapso político provocado por la desaparición y presunta liquidación de 43 estudiantes normalistas de Guerrero.

Ante las expectativas en 2016 de que el candidato opositor López Obrador estaba encabezando todas las encuestas de elecciones presidenciales del 2018, Slim operó con Peña Nieto un candado adelantado para la concesión de Telmex. Sin embargo, por razones legales, la ratificación de la extensión de la concesión por treinta años más concedida en 2016 tendría que oficializarse en marzo de 2023, dentro de dieciocho meses.

La privatización de Telmex marcó el sentido de las privatizaciones de empresas públicas que realizó el presidente Salinas de Gortari. En el imaginario popular quedó la interpretación de que hubo una decisión política en la entrega de Telmex a Slim y hasta la fecha no ha podido borrarse la idea de un paquete accionario fantasmal en manos del expresidente.

Salinas ha tenido que combatir con ese ambiente. En diciembre de 2014 Salinas publicó dos textos en el periódico El Financiero para dar su explicación sobre Telmex y señalar que Slim traicionó el sentido de desarrollo de esa privatización y convirtió la empresa en un pivote de enriquecimiento personal y familiar aprovechando los errores de regulación del Estado que siguen hasta la fecha. Salinas, inclusive, reveló que la verdadera fortuna de Slim no está en Teléfonos de México, sino en el consorcio América Móvil que construyó un imperio continental a partir de la telefonía celular derivada de la telefonía fija. En 2014 Salinas dijo que América Móvil valía 100,000 millones de dólares, dato que aumentaría exponencialmente la fortuna del empresario de origen libanés.

La ruptura de Slim con el empresario Pérez Simón ha comenzado a provocar algunas preguntas En España, donde Pérez Simón ha desarrollado actividades de apoyo a museos y ha mantenido una relación de alto nivel dentro de la monarquía. Cuando Slim lo despidió como accionista de Telmex, Pérez Simón dijo que no necesitaba más dinero y que se dedicaría a la promoción y protección de la cultura, a partir de la posesión de una de las más importantes y valiosas colecciones de pinturas y esculturas.

Por cierto, una versión aún no impresa de las memorias de Pérez Simón está causando inquietudes en la familia Slim Helú.

Aunque no hay ahora ninguna iniciativa del Gobierno de López Obrador para modificar la condición de Teléfonos de México como empresa concesionada a Slim Helú, el periodista José Martínez Mendoza –autor de una biografía sobre el empresario– reveló el hecho de la ratificación de la extensión de la concesión en marzo del 2023 y el asunto ha comenzado a analizar el papel de la telefonía como uno de los pivotes del nuevo modelo de desarrollo mexicano.

El debate es muy sencillo: las empresas públicas fueron privatizadas porque el Estado no contaba con recursos para su modernización, pero pidió que su operación empresarial ayudar a al desarrollo y al bienestar. A la vuelta de más de treinta años, Telmex aparece como un monopolio de las conexiones y ayudado solo a construir una de las fortunas familiares más importantes de la historia del México independiente, pero sin contribuir a la dinámica productiva nacional.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

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