Por Laura Gutiérrez Franco
La cuenta regresiva para el 11 de junio tiene los reflectores del mundo puestos sobre el Estadio Ciudad de México,por la inauguración del Mundial 2026, pero también ha encendido las alarmas políticas y logísticas. Lo que se perfila como la máxima fiesta del balompié corre el riesgo de convertirse en el escenario de un profundo reclamo social que, si bien ocurrirá en el territorio que gobierna Clara Brugada, no va dirigido contra ella, sino directamente contra la falta de resultados del Gobierno Federal. Sin embargo, el factor más crítico en esta ecuación es la estricta postura de la FIFA respecto a sus perímetros de seguridad.
Diversos colectivos y organizaciones que se encuentran sumamente enojados con la administración federal —como agrupaciones del campo, colectivos de madres buscadoras y facciones de la CNTE— planean aprovechar el foco mundial de la inauguración para realizar mítines y manifestaciones masivas en los alrededores del Estadio Ciudad de México.
El problema central es cómo se va a manejar esto con la FIFA. El organismo internacional es sumamente celoso de sus eventos y opera bajo manuales muy estrictos donde los estadios y sus inmediaciones quedan prácticamente bajo su jurisdicción y control logístico durante el torneo. La FIFA se molesta profundamente —y contempla sanciones severas— si se realizan mítines, bloqueos o actos políticos alrededor de los inmuebles oficiales, ya que sus protocolos exigen entornos controlados y garantizados para los aficionados y patrocinadores.
Una movilización de esta magnitud de mala manera deprimirá la imagen organizativa de México y desatará un choque directo con las exigencias del máximo organismo rector del fútbol.
La irresponsabilidad local: El peligro del balizamiento morado
Mientras el conflicto federal amenaza la periferia del estadio, a nivel local la gestión de Clara Brugada ya enfrenta la indignación de los vecinos debido a una negligencia civil directa: la alteración de la infraestructura vial por motivos partidistas.
En un afán de imponer el color de Morena, el gobierno de la ciudad mandó pintar de morado las vialidades y señalamientos urbanos que, por estricta norma técnica y de seguridad internacional, deben ir en color amarillo. Los ciudadanos están muy molestos porque el amarillo tiene la función vital de poner a los automovilistas en alerta ante zonas de peligro, vueltas complicadas o reducción de velocidad. Los colonos advierten que borrar este código de color para sustituirlo por el morado reduce drásticamente la visibilidad; si llueve o se transita de noche, el riesgo de accidentes viales es altísimo. Cualquier percance vial que ocurra por esta ocurrencia visual será consecuencia directa y responsabilidad absoluta del gobierno de Clara Brugada.
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