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Carlos Ramírez*

El tono en que está redactada la carta del presidente López Obrador solicitando al Senado y a la Suprema Corte una consulta sobre las conductas económicas presuntamente delictivas de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pudiera llevar a una rupturasistémica de lo que parece ser sólo una transición dentro de una transición.

Por el contenido del texto, López Obrador está marcando un deslindamiento histórico. No se trata sólo de acusaciones que refieran modelos de política económica, sino acusaciones que estarían tipificando delitos concretos contenidos en el código penal. Por lo tanto, la única forma de legalizar ese proceso sería con una ley de ruptura histórica o, como ocurre en países que construyeron democracias sobre las cenizas de dictaduras, una ley de memoria histórica.

Ahora mismo, por ejemplo, la alianza en España entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Unidas Podemos y como acompañantes los resabios del Partido Comunista de España de Santiago Carrillo y La Pasionaria, están terminando de destruir las ruinas del franquismo –el Valle de los Caídos y la Fundación de Franco– para transformar a posteriori la transición española en una ruptura revolucionaria que se eludió en la transición pactada de 1978.

Las acusaciones del presidente López Obrador a cinco expresidentes de la república –tres del PRI y dos del PAN, los cinco articulados por una misma política económica– son lo suficientemente válidas como para crear ya una ley de memoria histórica que señale responsabilidades legales a quienes llevaron al país al hoyo de la gran crisis neoliberal 1983-2018.

La victoria presidencial del PAN en julio del 2000 no fue producto de algún modelo de transición pactada a la democracia, sino resultado del desmoronamiento del PRI, de la pérdida priísta del control procesal de las elecciones y del hartazgo ciudadano. Sin embargo, el PAN en la presidencia 2000-2012 careció de un esquema de ruptura con el sistema/régimen/Estado priísta y esos dos sexenios fueron, en los hechos, una continuidad del sistema-PRI.

El dilema y desafío de López Obrador, Morena y la 4-T radica en fijar, ahora sí, una ruptura con el modelo sistémico priísta para desarrollar una transformación de estructuras o deslindarse sólo de discurso del viejo régimen, pero mantener las variables priístas. Hasta ahora, la 4-T sólo se asume como posneoliberal, pero sin fijar nuevas relaciones sociales de producción que definan los objetivos de creación y distribución social de la riqueza más allá del camino fácil de los dardos verbales que en nada modifican la estructura neoliberal.

La carta presidencial para juzgar a los cinco últimos presidentes de la república hermanados por un mismo modelo neoliberal de gobierno podría ser el comienzo de una ruptura histórica de proyectos de nación o se quedará en mero planteamiento retórico. López Obrador ha sido muy certero en establecer efectos sociales negativos de presuntos delitos económicos y productivos, como alguna vez los planteó en una demanda en la antigua PGR.

A la carta le falta incluir al presidente Miguel De la Madrid –ya fallecido–, porque fue el responsable directo de las reformas constitucionales para pasar –en el razonamiento ideológico conservador de Carlos Salinas de Gortari en julio de 1985– del Estado social posrevolucionario al Estado autónomo de compromisos sociales que ha sido la esencia del ciclo neoliberal 1983-2018. Ese tránsito hubo de tener la principal ruptura interna en el PRI con la salida de la Corriente Democrática de Cuauhtémoc Cárdenas a la que se sumó López Obrador en 1988 al aceptar la candidatura frentista a gobernador de Tabasco en 1988.

El presidente López Obrador tiene elementos suficientes para fijar una ruptura real con el neoliberalismo. El juicio a expresidentes podría ser el primer paso o quedarse sólo en un acuerdo de sanación.

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 Política para dummies: La política es el campo de las grandes decisiones históricas o el territorio de los engaños.

 

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Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Asalto al Capitolio no fue golpe de Estado ni insurrección revolucionaria

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Carlos Ramírez*

Entre el silencio del expresidente Barack Obama como líder de la tibia ala progresista de los demócratas y la desaparición del presidente electo Joseph Biden sin control dominante sobre el Partido Demócrata, la reinaNancy Pelosi se ha erigido como la presidenta en funciones de los EE. UU. en los últimos quince días del periodo constitucional del presidente Donald Trump y con sus acciones ha definido el margen de maniobra estrecho de la próxima administración.

Lo de menos es que la reina Pelosi logre destituir al presidente constitucional; la parte más delicada del problema estadunidense se localiza en los grupos radicales y en el 47% del electorado que voto por Trump a pesar de la campaña en su contra y en el fermento de la guerra civil entre facciones existentes desde la fundación del imperio. Trump se ha fortalecido como líder de una fuerte y grande facción rebelde en los EE. UU. que seguirá en activo.

Lo grave del asunto era el cálculo político estratégico: ¿encabezaba Trump un golpe de Estado para quedarse en la Casa Blanca sin atender el proceso institucional electoral?

Los sucesos del miércoles 6 no llegaron a configurar indicios de un golpe de Estado porque ninguna institución civil o militar participó en ella ni tampoco mostraron el inicio de alguna revolución porque faltaban masas en las calles.

La candidatura de Trump en 2016 y 2020 se coló por los resquicios del sistema político-electoral, porque en ambos casos ganó la candidatura vía elecciones primarias, es decir, por el voto popular. Con ello, Trump asumió una representatividad de una parte de la sociedad –no sólo del electorado– estadunidense que funciona dentro del Estado y ausente en las votaciones: la parte social anti Estado capitalista.

La propia configuración de clases dentro de los EE. UU. ha permitido la existencia y funcionamiento de grupos radicales, todos ellos protegidos por la Segunda Enmienda constitucional que permite no sólo la compra libre de armas, sino la organización de milicias armadas al margen de controles del Estado. A lo largo de su existencia, el Estado estadunidense había sabido lidiar con esos grupos.

Un análisis frío de los sucesos del miércoles 6 en el Capitolio podrían llevar a escenarios diferentes a la narrativa de la reina Pelosi. Por principio de cuentas, no fue una insurrección; es decir, no se trató de un levantamiento popular para derrocar al gobierno y al sistema político; los grupos radicales convertidos en turbamulta irrumpieron en la sede del poder legislativo, hicieron destrozos, se tomaron fotos, deambularon por los pasillos, no secuestraron a los representantes y fueron atajados en algunas zonas del edificio por policías disparando. Horas después, los invasores abandonaron el Capitolio con tranquilidad.

Luego de la irrupción, ningún líder político se apropió de los grupos invasores, no hubo ninguna proclama directa de combatir por las armas, hasta ahora no existe ningún llamamiento a impedir el proceso constitucional de calificar elecciones, designar presidente electo y jurarlo el 20 de enero. Para el 20 se prevén choques de violencia, pero nada que tenga que ver con golpe de Estado para apropiarse del gobierno y del Estado.

La insurrección es el acto revolucionario, de derecha o izquierda, para organizar la destrucción de un sistema/régimen/Estado/constitución con el propósito de instaurar otro grupo y otro régimen en el poder. Trump sólo azuzó las pasiones de sus seguidores y el mismo careció de una propuesta de ruptura del orden constitucional para quedarse otros cuatro años o más en el poder. El acto de legitimación del presidente electo el miércoles 6 siguió su curso bajo la responsabilidad política del vicepresidente Mike Pence, a pesar de las insidias de Trump de que Pence debía de cumplir su tarea política de evitar ese proceso. No fue así. Todavía con el pánico a la violencia de horas antes, los representantes votaron el mismo día el ungimiento de Biden como presidente electo oficial y días después la moción de impeachment del presidente constitucional en funciones.

Lo que viene es el costo político de los resentimientos de la reina Pelosi. No se sabe hoy si se bloqueará, por proceso judicial, que Trump sea candidato a senador o a presidente, pero la crisis en realidad no se localiza en Trump sino en las masas sociales radicales de derecha a ultraderecha –el 47% del electorado– que ya probaron la fuerza de sus violencias y entendieron que el régimen actual estadunidense no les deja espacios para la lucha institucional.

El problema, por tanto, no es Trump, sino el régimen de un establishment que controla el gobierno de los EE. UU.

 

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Política para dummies: La política está en los dobleces.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Asalto al capitolio, falla de seguridad; ni terrorismo ni insurrección miliciana

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Carlos Ramírez*

Una vez que los grupos radicales rompieron la valla de seguridad del Capitolio y se enfrentaron a pasmados y paralizados agentes –no de miedo sino de ausencia de entrenamiento y sin protocolos–, los grupos invasores nosupieron qué hacer y se dedicaron al chacoteo, a tomarse fotos en los escritorios importantes y a regodearse de su hazaña.

En este sentido, el asalto al Capitolio el miércoles 6 de enero no fue un ataque terrorista interno ni una insurrección armada ni una guerra civil encabezada por milicias. Los responsables, que se quitaron la máscara que ocultaba su rostro, se mostraron sin rubor para las fotos y salieron tan campantes como entraron. Por eso uno a uno han sido arrestados con cargos inflados que pudieran ser de terrorismo e insurrección, pero sólo para ayudar al proceso político de la reina Nancy Pelosi en su obsesión por derrocar al Donald Trump que se le ha escurrido entre los dedos de la mano.

Otra cosa podría ser lo del domingo 17 al miércoles 20. Un volante impreso de un cuarto de tamaño carta está circulando con avisos ominosos: convocan a una “marcha armada” hacia el Capitol Hill de la capital de la nación en el corazón de Washington DC y similares contra todos los edificios de Capitolios de las capitales de los estados. La cita es a las 12 del día del domingo 17, tres días antes de la protesta de Joseph Biden como presidente de los EE. UU. en una ceremonia a cielo abierto a la mitad de las escaleras del Capitolio, luego habría un almuerzo del nuevo presidente con el poder legislativo y más tarde el famoso desfile por la Avenida Pennsylvania de manera normal dentro de la limusina con blindaje superior y casi siempre caminando algunas calles. En el 2017, el día de la toma de posesión de Trump, hubo choques entre simpatizantes del nuevo presidente con grupos antifaantifascistas, de filiación de izquierda radical– vestidos de negro y todos con máscaras antigases.

Hasta ahora hay dos problemas: el FBI detectó a tiempo el operativo de asalto al Capitolio y no supo cómo procesar esa información como documento de inteligencia –la información no es inteligencia– y existen sospechas de que grupos policiacos simpatizan con los supremacistas tomando en cuenta que el movimiento Black Live Matters se pronuncia en todo el país con violencia para protestar contra la brutalidad policiaca contra afroamericanos y minorías hispanas.

Una información del The Washington Post el pasado martes 12 reveló la existencia de un reporte informativo del FBI que alertaba de la organización del asalto al Capitolio, pero que nunca se procesó como inteligencia consolidada. Se habría cometido, por segunda ocasión, el error de información-inteligencia del 2001 cuando el FBI detectó a grupos musulmanes que estaban tomando clase de manejo de aviones con la declaración formal a los maestros de que no les interesaba aterrizar aviones, sino sólo mantenerlos en vuelo. Agentes de la CIA alertaron de indicios de ataques terroristas que la CIA formal y el FBI desdeñaron, lo que ha alimentado las teorías de la conspiración sobre el 9/11 del 2001,

La oficina del FBI en Norfolk, Virginia, cerca de la capital DC, captó intervenciones telefónicas que hablaban de que “el congreso necesita escuchar vidrios rotos, puertas pateadas y derramamiento de sangre”, pero esos datos nunca se procesaron como base de inteligencia preventiva. Después del ataque un jefe de la oficina de Campo del FBI en Washington afirmó que “no había indicios” de violencia en la protesta, a pesar de las intervenciones telefónicas y del discurso del president Trump alentando a los alborotadores. La información fue catalogada como “no amenaza de seguridad” y acreditaron las palabras fuertes a la retorica de la ultraderecha supremacista, pero a pesar de ataques anteriores de violencia racista,

Los datos del The Washington Post, basados en reportes primarios del FBI, han alimentado las percepciones de que la violencia en el Capitolio pudo haber sido prevista y neutralizada y que organismos policiacos prefirieron noprofundizar las evaluaciones y no supieron cómo intervenir. El incidente del 6 reveló la inexistencia de protocolos de seguridad dentro de instituciones emblemáticas como el Capitolio, donde agentes de seguridad desenfundaronsus armas ante alborotadores que portaban armas automáticas de alto calibre. El temor era que una balacera hubiera desembocado en legisladores muertos.

Para la protesta del domingo 17 se ha decretado estado de sitio con policías, guardias nacionales y cuerpos antiterroristas deambulando por las calles, pero tampoco se nota el arresto de posibles líderes radicales.

 

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Política para dummies: Los peores enemigos de la política son el rencor y el miedo.

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Indicador Político- EE. UU.: estado de sitio; crisis de sistema/régimen/Estado/democracia

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Carlos Ramírez*

De hoy miércoles 13 al miércoles 20 de enero el sistema/régimen/Estado/democracia de los EE. UU. enfrentará una insurrección acreditada –aunque no apoyada– por el 47% de los electores trumpistas y el presidente demócrata electo Joseph Biden jurará el cargo en medio de un estado de sitio.

El impeachment contra el presidente Donald Trump sólo sobrecalentará los ánimos y ayudará a polarizar más la violencia. Los demócratas y sus aliados conservadores-republicanos-sistémicos nunca entendieron el fenómeno político de Trump y el puritanismo fundador de los EE. UU., se dedicaron a denostar al presidente saliente y permitieron la consolidación de una tercera fuerza radical que está rompiendo el duopolio monopólico –una forma de ilustrar la alianza demócrata-republicana– que ha dominado el país vía los lobbies de interés económico, intelectual, militar e ideológico.

El día en que la élite dominante decida buscar una explicación del trumpismo se va a encontrar que a lo largo de varias décadas se construyó en los EE. UU. un bloque de poder social anti Estado, anti establishment y anti capitalismo y con ellos se formaron las milicias supremacistas al amparo de la Segunda Enmienda que permite las armas. La élite del poder fue revelada por C. Wright Mills en 1956 como la organización que domina las decisiones del imperio y está constituida por tres estructuras que operan como engranes o dominios: el económico, el político y el militar. Esta estructura fue determinada por los tres conflictos que marcaron la hegemonía autoritaria del capitalismo: el control económico en Bretton Woods en 1944, la guerra fría salpicada por Corea, Vietnam, Cuba y ahora el musulmanismo ideológico y el anti terrorismo musulmán.

La élite gobernante de los EE. UU. percibió el desmoronamiento de la URSS como el fin de la historia y no una nueva etapa de relaciones de poder mundial. El modelo pendular republicanos-demócratas fue roto por la aparición en 2016 de Trump y su discurso puritano, supremacista, empresarial, de masas y sobre todo anti Estado. El problema de Trump, sin embargo, radicó en la pérdida del enfoque sistémico que tenía Steve Bannon, en el ejercicio despótico del poder y en la falta de un partido propio y sólo deshaciendo a los republicanos. Algunos demócratas pudieron entender la lógica destructiva sistémica de Trump y buscaron atraerse a los republicanos neoconservadores institucionales –tipo John McCain, George Bush Jr. y algunos reaganianos sobrevivientes– del viejo régimen imperial.

El juicio contra Trump, su destitución y el aplastamiento de sus seguidores con el uso de la fuerza policiaca y militar en estos días nada tienen de defensa de la democracia, sino que están vinculados con la supervivencia de la democracia capitalista imperial de la élite dominante de grupos de interés y de lobbies del poder corporativo, militar, político e intelectual. Este bloque de poder ve en Trump al destructor del capitalismo hasta ahora conocido y los fermentos de un fascismo irracional, diferente al fascismo institucional existente ahora y determinado como la “dictadura del gran capital” imponiendo su orden y control sobre las economías del mundo.

Las movilizaciones del 6 al 20 de enero ya estremecieron al mundo –como la Rusia que contó John Reed en 1917– en su primera semana del 6 al 15 y encontrarán su Día D el domingo 17 como para saber si el miércoles 20 habrá, ahora sí, algún indicio de guerra civil formal y real entre milicias ultras armadas y las fuerzas de seguridad del Estado. En medio de los conflictos aparece una tambaleante y deslegitimada democracia que fue incapaz de procesar los comportamientos de un Trump que ha tenido cinco años –de las campañas de 2016 a las elecciones de noviembre pasado– sin oposiciones institucionales ni sistémicas reales. Los demócratas y antitrumpistas se confiaron en que Trump iba a ser aplastado en las urnas, pero se encontraron con Trump y aliados con el 47% de votos populares y una diferencia de 34.8% de votos electorales por Biden contra 23.7% por Trump.

La ofensiva demócrata con republicanos sumisos y timoratos para destituir a Trump sólo busca anularlo como candidato a senador en el 2022 y presidencial en el 2024, pero ignora el hecho de que Trump es líder de un movimiento de masas informe y violento. Si la violencia aumenta con acciones de protestas a balazos hoy miércoles o el domingo 17, entonces Trump habrá ganado la batalla política fracturando a unos EE. UU. que yaestaban divididos, pero que los demócratas y republicanos institucionales nunca quisieron reconocer.

 

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Política para dummies: La política se resuelve en las calles cuando no encuentra acuerdos en las instituciones.

 

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