Tiempo Nuevo
La inseguridad golpea a la nación.
Mientras se evalúa dentro de Morena cuál será la posición que puede asumir Miguel Barbosa en el Gobierno, luego de la definición judicial electoral que favorece a Martha Erika Alonso al frente del Gobierno de Puebla, la entidad reacciona ante las violencias.
Particularmente en Jalisco, y sobre todo en Puebla, se han generado condiciones de consenso de la alerta en que se hallan las capacidades institucionales frente a las habilidades de los delincuentes, a quienes deben detener los Gobiernos estatal y federal.
Como no había sucedido en varios años, 39 instituciones académicas públicas y privadas, cúpulas empresariales, asociaciones y organismos civiles plantean “a todas las autoridades” asumir la gravedad del problema de esa entidad, una de las cinco de mayor relevancia a nivel nacional y una de las pocas que aún es capaz de gobernar la oposición a Morena después de una muy debatible decisión judicial asociada tanto al uso del erario como a una muy cerrada contienda electoral.
Sólo en Puebla, el robo de combustible alcanza 11 mil 240 tomas clandestinas; el robo a transporte llegó a dos mil 207 eventos este año; se han registrado mil 620 homicidios; ha habido 41 secuestros; las aseguradoras y el Ministerio Público tienen el reporte de cinco mil 15 robos de vehículos y otras autoridades reportan al menos 153 extorsiones denunciadas este año.
El clamor de las élites académicas, empresariales y algunos organismos representativos de la comunidad poblana es que la respuesta del gabinete de seguridad, de los legisladores, el Gobierno estatal y las autoridades municipales sea pronta y eficiente ante los datos que parecen romper récords históricos del desorden de seguridad que ahora padece la entidad.
Hay dos datos adicionales que deben destacarse.
El primero es la oferta y la enunciación que el presidente López Obrador ha hecho del tema de los huachicoleros, involucrados en una cadena de incidentes que involucran prácticamente a todos los demás delitos de manera directa e indirecta, lo cual implica un compromiso ante los requerimientos de la entidad en un contexto en el cual, por la falta de un clima político adecuado, en la consideración de AMLO, hacen provisionalmente inconveniente visitar el estado.
El segundo es el hecho de que entre los actores dirigentes que protestan por la inseguridad y la delincuencia poblana existe un llamado peculiar a la ciudadanía: la necesidad de un cambio de actitud “que favorezca a la seguridad pública, el combate a la corrupción y la impunidad” y permita el respaldo a las autoridades, así como el llamado a fortalecer valores, solidaridad y participación ciudadana.
En la conmoción de seguridad de Puebla se asoma un principio casi indiscutible de las soluciones que requerirán entregar los gobernantes. Hablamos de una coordinación ubicable por encima de la lucha de los intereses particulares; en este caso los partidarios y los que tienden a dividir la voluntad nacional de una manera improductiva.
Ése podría ser un verdadero camote… y no de los más dulces.
@guerrerochiprés
