Por: Amaury Sánchez
Desde el pasado 3 de diciembre, el Congreso local enfrenta una ausencia que no debería prolongarse: la Unidad de Vigilancia, clave en la supervisión de la Auditoría Superior del Estado, sigue sin titular. Un vacío que no solo compromete el equilibrio del sistema de fiscalización, sino que también pone en entredicho el compromiso de los legisladores con la transparencia y la rendición de cuentas.
Este escenario exige respuestas firmes y acciones inmediatas. En este sentido, la Comisión de Vigilancia y del Sistema Anticorrupción, encabezada por el diputado Alberto Alfaro, ha asumido la responsabilidad de abrir una convocatoria pública para elegir al nuevo titular. Un proceso que, lejos de ser un simple trámite, representa una oportunidad invaluable para fortalecer los mecanismos de control que garantizan el correcto uso de los recursos públicos.
Sin embargo, la reciente cancelación de la sesión en la que se aprobaría la convocatoria –por falta de quórum– envía un mensaje preocupante. La inasistencia de cinco legisladores a un debate de esta magnitud no solo frena la agenda de fiscalización, sino que también deja en evidencia la urgencia de un mayor compromiso por parte del Congreso. La fiscalización no es un tema secundario, ni debe estar sujeto a dilaciones políticas.
Como bien ha señalado el diputado Alfaro, la persona que ocupe este cargo debe ser la más eficaz y honesta, pues su labor es auditar al auditor. No se trata de una designación más, sino de un pilar fundamental para que la Auditoría Superior del Estado rinda cuentas con absoluta claridad. La transparencia comienza desde la raíz, y esta Comisión tiene en sus manos la posibilidad de blindar la confianza ciudadana en las instituciones.
El reto es claro: el Congreso debe actuar con responsabilidad, garantizar que el proceso de selección se realice con los más altos estándares de integridad y evitar que esta vacante se convierta en una grieta por donde se filtre la opacidad. La sociedad exige instituciones sólidas, mecanismos de control eficientes y servidores públicos que prioricen el interés colectivo sobre cualquier otra consideración.
El momento de demostrarlo es ahora.
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