Por Laura Gutiérrez Franco
La libertad de prensa en Veracruz ha vuelto a ser sepultada bajo el peso del plomo y el terror. El violento secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, fundadora del portal digital Pulso Informativo del Sureste, no solo es un ataque directo a su integridad, sino un recordatorio brutal de que en la entidad el periodismo libre es acosado, maltratado y desprotegido por las propias autoridades que deberían garantizar su seguridad.
Los hechos ocurrieron la mañana del pasado martes 2 de junio en Nanchital, al sur del estado. Un comando de hombres armados y encapuchados destrozó a golpes la puerta de su hogar, ignorando los gritos de auxilio de su familia y la presencia de una bebé, para llevársela por la fuerza. El perturbador video que la comunicadora alcanzó a grabar antes de ser sometida es el testimonio vivo del desamparo absoluto en el que operan los informadores en la región.
Hasta el momento, las horas pasan sin que se tenga noticia de su paradero. El hecho de que los captores no hayan establecido contacto ni solicitado un rescate económico refuerza la principal hipótesis que sostienen organizaciones civiles y de derechos humanos: no se trata de un secuestro común, sino de un acto de censura e intimidación por su labor profesional. La principal línea de investigación apunta a las recientes publicaciones de Guzmán Ramírez, quien en los días previos al ataque había visibilizado severas quejas ciudadanas y presuntas irregularidades administrativas en el ámbito municipal. Atacar al municipio en Veracruz se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
Este caso se suma a una lista negra que parece no tener fin. Veracruz se consolida año tras año como una de las zonas más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo, acumulando decenas de asesinatos, agresiones y desapariciones forzadas en la última década que permanecen en la más absoluta impunidad.
Ante este panorama, la gestión de la gobernadora Rocío Nahle no solo ofrece nulos resultados, sino que exhibe una alarmante indolencia. La opinión pública y los gremios informativos señalan de manera directa a un gobierno percibido como corrupto, de malas intenciones y cuyos resultados en materia de seguridad son desastrosos. Lejos de tender puentes o brindar las garantías mínimas para que los medios de comunicación realicen su trabajo con libertad, el aparato estatal se ha caracterizado por el acoso, la estigmatización y el abandono hacia la prensa independiente.
La exigencia es clara y urgente: no hay espacio para la simulación ni para boletines oficiales que prometen investigaciones eternas. Se exige al gobierno del estado y a las autoridades ministeriales actuar con inmediata celeridad para localizar con vida a Roxana Berenice Guzmán. Cada minuto que pasa sin respuestas es un síntoma de un Estado fallido que prefiere callar las voces críticas antes que combatir la corrupción que lo carcome desde adentro.
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