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Iván García Medina
Con todo, lanza su maquinaria Movimiento Ciudadano para respaldar la campaña de Enrique Alfaro en el 2018. Del Congreso del Estado sus mejores cartas ya están perfiladas y de entrada, dan como un hecho que los diputados Ismael del Toro y Kehila Ku sí irán a las urnas.
De Ismael del Toro, el jueves 19 de octubre Mural publicó una entrevista en la que el coordinador de MC en el Legislativo Jalisco dio a conocer que el 15 de diciembrepresentará su licencia como diputado, pues pretende figurar en los comicios de 2018 y tiene la mirada puesta en la Alcaldía de Guadalajara.
De los diputados que ya tienen el visto bueno para competir también hay luces. El domingo 22 de octubre, El Occidental en una nota de la reportera Rosario Bareño, experta en temas políticos-legislativos escribió de la diputada lo siguiente: “Por la bancada de MC en el Legislativo, varias diputadas pretenden ocupar un lugar en el Gobierno estatal de ganar Alfaro.
“A quienes pondrán en las calles (sic) a hacer campaña es a la diputada Kehila Kú Escalante, pero no porque no la quieran sino porque ha sido la sorpresa en la Legislatura (sic) para bien: sólida (sic), congruente y con quien la ciudadanía conecta, por lo que ella pudiera repetir como diputada”.

Bien, pues se espera que MC arrase en el distrito Xl, es decir que con Kehila Ku los emecistas van a fortalecer y apuntalar la campaña de Enrique Alfaro e Ismael del Toro.
El rompecabezas del 2018 de Enrique Alfaro parece estar concluido.
Aunque en el equipo de la diputada Kehila Ku nadie confirma ese escenario, el distrito once es muy relevante y han optado porque la joven legisladora participe en la candidatura federal pues la diputada no solo ha destacado en materia legislativa, conoce y ha trabajado muy bien su demarcación enclavada en el oriente de la ciudad por lo que generaría altos dividendos electorales a los naranjas.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Nacional

Emmanuel Reyes contra la diabetes

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En medio de la discusión del paquete fiscal, el diputado guanajuatense y Secretario de la Comisión de Salud Emmanuel Reyes fijó postura sobre productos nocivos.
Consideró que el único aumento de impuestos debe aplicarse a la comida chatarra, alcohol y cigarros.
Se estimaba una recaudación de 40,000 millones que son necesarios para combatir las enfermedades que dichos productos ocasionan.
Reyes lamentó que el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) no sufra modificación alguna para el año 2020, en un país en el que miles de personas mueren cada año por cáncer de pulmón y diabetes.
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Gobierno

Columna Seguridad y Defensa; Seguridad y desaparición de poderes:  importa más la política

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Por Carlos Ramírez

La ofensiva cruzada de Morena y PAN sobre iniciativas para desaparición de poderes en estados macados por la violencia mostró una de las peores perversiones de la política: la manipulación de intereses que sólo complican más las crisis.
El PAN anunció su iniciativa de desaparición de poderes en Veracruz por el auge de la violencia delictiva en un estado que gobernó el PAN los dos últimos años y cuya gubernatura perdió en las urnas. Y Morena respondió con iniciativas de desaparición de poderes en Tamaulipas y Guanajuato –con gobernadores panistas– también por aumento de la inseguridad.
En este contexto, los intereses político-partidistas se pusieron por encima de los intereses de la sociedad víctima de la inseguridad. Y con ello se ha probado, una vez más, que la estrategia de seguridad es política y partidista y no, como debiera ser de origen, una política de Estado.
Los políticos y gobernantes suponen que la inseguridad es producto de las acciones de pillos callejeros que ven la oportunidad del delito. El problema, en realidad es complejo: abarca el origen de las bandas delictivas con la participación de fuerzas de seguridad y se puede llegar a lo que ve ahora: la sociedad como pieza clave del asentamiento territorial de la delincuencia en zonas de soberanía territorial del Estado.
Por lo demás, el proceso de desaparición de poderes requiere de un consenso de la autoridad; en el pasado fue fácil la aplicación de esa medida en tanto que los gobernantes destituidos eran del PRI y el PRI tenía el 85% del Congreso. Por tanto, el modelo de desaparición era un método de ajuste interno de cuentas en el priismo. Hoy, sin embargo, el PRI tiene la mitad de las gubernaturas y el PAN y Morena quieren destituir a dos gobernadores panistas y uno morenista.
Si los partidos se distraen con ajustes regionales de cuentas, la inseguridad seguirá creciendo. El día en que los partidos dediquen a la seguridad el esfuerzo que destinan a pelearse unos con otros, la seguridad podría ser, ahora sí, una política de Estado.
La responsabilidad de gobernadores en el aumento de la inseguridad en esas plazas no es cuestionable, pero la duda pregunta si ese dato es suficiente para destituir gobernantes. Es decir, que hace falta un diagnóstico nacional, regional, estatal y municipal del problema de la inseguridad, de su auge, de los grupos delictivos funcionando y de la incapacidad de las autoridades para ayudar a disminuir los delitos.
Y que también para la rendición de cuentas el papel que juega –o debiera jugar– la autoridad federal en la construcción articulada de fuerzas de seguridad en la república.

Ley de la Omertá
El seguimiento analítico de la delincuencia en todas sus formas no ha sido analizado en función de su impacto no sólo en la sociedad, en sus comportamientos, en sus expectativas y en su cotidianeidad, sino que tampoco se ha revisado su efecto en el sistema político. Por lo pronto, la inseguridad ha reorganizado algunos renglones del sistema político.
En 2014 el investigador John Bailey publicó el libro Crimen e impunidad. Las trampas de la seguridad en México (editorial Debate) con el propósito de indagar “la dinámica del crimen como motor principal de la policía mexicana actual”. La tesis de Bailey se centra en lo que llama “las trampas de la seguridad”, donde las estrategias públicas no resuelven la crisis de violencia, sino que la potencian.
La investigación de Bailey demuestra que las estrategias de seguridad de Calderón y del inicio del gobierno de Peña Nieto fue la elusión del tema fundamental: no fueron políticas de Estado, es decir, no involucraron a sectores, partidos y sociedad. El otro problema fue no definir con claridad el tipo de seguridad: ¿pública, humana, ciudadana?
Y la parte central: las estrategias de seguridad han sido improvisadas y aisladas, sin tener candados para evitar que las nuevas fueras de seguridad actúen por su cuenta o se corrompan. Y en el peor de los casos, prefieran pulular por la periferia de la delincuencia porque no basta con tener más policías y mantener los mismos corruptos sistemas de impartición de justicia y prisiones como sucursales del delito.
Bailey señala que los politólogos no han sabido enfocar la crisis de seguridad desde la perspectiva del sistema/régimen/Estado. De qué manera el comportamiento de cárteles, bandas y delincuentes afectan el funcionamiento del sistema en su versión social primaria: las comunidades. Hoy vemos, por ejemplo, que habitantes de zonas calientes del crimen organizado aparecen como escudos humanos de los delincuentes y son la primera línea de ataque contra las fuerzas de seguridad.
La forma en que organizaciones delictivas han sustituido al Estado en zonas territoriales ha sido el último aviso: la delincuencia no sólo produce delitos, sino que compite, ocupa y suple al Estado.  Bailey cita el estudio “construcción competitiva de un Estado” para mostrar que la delincuencia es una amenaza a la desarticulada democracia mexicana.

Zona Zero
·      La reapertura sin sentido político el expediente de la guerrilla de los sesenta y setenta reavivó los resentimientos sociales. Los derrotados de ayer por tomar las armas contra el poder hoy quieren disculpas. Pero el asunto es más complejo: ¿existe alguna corriente política que quisiera, fuera del EZLN, revivir la viabilidad de la lucha armada contra el régimen priísta superviviente?
·      El “homenaje” vía medallas y disculpas a la irracional Liga Comunista 23 de Septiembre podría llevar a suponer que pronto los delincuentes muertos o arrestados van a exigirle al Estado una disculpa por el uso de la fuerza en su contra. Y existen pequeños grupos radicales asumidos como guerrillas que quisieran el espacio político para pronunciarse de nuevo.
·      Sigue creciendo la delincuencia al menudeo. Y las autoridades no saben qué hacer.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

‪seguridadydefensa@gmail.com‬
www.seguridadydefensa.mx
@carlosramirezh

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Gabriel Ibarra Bourjac

Columna: Los hombres del poder; El Constituyente de Alfaro 

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¿Jalisco requiere de un Constituyente que de vida a una nueva Constitución o requiere un nuevo Pacto Social? ¿Deben ir juntos con pegado o puede haber Pacto Social sin nueva Constitución?
¿El problema de la ineficacia de un gobierno, se deriva de un marco jurídico deficiente o de la mala aplicación de las leyes? ¿Es un problema de leyes o es un problema de incapacidad? ¿Son los mejores perfiles los que forman parte del gobierno o son en su mayor parte cuadros relacionados con el grupo gobernante, donde se da cumplimiento a compromisos políticos, de negocios, de caprichos y de egos?
El gobierno que tenemos a juzgar por los resultados es completamente ineficiente. Simplemente si le damos una ligera revisada al aparato de seguridad y justicia, veremos que no funciona en base a lo que nos indican las matemáticas, conforme al entender que me dio el dador de vida. Veamos esta información que publicó El Informador en su edición de este pasado sábado 14 de septiembre y usted saque sus conclusiones:
“Entre enero y agosto del presente año se han documentado 109 mil 161 carpetas de investigación en Jalisco, reporta la Fiscalía General del Estado, principalmente robos en todas sus modalidades. Las cifras son altas (entre un 9 y 20 por ciento en comparación a otros años) si comparamos que en los años completos de 2013, 2014 y 2015 se registraron 101 mil, 91 mil y 95 mil denuncias por afectaciones de la delincuencia, respectivamente”.
Luego en la misma nota se precisa:
“Sin embargo, la probabilidad de que el delito se denuncie y se esclarezca en Jalisco es de apenas el .6%, revela el Índice Estatal de Fiscalías y Procuradurías 2019, elaborado por la organización Cero. La entidad se ubica en la antepenúltima posición en la probabilidad de esclarecimiento de un ilícito en México”.
“Baja California es el Estado con mayor probabilidad de esclarecer un delito (3.4%), mientras que Guerrero es el de menor efectividad (0.2%), cuatro centésimas de punto más abajo que Jalisco que tiene 0.6%.
Preguntaba en mi página de Twitter, a propósito de esta situación, qué pasaría si la Fiscalía del Estado desapareciera, ¿cambiaría nuestra situación? ¿Nos convertiríamos en la jungla con la ley de la selva? ¿O la ley de la selva es la que impera cuando el Estado, como responsable de ofrecernos seguridad está totalmente rebasado, como figura inoperante o en esas condiciones somos los ciudadanos los que tenemos que organizarnos para ser venos vulnerables ante aquellas personas que imponen su ley, con las armas y las organizaciones poderosas que han creado y que tienen mayor fuerza que el gobierno?

Hugo René Ruiz Eparza Hermosillo, ex diputado local y ex alcalde de Lagos de Moreno del PRI, dio algunos datos interesantes ante mi pregunta a propósito de la violencia e inseguridad que se vive en aquella región alteña: “El día que en lugar de 5 haya 35 agencias del ministerio público por región o en lugar de 10 o 15 policías investigadores haya 150 o 200 policías investigadores bien capacitados por región y en lugar de 1 o 2 juzgados haya 10 juzgados, ese día las cosas mejorarán”.
“Se tiene que invertir fuerte en procuración y administración de justicia y hacer un plan a 10 años. Es inadmisible que por cada región del estado haya solamente 5 ministerios públicos y un grupo de policía investigadora para atender miles de denuncias”, añade Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo.
Entonces, echarle la culpa a una ‘Constitución vieja y obsoleta, a leyes inoperante’, creo que aquí no cabe, cuando los responsables de procurar e impartir la justicia, no hacen lo correspondiente, porque el presupuesto que les programan es insuficiente o lo tienen mal distribuido.
Entrevistamos al diputado Héctor Pizano, entusiasta promotor de la Refundación Alfarista, del Constituyente y dice estar convencido que este escenario de impunidad y de gobierno reprobado que tenemos en materia de seguridad y justicia, vendrá a cambiar con nuevas leyes. Así lo argumenta:
“Requerimos una revisión a fondo de lo que es el estado de derecho en Jalisco, soy partidario que lo pongamos en la mesa de discusión, es lo más sano que le puede pasar a Jalisco y eso no distrae a nadie (…) Yo no soy policía, no soy fiscal, no soy juez, soy legislador, hago lo que me toca, no distraemos a nadie de su función por hacer este proceso”.
Hay que empezar por esta revisión, el por qué hay tanta impunidad y se es tan ineficiente. ¿Es un tema de leyes o es un tema de personas y de capacidad, un tema de corrupción?

En el tema de la Refundación Alfarista, Pizano lo encuadra en la necesidad de construir “Un nuevo Pacto Social”, que pienso que sí es necesario, más que el buscar crear una nueva Constitución, para ello -como bien afirma Mariana Fernández- el Congreso del Estado es un Constituyente permanente.
Por otro lado, aunque el gobernador Enrique Alfaro logró sacar adelante que el Congreso le autorice la creación de un nuevo Constituyente, no pasa por el mejor momento para impulsar un nuevo Pacto Social, su imagen está muy desdibujada, cuando su estilo de gobernar no ha sido precisamente ni tolerante, ni amigable, sino todo lo contrario. Si quiere cambiar la percepción que se ha ganado de autoritario, tiene que empezar por bajarle dos rayitas a su tono de hablar, el estilo de los manotazos y de la imposición que ha mostrado con las mujeres, con el tema de las Villas Panamericanas, el transporte, entre otros, poco abona para sentar a los jaliscienses en algo que sí es necesario como construir un nuevo Pacto Social, que insisto, es necesario, pero para ello no se requiere una nueva Constitución. Es mi humilde opinión, pero habrá que escuchar a la gente, qué opina, qué quiere y en consecuencia decidir sobre estos temas que son de fondo.

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