Gabriel Torres Espinoza
El Poder Judicial del Estado de Jalisco se ha convertido, a la luz de los hechos, en el poder más opaco de todos —empezando por el Consejo de la Judicatura—.
En principio, habría que decir que resulta especialmente paradójico que la Constitución Política del Estado de Jalisco establezca en su artículo 64, que los Consejeros de la Judicatura “deberán distinguirse por su capacidad, honestidad, honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas y reunir los requisitos exigidos (…) de la entidad.” Tan solo dos botones de muestra, que han salido a la luz en los últimos días, y que retratan de ‘cuerpo entero’ una de las tantas contradicciones entre lo que sostiene la ‘norma’ y lo que advierte la ‘normalidad’ en el Judicial.
Integrantes del Colegio de Abogados del Estado de Jalisco denunciaron, una vez más, la corrupción que redunda en complicidad, omisión y/o incompetencia del Consejo de la Judicatura Local —el órgano interno de control del Poder Judicial encargado constitucionalmente de su administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial—. Entre una de las más paradigmáticas ‘perlas’ que expuso el Colegio de Abogados fueron los cobros para ‘sacar’ adelante los asuntos jurídicos que los jueces estatales despachan, exponiendo el oprobioso y leonino esquema tarifario de la impartición de justicia en la entidad: notificación $500; emplazamiento $1,000; embargo $2,500; acuerdos $10,000; y las sentencias, según sea el caso (y ‘el sapo’ porque de ahí depende ‘la pedrada’), se sabe off the record que promedian los 20 mil a los 50 mil pesos. ¿Y la impunidad? Esa, simplemente no tiene precio. Mientras tanto, la impartición de justicia tiene precio en Jalisco.
Por esta poderosa razón, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2020, del INEGI, destaca que la 2da autoridad con un mayor nivel de percepción de corrupción entre la ciudadanía jalisciense son los jueces (68.2%), apenas inmediatamente después de las policías de tránsito que se ubican en el 1er lugar (73.9%).
Recientemente, se dio a conocer el estudio ‘Información desde y para los poderes judiciales’, publicado el pasado 14 de septiembre por México Evalúa, y que consistió en analizar y ponderar la transparencia vinculada a la información pública que producen, requieren y publican los poderes judiciales de las 32 entidades federativas.
Este estudio concluye categóricamente: “destaca el caso del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Jalisco, que incumple de manera casi sistemática con sus obligaciones”. Lo anterior, porque el Consejo de la Judicatura estatal se posicionó como el órgano más opaco de entre todas las dependencias de los poderes judiciales en el país, toda vez que registró un score de apenas 0.14 [en donde 3.0 era la calificación más alta] derivado de la evaluación de un total de 22 indicadores que se relacionan con el catálogo de obligaciones que la ley establece en materia de transparencia para los órganos jurisdiccionales.
Todo lo anterior, en efecto, deriva de la perniciosa fórmula de ‘cuotas y cuates’ que el Legislativo evoca al momento de la designación de los consejeros de la Judicatura, contrariando los principios constitucionales previstos para tales efectos.
