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Gabriel Torres Espinoza

El Poder Judicial del Estado de Jalisco se ha convertido, a la luz de los hechos, en el poder más opaco de todos —empezando por el Consejo de la Judicatura—.

En principio, habría que decir que resulta especialmente paradójico que la Constitución Política del Estado de Jalisco establezca en su artículo 64, que los Consejeros de la Judicatura “deberán distinguirse por su capacidad, honestidad, honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas y reunir los requisitos exigidos (…) de la entidad.” Tan solo dos botones de muestra, que han salido a la luz en los últimos días, y que retratan de ‘cuerpo entero’ una de las tantas contradicciones entre lo que sostiene la ‘norma’ y lo que advierte la ‘normalidad’ en el Judicial.

Integrantes del Colegio de Abogados del Estado de Jalisco denunciaron, una vez más, la corrupción que redunda en complicidad, omisión y/o incompetencia del Consejo de la Judicatura Local —el órgano interno de control del Poder Judicial encargado constitucionalmente de su administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial—. Entre una de las más paradigmáticas ‘perlas’ que expuso el Colegio de Abogados fueron los cobros  para ‘sacar’ adelante los asuntos jurídicos que los jueces estatales despachan, exponiendo el oprobioso y leonino esquema tarifario de la impartición de justicia en la entidad: notificación $500; emplazamiento $1,000; embargo $2,500; acuerdos $10,000; y las sentencias, según sea el caso (y ‘el sapo’ porque de ahí depende ‘la pedrada’), se sabe off the record que promedian los 20 mil a los 50 mil pesos. ¿Y la impunidad? Esa, simplemente no tiene precio. Mientras tanto, la impartición de justicia tiene precio en Jalisco.

Por esta poderosa razón, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2020, del INEGI, destaca que la 2da autoridad con un mayor nivel de percepción de corrupción entre la ciudadanía jalisciense son los jueces (68.2%), apenas inmediatamente después de las policías de tránsito que se ubican en el 1er lugar (73.9%).

Recientemente, se dio a conocer el estudio ‘Información desde y para los poderes judiciales’, publicado el pasado 14 de septiembre por México Evalúa, y que consistió en analizar y ponderar la transparencia vinculada a la información pública que producen, requieren y publican los poderes judiciales de las 32 entidades federativas.

Este estudio concluye categóricamente: “destaca el caso del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Jalisco, que incumple de manera casi sistemática con sus obligaciones”. Lo anterior, porque el Consejo de la Judicatura estatal se posicionó como el órgano más opaco de entre todas las dependencias de los poderes judiciales en el país, toda vez que registró un score de apenas 0.14 [en donde 3.0 era la calificación más alta] derivado de la evaluación de un total de 22 indicadores que se relacionan con el catálogo de obligaciones que la ley establece en materia de transparencia para los órganos jurisdiccionales.

Todo lo anterior, en efecto, deriva de la perniciosa fórmula de ‘cuotas y cuates’ que el Legislativo evoca al momento de la designación de los consejeros de la Judicatura, contrariando los principios constitucionales previstos para tales efectos.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

La Junta Preparatoria, de la ‘aplanadora’ Legislativa

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Gabriel Torres Espinoza

El día de hoy ocurrirá la ‘Junta Preparatoria’ de la próxima LXIII legislatura. Se elegirá la presidencia de la mesa directiva (acordada ya para Movimiento Ciudadano) y se entregará la Junta de Coordinación Política a Morena. Una legislatura para la segunda mitad del periodo del primer gobernador emanado de las filas de Movimiento Ciudadano (MC). Un congreso que perfila, nuevamente, una coalición legislativa (la ‘aplanadora’) entre el partido en el gobierno (MC) y el PAN.

Con especial acierto, Jorge Luis Borges, sostenía que la democracia “es un abuso de la estadística” una “superstición basada en la estadística”. Efectivamente, en democracia, las leyes que rigen la dinámica funcional entre los poderes y órganos constitucionalmente autónomos, se aprueban precisamente bajo consensos aprobados por mayoría. De forma que la aritmética es el principio rector del consenso democrático —mismo que, a su vez, se constituye como la herramienta por excelencia para la conciliación racional y civilizada de los intereses agregados en una sociedad democrática—. Aunque la democracia implica el gobierno de las mayorías, es bien sabido que ello supone, necesariamente, el pleno respeto, protección y tutela de las minorías. Pero no toda ‘minoría’ tiene las mismas facultades de control constitucional al poder.

El principal problema de los partidos políticos (mayoritarios y minoritarios) y de las democracias representativas, es precisamente que, cuando obtienen representación en los congresos, parecen NO representar a sus electores, ni a las expectativas de las más sentidas reivindicaciones sociales. De forma que ‘el pueblo’ no se identifica con ellos, a pesar de haber votado mayoritariamente a sus candidatos. Así lo acreditan sistemáticamente todos los estudios de “Latinobarómetro”, que establecen los pírricos niveles de consenso, aprobación, credibilidad y confianza a los partidos políticos, diputados y de la democracia en sí.

Bien podría decirse que la asignatura pendiente de la representación política en el Congreso, en lo que respecta a los partidos políticos (mayoritarios y minoritarios), tiene que ver con la conciliación del binomio ‘representación’ política [que deriva de un principio netamente democrático y electivo] con ‘representatividad’ política [respecto de la identificación con causas y movimientos sociales, con ideas políticas o las reivindicaciones que cada partido dijo buscar durante la campaña].

El gran problema en Jalisco y México, es que los partidos políticos, al llegar al Congreso, parecen NO representar a nadie —aunque las elecciones los unjan con legitimidad democrática y mayoría, y luego la usen como ‘aplanadora’ para las más impopulares causas legislativas—. Los partidos minoritarios, a luz de los hechos, han sido apenas ‘partidos satélites’ que, con base en una suma de componendas, ‘comercian’ su representación política al partido mayoritario en turno, a efectos de sumarles los diputad@s que requiere el proceso legislativo.

De forma que, para ser relevantes, los nuevos partidos minoritarios podrían, precisamente, representar tanto 1) las causas sociales no abanderadas de las minorías, como 2) las demandas sociales que no encuentran eco en los partidos mayoritarios en el Congreso.

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Gabriel Torres Espinoza

La reforma eléctrica ¿necesaria?

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Gabriel Torres Espinoza

El pasado 5 de octubre, fue presentada, por el presidente de la República, la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna. Sin duda, el contenido vigente y propuesto representan el lindero de dos posicionamientos ideológicos: ‘liberalización’ y ‘aperturismo’ versus ‘estatalización’ —que no expropiación— y ‘proteccionismo’ del sistema eléctrico nacional.

Debe decirse que la participación del Estado en el sector eléctrico de un país no es fenómeno atípico sino ampliamente generalizado en el Mundo —con independencia del régimen económico de un país: privatista-capitalista, estatista-marxista o mixto—. De acuerdo con la OCDE (2018), la participación pública (estatal) en la capacidad eléctrica instalada, a nivel global, asciende al 62%; mientras que apenas el 38% pertenece al sector privado. De forma que 32 de las 50 mayores empresas eléctricas del Orbe tienen una participación pública preponderante. La más paradigmática es, definitivamente, la Électricité de France (EDF), en donde el Estado galo conserva el 84% de sus acciones. De acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo Federal, actualmente, la CFE participa con el 38% de la generación eléctrica del país, y la reforma pretende que este porcentaje ascienda, al menos, en un 54% —aún por debajo de la media internacional que es de 62%—. Como reconoce el Banco Mundial “no hay soluciones universales [en la materia] (…) las reformas del sector de la energía eléctrica son un medio para alcanzar un fin. Lo que importa en definitiva son los buenos resultados del sector y puede haber diferentes maneras de conseguirlos. Entre los sectores de energía eléctrica con mejor desempeño en el mundo en desarrollo se encuentran [también] los (…) servicios de energía eléctrica estatales predominantes y competentes”.

Se sostiene también que la reforma constitucional planteada promueve la generación eléctrica derivada combustibles contaminantes, para así sepultar las ‘energías limpias’. Bueno, pues de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE), tan sólo el 16% de la generación eléctrica del Planeta proviene de fuentes renovables. Por su parte, de acuerdo con el Banco Mundial, el 65.2% de la producción de energía eléctrica en el Orbe se genera a partir de fuentes de petróleo, gas y carbón, en donde destacan porcentajes altísimos, en este tenor, en países del llamado ‘Primer Mundo’: en Emiratos Árabes Unidos —donde se encuentra Dubai—, el 99.8% deviene de ‘energías sucias’; en Hong Kong, el 99.7%; en Singapur, el 96.9%; en Australia, el 86.4%; y, en Países Bajos, el 82.2% —por mencionar tan sólo unos ejemplos—.

En efecto, el mayor problema de la reforma eléctrica vigente de Peña Nieto es que, a todas luces, incumplió con su principal promesa social: bajar el precio de las tarifas de electricidad. De igual forma, la ‘liberalización’ del sector no resultó ser más que el pretexto discursivo de una ávida sed de corrupción. Como botón de muestra de lo anterior, de acuerdo con la Encuesta de Delitos Económicos 2015 —teniendo en vigor la reforma de 2013 que se pretende derogar—, realizada por PricewaterhouseCoopers (PwC), el sector energético fue reportado como el segundo sector más corrupto de la economía mexicana.

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Gabriel Torres Espinoza

Debe estar el INAI, ¿en inexorable enclaustramiento?

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Gabriel Torres Espinoza

En días pasados, comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), fueron invitados por las Fuerzas Armadas del Estado Mexicano, a hacer un recorrido por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Al final del recorrido, los comisionados hicieron declaraciones sorprendidos por la magnitud de la obra. Probablemente exageraron un tanto, y tal vez la cortesía de sus declaraciones, pudo ser observada como imprudente, debido al momento de polarización del país.

De modo que esto derivó en una polémica y una crítica, que siempre resulta sana. No obstante, llegar al punto de concluir que este acto “violentó”, “comprometió” y “renunció” a la autonomía constitucional del órgano garante nacional, no es sino el resultado de ese análisis cargado de fobias y filias. Acudir a una visita, por invitación de las fuerzas armadas nacionales, no vulnera de modo alguno la autonomía constitucional del INAI.

Asumir por esto, semejante absurdo, es torcer los hechos para querer concluir que, la autonomía constitucional del INAI, debe ser el inexorable enclaustramiento y abandono oficinesco de un órgano de Estado. De forma que, bajo este razonamiento, la independencia de los comisionados del INAI, frente al poder, no se acredita en sus resoluciones, lineamientos, ni criterios, sino en el resguardo ascético del espacio burocrático, tal monje tibetano.

Por ejemplo, en la ceremonia de juramentación, del cargo de presidente de los Estados Unidos, se estila apoyar la mano sobre una Biblia. Seguramente bajo este rasero de análisis, inmediatamente denunciarían la violación del carácter laico de la Unión Americana. O bien, que en el anual ‘discurso del estado de la Unión’, de aquel país, se encuentran sentados en la primera fila los jueces de la Corte Suprema —porque señalarían irritados, con dedo flamígero, la inexistencia en la imparcialidad de la justicia—. Más aún, se sorprenderían al ver que este mensaje del presidente de los E.E.U.U. es interrumpido en varias ocasiones, por extensos aplausos de pie por republicanos y demócratas —y en un par de ocasiones por los miembros de la Corte Suprema—, de forma que supondrían también que eso trastocaría la independencia del Legislativo y Judicial, frente al Ejecutivo.

La autonomía constitucional del INAI no se pierde, ni se sitúa en riesgo por la portación de un chaleco en color lila en esta visita —que no lo compraron sus comisionados, sino que se los pusieron a su ingreso—, ni tampoco por expresiones de franco alago a esta obra. La cortesía, frente al anfitrión, ni quita lo valiente, ni lo autónomo o independiente. Los más elementales protocolos de cordialidad, respeto y reconocimiento acontecen, con normalidad cívica, en cualquier República. Que bueno que en el INAI se observen. La autonomía del INAI, en todo caso, debe justipreciarse en sus resoluciones al momento de tutelar el acceso a la información, como lo ha hecho hasta ahora. Como dato: de 2018 a la fecha, el INAI ha resuelto el 68.9% de los recursos de revisión a favor del ciudadano, en solicitudes de información a la Sedena, y tan sólo en el 11% de los casos le ha dado la razón a esta Secretaría. Por el INAI hablan, claramente, los resultados.

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