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MEMErándum Político

En la campaña de Ernesto Zedillo por la presidencia, comenzaban ya las suspicacias por lo que bebían de alcohol los candidatos o los políticos en campaña.
Pero el ingenio de los mexicanos que organizaban las campañas presidenciales salió a relucir: a Zedillo le servían cerveza en vasos que decían que era Sidral.
Y asunto resuelto.
Ahora que los morenistas mochos o persignados quieren que las tiendas vendan cerveza tibia en sus locales para bajar el consumo de ese líquido celestial que tiene propiedades médicas benéficas para el riñón –acelera la expulsión de líquido– y que pudiera alcanzar el rango de líquido medicinal, la respuesta del ingenio del mexicano ya tiene la solución.
1.- Comprar cerveza tibia en cantidades dobles de lo normal, dejarlas en los refrigeradores y recomprar dotaciones que impidan tener los espacios vacíos del vital líquido.
2.- Crear el empleo de cubeteros –de esos que andan en los toros y el futbol vendiendo Cervera bien helodia— y colocarlos afuera de las tiendas para vender cerveza helada para consumir ahí o llevárselas a sus casas o eventos.
Y el consumo subiría. Quedaría por ascender a las cubetas de cerveza heleada como diálisis portátiles porque los consumidores van al baño cada vez que toman cerveza.
Y sus gustadas secciones:
Tengo otros datos. No fue rebeldía la del diputado ex priísta, experredista y ahora morenista Salomón Jara al no estar en el pleno a la hora de la votación sobre la ley educativa. Había tomado una cerveza tibia perredista y le dieron ganas de ir al baño.

Hechos alternativos. Los venezolanos enfrentaron una guerra civil al estilo de Gila: el líder opositor Juan Guaidó llamó al alzamiento en armas a las 5.28 de la mañana, pero a las 7.30 de la noche le dio sueño, se fue a dormir y convocó a todos al día siguiente a las 5 de la mañana a continuar con el golpe.

Nos dejaron un cochinero. El gobernador veracruzano Cuitláhuac García encontró la fórmula mágica para terminar con la intranquilidad ante la violencia: regalar 500 vaquillas para producir leche y olvidarse de los delincuentes. Lo dijo delante del presidente López Obrador. Acabáramos.

No hagan el ridículo. Un morenista despistado regañó al Cerro de Paula en Santa Lucía y lo acusó de anti lopezobradorista porque se atravesó a la 4-T. A quién se le ocurre, pues, estar donde no debería de estar hoy, aunque siempre ha estado.

Fifilandia. Uf. Por un pelito de rana calva se salvaron los burócratas. Si de por sí no trabajan de lunes a viernes, ahora querían por ley hacerlos no trabajar los sábados… y hasta los domingos, si era necesario.
Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Carlos Ramírez

Indicador Político- Lista de los 667: intelectuales, exfuncionarios y algunos más

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Carlos Ramírez*

Vista en conjunto y apellidos conocidos, la lista de presuntos 667 intelectuales puede impresionar. Pero en una revisión de primera mano se pueden encontrar funcionarios recientemente despedidos, exfuncionarios de gobiernos cuyos presidentes quieren ser juzgados en la plaza pública y… algunos otros.

El otro detalle de la lista refiere la existencia de un filtro insalvable: para estar en ella se necesita compartir de manera acrítica el repudio a decisiones del gobierno del presidente López Obrador; por lo tanto, no defiende la libertad de crítica, sino el enfoque antilopezobradorista.

De entrada, nada se dice del principal problema de la censura: los empresarios que son dueños de los medios impresos, radiofónicos y televisivos y deciden a los que aceptan en sus filas y a los que rechazan; algunos de los censurados fueron despedidos por los dueños, aunque hubiera habido de por medio alguna solicitud oficial. Cuando menos dos dueños de medios —Excelsior y TV Azteca– tienen contratos con obras del gobierno actual. Y el 90% de los dueños de medios son empresarios que viven de la publicidad oficial.

Y en la lista hay investigadores que escriben en medios sin tener carrera periodística y que han sido afectados en sus ingresos por recortes en sus instituciones académicas u oficiales como el CIDE, el Conacyt y otros.

De la lista destacan algunos:

–Arturo Sánchez Gutiérrez no es intelectual, escribe de vez en cuando y fue consejero del INE.

Claudio X. González, promotor de organizaciones civiles dedicadas a la observación critica de oficinas del sector público, sin que tenga ninguna tarea que lo pudiera haber convertido en intelectual.

–Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita Zavala, ha tenido más actividad política que de articulista en medios. Los Zavala y los Calderón han sido acosados por el nuevo gobierno por cargos referidos a sus tareas públicas en el sexenio 2006-2012 y sobre todo a las presuntas irregularidades electorales en las elecciones presidenciales del 2006.

–Julio Frenk, investigador médico, fue secretario de Salud del gobierno de Fox; escribe ensayos de su especialidad que se publican en la revista Nexos.

–María Elena Morera es articulista de El Universal a partir de su papel dirigente de organizaciones sociales dedicadas a la observación de políticas de seguridad, pero estuvo vinculada al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, arrestado en los EE. UU. por relaciones con el narcotráfico.

–María Amparo Casar, académica del CIDE, pero con cargo público en desarrollo político de la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox; salta de ONG a ONG. Y es articulista en Excelsior.

–Jesús Reyes Heroles González-Garza fue director de Banobras, secretario de Energía, embajador en los EE. UU. y director de Pemex en gobiernos del PRI y del PAN y escribe en El Universal sin ser periodista.

–Mauricio Merino fue consejero del INE y escribe en El Universal, además de encabezar una ONG.

–Otto Granados Roldán fue director de Comunicación social del gobierno de Salinas, es politólogo y fue secretario de Educación Pública al final del gobierno de Peña Nieto. Escribe de manera irregular en medios.

–Raúl Padilla es el cacique de la Universidad Autónoma de Guadalajara donde fue rector y maneja la Feria Internacional del Libro como un gran negocio. No escribe ni tiene producción intelectual.

–Pedro Salazar Ugarte es articulista, pero fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la catedral jurídica del PRI.

–Rolando Cordera Campos, que viene de la izquierda universitaria, trabajó de manera directa con el presidente Salinas de Gortari para promover el neoliberalismo y es funcionario editorial de la revista Nexos y escribe en La Jornada.

–Rubén Aguilar Valenzuela fue jefe de prensa del presidente Fox y su tarea fue aclarar lo que el presidente quería decir.

–Sergio García Ramírez es jurista de amplia y larga carrera, articulista en El Universal y la revista Siempre, exprecandidato presidencial priísta en 1987, ex procurador de la república.

–Santiago Levy, funcionario del gobierno de Zedillo.

Son, éstos, algunos de los que aparecen como intelectuales en la lista de los 667 denunciando censura de prensa.

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Política para dummies: La política es el “ya sé quién eres, te he estado observando”, homenaje tangencial a José Agustín.

 

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Nacional

Brújula Pública- Sin apoyos

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Rodolfo Aceves Jiménez*

Un dilema por saber las verdaderas cifras de la estadística de seguridad lo constituye, los productos de seguridad que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Y es que aproximadamente desde 2006, los Congresos de las entidades federativas han modificado los elementos constitutivos de los conceptos de homicidio y feminicidio, principalmente, eliminando el elemento de la violencia, para evitar dar a conocer las verdaderas cifras de la estadística criminal, incluido la violencia feminicida, cuyas políticas públicas están en crisis.

Esto es importante porque, junto con otras variables, de aquí se desprende los criterios de distribución de subsidios y fondos públicos, locales y federales, de apoyo a la seguridad pública que reciben los estados y municipios. Es el caso del FORTASEG.

La pobreza es una de las variables que no es parte de los criterios de distribución de los recursos para la seguridad pública, cuando en la lógica de la cuarta transformación, debería ser parte importante porque se trata de ciudades o comunidades cuyos deciles de pobreza son mayores al 50 por ciento y, en contraste, se utiliza la percepción de la seguridad cuando en realidad es un elemento intangible, sin posibilidad de ser medible y condicionado a valoraciones subjetivas.

Estas zonas de atención prioritaria en los estados y municipios son los beneficiarios de una bolsa de 4,000 millones de pesos, que anualmente aprueba la Cámara de Diputados, por vía del Presupuesto de Egresos de la Federación, por conducto del FORTASEG pero que en el proyecto de dicho presupuesto para el 2021 fue suprimido.

Para estar en condiciones de aprobar recursos para los estados y municipios, existen nueve indicadores sobre los cuales, el Coneval mide la pobreza en dos grandes rubros. El primero, el ingreso; y el segundo, una serie de carencias sociales en materia de rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, el acceso a la alimentación, la calidad y espacios de la vivienda, el acceso a servicios básicos en la vivienda y, por último, pero no menos importante, el grado de cohesión social. Aquí debería estar considerado estas variables para la seguridad pública.

Para ampliar la evaluación y cambiar su denominación de evaluación de política social y llamarles políticas públicas, es menester incorporar a los instrumentos de medición, los derechos de tercera generación, que comprometerían los derechos de la autodeterminación, la identidad nacional y cultural, la paz, la justicia internacional, el uso a la informática, la información, el medio ambiente, la vida digna, la salud y, desde luego, la seguridad pública, de donde se desprenden una serie de bienes jurídicos que tutela la seguridad, como la legalidad, la salud, la integridad física, la vida, por citar algunos.

La sincronía en las variables que manejan los criterios de distribución de los recursos públicos nos daría una mejor referencia para fijar un techo presupuestal, proporcional al grado de pobreza y la necesidad en seguridad pública.

El campo social de la seguridad nacional está debilitado y vulnerado por la falta de diseño en implementar nuevas formas de distribución presupuestal, que, aunque ninguna cantidad es suficiente, los creadores de políticas públicas parece que prefieren mantenerse en un nicho de seguridad y comodidad en mantenerse en lo establecido, en vez de crear nuevas políticas públicas.

 

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Dilema de la 4T: ruptura real con el pasado priísta o sólo sanación

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Carlos Ramírez*

El tono en que está redactada la carta del presidente López Obrador solicitando al Senado y a la Suprema Corte una consulta sobre las conductas económicas presuntamente delictivas de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pudiera llevar a una rupturasistémica de lo que parece ser sólo una transición dentro de una transición.

Por el contenido del texto, López Obrador está marcando un deslindamiento histórico. No se trata sólo de acusaciones que refieran modelos de política económica, sino acusaciones que estarían tipificando delitos concretos contenidos en el código penal. Por lo tanto, la única forma de legalizar ese proceso sería con una ley de ruptura histórica o, como ocurre en países que construyeron democracias sobre las cenizas de dictaduras, una ley de memoria histórica.

Ahora mismo, por ejemplo, la alianza en España entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Unidas Podemos y como acompañantes los resabios del Partido Comunista de España de Santiago Carrillo y La Pasionaria, están terminando de destruir las ruinas del franquismo –el Valle de los Caídos y la Fundación de Franco– para transformar a posteriori la transición española en una ruptura revolucionaria que se eludió en la transición pactada de 1978.

Las acusaciones del presidente López Obrador a cinco expresidentes de la república –tres del PRI y dos del PAN, los cinco articulados por una misma política económica– son lo suficientemente válidas como para crear ya una ley de memoria histórica que señale responsabilidades legales a quienes llevaron al país al hoyo de la gran crisis neoliberal 1983-2018.

La victoria presidencial del PAN en julio del 2000 no fue producto de algún modelo de transición pactada a la democracia, sino resultado del desmoronamiento del PRI, de la pérdida priísta del control procesal de las elecciones y del hartazgo ciudadano. Sin embargo, el PAN en la presidencia 2000-2012 careció de un esquema de ruptura con el sistema/régimen/Estado priísta y esos dos sexenios fueron, en los hechos, una continuidad del sistema-PRI.

El dilema y desafío de López Obrador, Morena y la 4-T radica en fijar, ahora sí, una ruptura con el modelo sistémico priísta para desarrollar una transformación de estructuras o deslindarse sólo de discurso del viejo régimen, pero mantener las variables priístas. Hasta ahora, la 4-T sólo se asume como posneoliberal, pero sin fijar nuevas relaciones sociales de producción que definan los objetivos de creación y distribución social de la riqueza más allá del camino fácil de los dardos verbales que en nada modifican la estructura neoliberal.

La carta presidencial para juzgar a los cinco últimos presidentes de la república hermanados por un mismo modelo neoliberal de gobierno podría ser el comienzo de una ruptura histórica de proyectos de nación o se quedará en mero planteamiento retórico. López Obrador ha sido muy certero en establecer efectos sociales negativos de presuntos delitos económicos y productivos, como alguna vez los planteó en una demanda en la antigua PGR.

A la carta le falta incluir al presidente Miguel De la Madrid –ya fallecido–, porque fue el responsable directo de las reformas constitucionales para pasar –en el razonamiento ideológico conservador de Carlos Salinas de Gortari en julio de 1985– del Estado social posrevolucionario al Estado autónomo de compromisos sociales que ha sido la esencia del ciclo neoliberal 1983-2018. Ese tránsito hubo de tener la principal ruptura interna en el PRI con la salida de la Corriente Democrática de Cuauhtémoc Cárdenas a la que se sumó López Obrador en 1988 al aceptar la candidatura frentista a gobernador de Tabasco en 1988.

El presidente López Obrador tiene elementos suficientes para fijar una ruptura real con el neoliberalismo. El juicio a expresidentes podría ser el primer paso o quedarse sólo en un acuerdo de sanación.

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 Política para dummies: La política es el campo de las grandes decisiones históricas o el territorio de los engaños.

 

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