Staff A Fondo.- El Ayuntamiento de Guadalajara volvió a quedar atrapado en el mismo lodazal que prometió combatir: contratos públicos entregados a militantes, operadores políticos y personajes cercanos al círculo de Movimiento Ciudadano. La diferencia es que ahora el discurso de “nueva política” ya no alcanza para esconder el tufo a favoritismo que sale desde Palacio Municipal.
La periodista Sonia Serrano documentó este miércoles en NTR Guadalajara cómo el gobierno encabezado por Verónica Delgadillo García terminó entregando la remodelación del Mercado Corona a una empresa ligada directamente a un cuadro emecista.
El beneficiado es Juan José Gutiérrez Contreras, “Jhoer”, operador político de Movimiento Ciudadano y principal socio de Rencoist Construcciones, empresa que obtuvo un contrato inicial por 7.6 millones de pesos y que, casualmente, semanas después recibió una ampliación para terminar cobrando 9.4 millones.
La historia retrata con precisión el modelo político que domina Guadalajara: primero llegan los cuates al partido, luego aparecen en la estructura política y finalmente aterrizan en los contratos públicos.
No se trata de una simple coincidencia administrativa. El propio Alberto Esquer Gutiérrez celebró públicamente desde 2021 la incorporación de “Jhoer” a Movimiento Ciudadano. Después, el operador fue nombrado dirigente municipal emecista en San Gabriel por propuesta de José Manuel Romo Parra hoy secretario general del Ayuntamiento tapatío. Es decir, el beneficiario no era un desconocido: era parte del mismo entramado político que hoy controla Guadalajara.
Y mientras el gobierno presume transparencia, las cifras cuentan otra historia. La empresa cambió su domicilio a la Zona Metropolitana de Guadalajara apenas meses antes de ganar el contrato. Luego vino la ampliación millonaria. El patrón es el de siempre: licitaciones hechas a modo, competidores descartados y contratos que mágicamente crecen una vez adjudicados.
El problema de fondo no es solamente legal; es ético y político. Porque mientras Guadalajara enfrenta calles destruidas, inseguridad, basura, caos vial y servicios públicos rebasados, el grupo gobernante parece más concentrado en convertir el Ayuntamiento en una agencia de colocación para militantes y aliados.
La administración de Verónica Delgadillo García empieza a consolidar la imagen de un gobierno atrapado en la soberbia del poder: un grupo político que llegó prometiendo romper con las viejas prácticas, pero terminó perfeccionando el reparto interno del dinero público.
En los pasillos del gobierno tapatío ya no hablan de servicio público. Hablan de negocios, cuotas y favores. Y el Mercado Corona podría convertirse apenas en la punta del iceberg de una estructura donde los contratos parecen circular con credencial naranja en mano.
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