Por Manuel Gutiérrez.
En forma sistemática, el gobierno de la 4T asegura que nada tiene que ver con las desapariciones forzadas. La Comisión de Derechos Humanos, organismo títere del estado, la Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores, rechazan la crisis humanitaria real que padece México con las desapariciones forzadas que les señalan autoridades mundiales.
Desde la presidente de la antes república, López Obrador, hoy ente autoritario constitucional en proceso de consolidar la dictadura, con la reforma judicial para tener el control total de los poderes soberanos que constituyen a la nación, con la gran farsa electoral del primero de junio, hasta el pastor del Senado, Gerardo Noroña, han asegurado que el contenido de la información de la ONU, por medio del Comité contra la Desaparición Forzada, (CED) fue malintencionado, sesgado y influenciado por propósitos políticos para desprestigiar al estado, y al movimiento populista que representa, reiteran sus negativas que son un reflejo de la postura oficial de este gobierno sobre el problema, negarlo es la fórmula desde el Peje.
El reporte de la CED está destinado a ventilarse ante la asamblea de las Naciones Unidad, pese a la realidad de las desapariciones forzadas, ha rebasado con mucho la capacidad de mentir, y de contención por medio de sugerencias ominosas de la presidencia y su aparato de comunicación social, de no darle espacio a este tipo de tema que la permeado algunos medios. Silenciar es otra manera de resolverlo, según los estrategas oficiales.
Los colectivos de buscadores, que se han multiplicado, como las víctimas que han perdido en forma indeterminada, por ello son desaparecidos, formularon la inquisición formal de reconocer los campos de exterminio que con el tipo de Teuchitlán, Jalisco, pululan por toda la geografía nacional, pese a las negaciones del Fiscal de la República.
Alejandro Gertz Manero, que se empeña en convencernos de que se trata de campos de entrenamiento, de preparación de sicarios, eso sí con evidencias de restos humanos, pero que de ninguna manera es un Auschwitz, en la versión nacional nada de exterminio.
Y para ello apela a los resultados de los peritajes técnicos de la UNAM y de los estudiantes de antropología convertidos hoy en asistentes forenses, por falta de personal de la Fiscalía de la República.
La alteración de esos sitios, realizada en forma evidente ante los medios de comunicación nacionales y de Jalisco, incluyendo a la Voz de Jalisco y los colectivos de madres buscadoras, fue una desafortunada actuación del gobierno de la llamada transformación para negar un hecho rotundo, real, presente en todo momento en la vida, en la convivencia social de los mexicanos y en la real ausencia forzada de los desaparecidos.
La realidad es demoledora pese los discursos de los panegiristas a sueldo del gobierno de Claudia Sheinbaum.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidos, muestra la cifra de 120 mil personas desaparecidas, casos no resueltos, por las autoridades nacionales más bien incompetentes, que avocadas por su naturaleza y jurisdicción legal no hacen lo que deben mejor buscan engañar con truculencias.
De esos 120 mil desaparecidos, 50 mil se levantaron como carpetas de investigación sin resolución alguna, en la administración del primer piso de la Transformación, en la era de Andrés Manuel, una cifra muy alta para un gobierno que se empeñó en negar esa crisis de seguridad en México, hasta quedar afónico en sus mañaneras.
En lo que va del gobierno de la Sheinbaum, se han sumado 6,500 casos nuevos de personas desaparecidas.
Lo increíble del asunto es que quiénes han tenido víctimas de estos casos, son vistos como agitadores políticos de la oposición, como falsificadores de la verdad de sus desaparecidos como seres nocivos cuando son víctimas.
Una cifra porcentual de 47% de los casos globales de desaparición involucran alguna instancia de gobierno de México, sea federal, estatal, o municipal.
Finalmente el sistema político, y la responsabilidad constitucional del estado de ser garante de la paz social y de la seguridad de los mexicanos fracasa, pero en lugar de perseguir a los presuntos autores de los delitos relacionados con las desapariciones, se enfocan en amenazar a uno de cada 3 familiares de los buscadores, a los que no cesan de hostigar. Las cifras de muerte de buscadores, son elevadas y acabamos de tener una de ellas en Jalisco, a la par que autoridades han señalado el problemas de las desapariciones.
Un ejemplo: Jerez, Zacatecas, asesinan a Sofía ReygozaCeballos, encontrada con huella de violencia en Villanueva. Hace dos años al reportar la desaparición de su hija el 11 de febrero de este año. En Jalisco, en Guadalajara, asesinaron a Teresa González Murillo, en una agresión directa con disparos. Pero existen más de 100 organizaciones de familiares de desaparecidos, y 20 organizaciones de la sociedad civil, han encontrado 1230 personas identificadas sin vida, y 1300 personas desaparecidas con vida, siguen en activo pese a tan grandes pérdidas sin que las autoridades federales o estatales resuelvan alguno de estos urgentes casos, por lo que organizan frecuentes marchas en demanda de justicia.
La Rectora de la Universidad de Guadalajara, fiel al compromiso ético asumido como sello de su administración, la Maestra Karla Planter, señala que la institución universitaria busca actualmente a 4 jóvenes desaparecidos.Esa denuncia no pueden silenciarla.tanto que coincidieron una manifestación de la FEU, dirigida por Zoé García Romero, que destacó que son 20 los jóvenes desaparecidos. La manifestación terminó con una mesa de trabajo en un balcón, pero no se optó por ignorar a los universitarios, ni mucho menos fingir que eso no pasa.
El Cardenal Francisco Robles Ortega, por su parte menciona que el problema de las fiestas patronales, se han desvirtuado hasta se operadas por grupos del crimen organizado, lo que pone en riesgo a sacerdotes, pero los delincuentes son losque determinan cuando se quema el castillo, y que eventos se aprueban para festejar al santo de la parroquia, sobre todo el nivel rural en una declaración que rompió el contexto de silencio que pretendieron en la presidencia.
La presencia de negocios y diversiones de las ferias, relacionadas con el crimen organizado, tampoco puede ser desvirtuada. Autlán, en revelaciones del Diario Milenio, contó con el permiso y patrocinio del Señor de los Gallos, que incluso dio premio al jinete más destacado del jaripeo, en forma pública y notoria. Los vendedores de botanas y cervezas portaron chalecos con la imagen de un importante capo delictivo, el mismo que apareció en el concierto de los Alegres del Barranco…
El gobierno de la Sheinbaum, padece una enfermiza obsesión por negar hechos reales, que las instituciones en las entidades corroboran: La existencia y poder del crimen organizado, de hecho el mismo gobierno con sus actividad operativa contra el narcotráfico, el huachicol, en que se han incautado millones de litros, y destruido más de 600 laboratorios, incluso destruido miles de dosis de fentanilo, que contrastan con la negativa de López Obrador sobre esta existencia del problema y que solapaba con su proximidad con el Cartel de Sinaloa, con una guerra de siete meses, en que han muerto escolares y jóvenes en las refriegas, en una guerra de siete meses que su gobernador Rubén Rocha Montona, niega con el mismo fervor de la 4T: Nada que se han perdido 30 mil millones de pesos en esos 7 trágicos meses afectando toda la vida de Sinaloa, su actividad turística, agrícola e industrial, con enormes pérdidas.
Este es la causa de las desapariciones. Es decir, el gobierno mexicano intenta justificarse y hacerse a un lado de las desapariciones, señalando que no es por orden o motivo de estado, sino por la existencia de delincuentes ajenos.
Pero los recientes descubrimientos de huachicol fiscal, traidoen grandes super barcos tanqueros y depositados en instalaciones industriales enormes inducen a considerar que cómplices del huachicol, están en Pemex, en las instancias elevadas del gobierno de la 4T, a donde pueden apuntar las investigaciones, con los señores que mantienen ese lucrativo negocio, en que hay también grandes empresarios incluidos.
Una realidad así, reflejada por la acción del estado, no puede negar la existencia de los desaparecidos en números tan altos, 120 mil personas, y hay organismos que han señalado cifras mayores, y que la criminalidad llega a niveles que reflejan la realidad de la mafia del poder que se amparó con el manto de Morena.
La recomendación si la presidente quiere proceder de buena fe, está en reconocer la verdad, y señalar lo que seguramente llega a sus manos como resultados de los operativos que cancelaron la impunidad de abrazos, no balazos.
Hoy más que nunca, pretender ocultar y darle impunidad a los responsables de altos delitos por su poder, por su peso monetario o su capacidad de movilización, es la peor solución que puede tomar la presidente, de hecho tiene en sus manos un nuevo instrumento: López Obrador aceptaba a corruptos notables, porque sabía que de ser necesario disciplinarlos, tenía las pruebas para hundirlos en la cárcel.
Los Yunes fueron doblados bajo esa pinza cuando fue necesario y si era menestar la FGR de Gertz Manero, era capaz de perseguir por causas inventadas a quiénes fueran señalados como un problema para el régimen, a la par que CNDH se hacía un lado ante querellas de abusos y violaciones a los derechos humanos, todo en un escenario de montaje perfecto, tormenta perfecta de una dictadura.
Cierto que como sistema político, (en apariencia) el gobierno de Claudia no ha remitido a nadie a ser perseguido político y a ser desaparecido por acción directa de los aparatos de seguridad del estado.
El mismo caso y criterio lo aplicó López Obrador, para determinar la suerte de 8 mil casos derivados de la guerra irregular, contra la guerrilla marxista, de las operaciones como la Condor, contra las drogas que afectaron a muchas comunidades, incluso como un control de marginales que terminaban en la Vaquita, de la CDMX con prostitutas y vagos, pero la sociedad aceptó la versión de que eran enemigos del estado, del progreso y que eran un peligro que debía erradicarse en el caso de la guerrilla.
Bajo esa narrativa, López quizo develar la verdad de lo sucedido, y alentó dos informes enormes, uno de ellos lo intitularon “Fue el estado, 1965-1990” y el otro lo llamaron “Verdades Innegables. Por un México sin impunidad” que firmó y realizó con una metodología facciosa e imprecisa, Eugenia Allier, investida de militancia de izquierda, convirtió en “especialistas” a todos los asuntos que investigó, siendo víctimas, como una retribución por darle acceso a la información.
Pero todo terminó en una denuncia sin eco, el presidente encontró al Secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval, que exigió que se sumaran como víctimas a los soldados caídos en diversos hechos de la guerra irregular y que no admitió ningún señalamiento al Ejército.
A la par, la SEDENA bloqueó el acceso a los archivos, con lo que los alcances de la investigación terminaron siendo planfletos ignorados, no la verdad que prometió López y quetampoco alcanzó con Ayotzinapa, López descubrió que la amistad militar representaba silenciar sus postulados de acusarlos de asesinos anteriormente. Fue un sapo que se tragó enterito.
López Obrados, supo que no podía obligar al ejército a actuar contra sí mismo, por tanto canceló la posibilidad de lograr la historia verdadera y de señalar a los responsables.
El intento y las promesas del Peje terminaron siendo solamente la misma farsa de siempre, ocultando y sin tocar a la institución armada. Por ello se optó a presentar los trabajos que demasiado voluminosos y mal hechos, quecarecen la fuerza necesaria para ser una denuncia, aunque son elementos históricos como referencias a examinar,cuando se pretenda llegar la verdad, en otro siglo y cuando no toquen intereses. Aceptamos que el gobierno de Sheinbaum no remite a persecución a los opositores, le basta con tenerlos cercados e inmóviles en los escenarios políticos actuales, sea el Congreso, la Prensa cuando llega la ONU a romper el cuadro.
Sin embargo, Tlatolco en 1968 fue reconocido como “genocidio” por el propio esfuerzo gubernamental, aunque sin darle difusión. Es decir, se manipula. Ahora en el caso de desapariciones, intervienen órganos oficiales, parte del estado en todos los niveles en casi la mitad de los casos, en los 120 mil desaparecidos.
Pero no se quiera admitir que la ONU y que Olivier Froouville, está señalando con consistentes informes una realidad, que políticamente no quiere ser admitida.
Pero la realidad viene en su apoyo leemos Coacoalco, México se bloquea la vía José López Portillo, por 5 mujeres desaparecidas. Y si busca usted en las noticias del su estado, encontrará lo mismo, por lo tanto miente el estado, no la ONU.
La realidad es un discurso constante que todos vemos, a la que no refutan las declaraciones mentirosas, mejor aceptar con sensates el problema de las desapariciones y llegar a fondo, hasta arriba en el combate del delito organizado, es la encrucijada de Claudia Sheimbaum, o seguir pateando el bote y mintiendo como la enseñó el Peje, pero no funciona como antes.
(Imagen cortesía UdeG TV)
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que A Fondo Jalisco no se hace responsable de los mismos.
