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Análisis:

Ayer se dio a conocer que el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), “trabaja en la elaboración de un mapa de cuencas de servicio”. Mario Silva reconoce que se estudia la posibilidad de los ‘mototaxis. Incluso, el ex secretario en el gobierno de Emilio González Márquez, Diego Monraz, ahora titular de la Secretaría de Transporte, afirma que serán los mototaxis los que presten el servicio. Ayer mismo, la Coordinadora del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Ana Belén Vázquez,  advirtió de los graves riesgos para los usuarios por el uso de la moto como servicio de transporte.Básicamente señaló una verdad de Perogrullo (algo evidente u obvio): ‘que los Mototaxis no reúnen las características de la norma técnica establecida.

Debe advertirse que el mototaxi surge como un medio de transporte que es recurrido por personas de escasos recursosque se encuentran en la necesidad de recorrer distancias cortas, donde no existen rutas establecidas de transporte público (producto de una omisión de la ciudad). En el corto plazo suele resultar un modo de transporte económico, de baja inversión para quien lo adquiere, de poco consumo de combustible, pero que expone a muchos más riesgos a quienes viajan en ellos. El mototaxi, según la Real Academia Española, es básicamente una motocicleta de tres ruedascon techo, que tiene pocos o nulos elementos que garanticen la seguridad al pasajero. El mototaxismo, provoca toda una actividad económica, basada en la ausencia de normas de seguridad para el pasajero, la falta de regulación en sus rutas y trayectos, y el caos vehicular donde circulan. Su aparición es, primordialmenteun fenómeno que denota una derrota a la innovación y la modernidad en materia de transporte.

Surge como consecuencia de las falta de oportunidades para una parte de la población. También, es el testimonio del fracaso en el modelo de transporte público de una ciudad. Significa la claudicaciónde las autoridades a los mínimos de calidad, seguridad y equilibrio en el transporte. Tal vez rebasados por la realidad. Lo que ayer anunciaron con tanta ligereza Mario Silva y Diego Monraz, resulta de la mayor importancia, porque en ello va el modelo de transporte que Jalisco desea darse, supuestamente capital de la Innovación. Una vez que acepten el ‘mototaxismo’ para Jalisco, no habrá vuelta atrás, y se tendrán que afrontar las consecuencias del crecimiento exponencial de semejante decisión. 

Cierto es que el mototaxismo ya existe en los barrios y zonas marginadas, precisamente por la falta de opciones detransporte público. En las ciudades donde se ha legalizado, a pesar de los riesgos que implica para los usuarios, creció tanto que el gobierno no pudo frenarlo, ni regularlo. Básicamente porque el ‘mototaxismo es un fenómeno que está íntimamente relacionado a la corrupción en el transporte público (no hay rutas, donde no hay ganancia), a la caída del salario, los precios bajos de las motos esencialmente las de bajo cilindraje- y a las facilidades de financiación. Además de la claudicación del gobierno a cuidar las condiciones mínimas de seguridad de las personas, durante su transporte.

 

 

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

¿A dónde irá el voto de castigo?

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Gabriel Torres Espinoza

El voto es un acto cargado de significados culturales, que refleja en su distribución costumbres, hábitos, preferencias, filias y (aquí lo importante) ¡fobias políticas!. Al sufragar se pueden expresar las lealtades político-electorales, clientelares, deseos e incluso expectativas. También se mezclan miedos y, en no pocas ocasiones, el mal humor social, mediante carga negativa. El sufragio es la expresión jurídica de la voluntad popular, mediante la cual el elector acude a buscar solución a sus problemas, a sus urgencias y da salida a sus emociones mediante filias o fobias.

En las elecciones cada vez está más presente el denominado ‘voto de castigo’ o ‘voto opositor’. Se constituye por esos ciudadanos que acuden a la cita con la urna, bajo la premisa de expresar rechazo, oposición, censura o malestar. Ocurre generalmente contra el partido que se encuentra en el gobierno, como consecuencia del desgaste por largos periodos de tiempo en el poder, o por el cúmulo de errores cometidos. Se trata de ese voto que lo mueve el hartazgo, el descontento, la inconformidad, el malestar e incluso la irritación social. Es parecido a un voto duro, pero a la inversa. Se trata de un porcentaje de electores que tienen muy claro por quién NO desean votar, debido a la percepción que, fundado o infundado, los votantes advierten del gobierno y sus resultados. Es ese sentimiento negativo, muy asociado a acciones y decisiones de gobierno. Se trata del voto derivado de la antipatía. Es, básicamente, un voto “en contra”.

De forma que resulta importante considerar que, la elección intermedia de 2021, será una ‘elección plebiscitaria’, tanto para el gobierno de López Obrador como para el de Alfaro. Parte del sufragio de esta siguiente elección será motivado por un ‘efecto arrastre’ de ambos gobiernos, toda vez que la aprobación de estos dos mandatarios supera el 40%. De acuerdo con Mitofsky, en diciembre de 2020, Alfaro marcaba una aprobación del 49.7%; mientras que en diciembre de 2020, según Mitofsky, López Obrador registra una aprobación en Jalisco del 43.2%. Considerando lo anterior, conviene destacar que el ‘voto de castigo’ o ‘voto opositor’ -indisociable en una elección intermedia- resulta ineludible o inevitable para aquellos que son gobierno: federal (Morena) y estatal (MC).

René Delgado señala que “los comicios electorales no sólo son oportunidades para elegir políticas, sino oportunidad, también, para castigar agravios” (René Delgado: ¿Democracia sin demócratas?).

De forma que la pregunta del millón es, ¿quién conseguirá el ‘voto de castigo’ o ‘voto opositor’?. De acuerdo con Reforma (diciembre de 2020), el segundo partido con mayor rechazo a nivel nacional, para la elección de diputados federales, es MORENA (16%), después del PRI (40%). En Jalisco este porcentaje podría ser mucho mayor para MC, que ha acumulado su propia carga negativa. Así que habrá un porcentaje -nada desdeñable- de electores inconformes que votarán en protesta, a favor de otro partido contendiente, que sea capaz de atender esa inconformidad. ¿Morena será capaz de captar el voto anti MC en Jalisco? ¿MC, podrá ser opción para los que rechazan a Morena? ¿Qué partidos podrán articular un discurso y propuesta, para estos electores inconformes?

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Gabriel Torres Espinoza

¿Qué busca el segundo impeachment a Trump?

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Gabriel Torres Espinoza*

El día de ayer, la Cámara de Representantes de EE. UU. -erigida en Jurado de Acusación- aprobó por 232 votos, frente a 197 tantos, el inicio de impeachment al presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense pasó a convertirse en el único presidente, en la historia, que ha sido dos veces sometido a este proceso de enjuiciamiento. Conviene señalar que, antes de él, sólo los expresidentes Andrew Johnson (1868) y Bill Clinton (1998) se les había instaurado este mecanismo de responsabilidad [Nixon renunció antes de ser sometido a él]. De forma que, durante tan sólo en un periodo de mandato, Trump igualó la marca prevaleciente en 232 años.

Pero ¿qué sentido tiene instaurarle impeachment a Trump a tan sólo una semana de que termine su gestión? Aunado al temor fundado en lo impredecible de su carácter, que no es poca cosa cuando se tiene acceso a los códigos nucleares del país más poderoso del Mundo, la razón de esta medida tiene que ver con el objetivo de inhabilitarlo políticamente, para que no pueda volver a postularse a un cargo.

Es importante destacar que el proceso de impeachment podría seguir su curso, incluso cuando Trump pierda su investidura, al dejar el cargo. En 1876, la Cámara sometió a juicio político al secretario de Guerra del presidente Ulysses S. Grant, después de que este renunciara a su cargo. Esto adquiere mayor sentido toda vez que el líder republicano del Senado, McConnell, ha señalado que no convocará a la Cámara Alta antes del 19 de enero. Al parecer, los republicanos temen que los demócratas logren sumar a los 17 senadores republicanos que les hacen falta para alcanzar una mayoría de 2/3 para poder condenarlo, sabedores de que ya lograron tener el respaldo de 10 congresistas en la Cámara de Representantes, para el inicio de su 2do impeachment.

Respecto de la inhabilitación, por vía del impeachment, habría que precisar lo siguiente. Si el Senado, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, aprueba declarar culpable y condenar a Trump por el cargo oficial que se le imputa (incitación a la insurrección), la inhabilitación resulta un asunto mucho más sencillo para la bancada demócrata -que es lo que verdaderamente persigue-, pues únicamente requeriría ‘mayoría simple’ en la Cámara Alta para poder inhabilitarlo -siempre y cuando antes le sean aprobados los cargos que se le imputan en el impeachment-.

La Constitución de los EE. UU. no establece una ‘mayoría calificada’ (2/3) para tales efectos. También existen antecedentes de ello. En toda su historia, únicamente en tres ocasiones el impeachment ha concluido de manera aprobatoria en ambas Cámaras -los tres eran jueces federales-, y para su inhabilitación sólo se requirió de ‘mayoría simple’. Desde luego, es previsible que esta batalla concluya en tribunales -como indican algunos especialistas norteamericanos-.

Pero le quedaría otro ‘as bajo la manga’ a los demócratas. Inhabilitar a Trump invocando la XIV Enmienda que señala: “Las personas que habiendo prestado juramento previamente en calidad de miembros del Congreso, o de funcionarios de los Estados Unidos (…) [que] hubieran participado de una insurrección (…) [no podrán] ocupar ningún empleo civil o militar que dependa de los Estados Unidos”.

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Gabriel Torres Espinoza

INAI: una conquista social

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Gabriel Torres Espinoza*

El derecho de acceso a la información pública en México no podría entenderse sin el extendido proceso de transición democrática en nuestro país. Tampoco la alternancia partidista. La Reforma Política de 1977, que representó la génesis de este importantísimo proceso político de transformación, adicionó a la parte final del artículo 6to constitucional “El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Ello dio lugar a un amplio proceso de discusión sobre este derecho (que inició en 1978), que tomó mayor fuerza y definición con la articulación de un robusto número de ciudadanos, defensores de este derecho, a través del surgimiento del denominado ‘Grupo Oaxaca’ en el año 2000.

De esta manera, el 23 y 24 de mayo de 2001, en la ciudad de Oaxaca, se celebró el seminario ‘Derecho a la Información y Reforma Democrática’, convocado por académicos, periodistas, miembros de la sociedad civil organizada y 70 editores de medios de comunicación impresos (nacionales y estatales). Los consensos logrados auspiciaron la ‘Declaración de Oaxaca’ que advertía los cimientos generales del derecho de acceso a la información, su reglamentación constitucional y legal, y la creación de un órgano constitucionalmente autónomo.

Entre sus signatarios destacaban los nombres de Jorge Carpizo, Ernesto Villanueva Villanueva, Juan Francisco Ealy Ortiz, Carlos Álvarez del Castillo, Alejandro Junco de la Vega, y un largo etcétera. Este acontecimiento fue la base social que propició, en 2002, la aprobación por unanimidad en el Congreso de la Unión de la Ley Federal de Transparencia y Acceso la Información Pública y la creación del otrora órgano garante IFAI -hoy INAI-. A finales de 2001, Jalisco -y posteriormente Sinaloa- se había(n) adelantado a la Federación con la creación de la primera ley de Transparencia a nivel nacional.

De forma que la legislación del derecho de acceso a la información, así como su Órgano Constitucionalmente Autónomo, representaron una lucha y una conquista social, antes que una concesión del gobierno federal. Son un factor crucial de la transición democrática.

Los Órganos Constitucionalmente Autónomos, son la consecuencia de consensos que fundan y motivan su existencia: I) la despartidización de ciertas funciones de Estado; II) la pérdida de legitimidad y confianza en la administración de ciertas materias, por parte de los poderes del gobierno; III) afianzar la profesionalización y especialización del cuerpo burocrático en órganos técnicos; y IV) la fiscalización de los poderes constituidos. Órganos constitucionalmente autónomos (OCA’s) como el INAI, el IFT, el INE y el Banco de México encuentran justificación en todas ellas.

Que las elecciones en México regresaran a ser organizadas y sancionadas por el Poder Ejecutivo y autocalificadas por los propios diputados electos, resulta de un absurdo total. De igual forma resulta un despropósito que la tutela del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, volviera a ser competencia del gobierno, que es precisamente el principal sujeto obligado de esta ley. Como lo señala Carbonell: “La división de poderes se ha enriquecido con los ‘órganos constitucionales autónomos’”, que son parte fundamental de nuestro andamiaje constitucional y democrático.

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