Por Manuel Gutiérrez
Rafael León fue acusado de terrorismo por cubrir un accidente de una motocicleta con una mujer embarazada y una chica que resultó ser hija de una poderosa abogada que parece tener los hilos del poder en sus manos. La chica lo amenazó luego de que se irritara por la cobertura del accidente, en Coatzacoalcos, Veracruz, con hacerle la vida imposible. Topó con el poder en un asunto de rutina.
La Nochebuena del 24 de diciembre, Rafael León, convertido en una suerte de Osama Bin Laden, sin torres gemelas, sin bombas, ni prueba alguna y sin haber cometido acto que se asemeje al terrorismo, fue detenido como una amenaza nacional. Llevado incluso a México como un delincuente de extrema peligrosidad, incomunicado y como si fuera un zar del huachicol, a cambio de esos que a nadie detienen.
Mientras el crimen organizado sigue realizando exterminios y operaciones de lucro, el huachicol del sureste quedó intacto, pero el peligro nacional es Osama Rafita León. Las matanzas siguen en toda nuestra geografía, pero lo que preocupa a la presidenta Claudia es “la oposición”, delito mayor y punible. Hay que perseguirlos.
Sin embargo, la consigna política es muy clara: Rafael León debe pagar con pena de cárcel, y abrió así un nuevo expediente a la persecución periodística en el sexenio del segundo piso de la 4T, que se distingue por declarar el encanto de la libertad de expresión, pero en cambio usa el nuevo Poder Judicial para perseguir a quienes considera que son sus opositores, en un caso que ya despierta la atención internacional.
El juez de control José Guadalupe Nucamendi desestimó el cargo de terrorismo, que hasta para la presidenta era excesivo y ridículo, pero lo consignó a proceso por el extraño delito periodístico de “encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública”, imponiéndose la pena de un año de prisión domiciliaria.
Este género puede aplicarse a toda la prensa del mundo: convierte en cómplice del delito a la prensa por informar de lo ocurrido.
Artículo 19 se avocó a tomar la causa del compañero perseguido políticamente, en tanto se sumó a nivel nacional el Foro Nacional de Periodistas, capítulos de Chihuahua, Veracruz, Jalisco y de otras entidades, en defensa de un perseguido político.
Artículo 19 indica que la audiencia transcurrió con múltiples inconsistencias, falta de argumentos e irregularidades por parte de la Fiscalía, en su intento de atribuir responsabilidad a Rafael.
La defensa del periodista logró evidenciar que no se comprobó ninguna relación real del periodista con las estructuras delictivas y que la imputación de terrorismo era completamente arbitraria. No era Osama, era un simple reportero de la calle.
El asunto se trasladó a un punto toral para los periodistas.
La audiencia demostró que la Fiscalía pretende inculpar a Rafael por la información que le llega a través de distintas fuentes de información y sobre la cual reporta oportunamente. Para la autoridad, dar a conocer a la sociedad la información CONSTITUYE UN INDICIO DE CONOCIMIENTO PREVIO DEL HECHO DELICTIVO(como si le fueran a informar sus planes criminales los autores de delitos). Luego, exponerlo públicamente no basta. Esa es labor ministerial, no periodística; no somos agentes del Ministerio Público ni espías del gobierno. Es un punto que no admite concesión alguna.
Es decir, bajo la absurda acusación de que Rafita llegaba antes a cubrir una nota, la Fiscalía está buscando criminalizar su trabajo.
De la misma manera en que un reportero debe preservar la confidencialidad de sus fuentes, sin revelar nombres o fuentes de datos, base de la relación de confianza entre el reportero y el informante, se pretende que este principio básico de confianza y base del ejercicio periodístico sea vulnerado. Así, se hará imposible el periodismo de verdad.
La acusación de la Fiscalía se apoya en un “testigo protegido” en forma anónima, con declaraciones contradictorias e irregularidades, que son la base de la acusación. Una forma muy irregular de sustentarse desde el anonimato.
Es decir, la Fiscalía pretende castigar la eficacia informativa de Rafael León usando como pruebas sus propias coberturas informativas, como pruebas de los hechos ilícitos.
Aún más, se le imputa no reportar o denunciar a las autoridades el conocimiento que tiene de supuestos hechos delictivos, aunque el presentarlos en una cobertura noticiosa cumple con el objetivo de la información con seriedad y de servicio a la comunidad.
Este suceso puede dar lugar a la criminalización de otros comunicadores y periodistas por su conducta profesional. Las coberturas reales no son tolerables para la 4T, dado que la presidenta se dio a descalificar a El Diario El Universal por realizar una completa información del descarrilamiento mortal del Tren Transoceánico, operado por la Marina Armada de México, que ocasionó 13 muertos y múltiples lesionados, a los que el gobierno de la 4T ofreció una indemnización de 30 mil pesos por difunto. Lo criticó por publicar fotos y nombres de las personas que sufrieron el deceso.
Ridículo, como el montaje de Claudia Sheinbaum tomando selfies en el hospital.
El zopiloteo no es de los medios, sino del poder que busca cubrir sus errores mortales, su corrupción y, sobre todo, silenciar a los medios que difunden versiones que no son afines. Los buitres son ellos, que buscan conservar su podredumbre.
En el caso de Rafita, reportero de Coatzacoalcos, Veracruz, que ahora escala fama mundial y exhibe en vitrina los procedimientos absurdos y antijurídicos de los jueces nombrados por acordeón, listas y tómbolas partidistas e impuestos para el poder, para defender al mismo.
En escasos días, la FGR completó una carpeta y la judicializó, pero solicitó cuatro meses para investigación complementaria. En el año del Mundial, para que desde el extranjero vean cómo opera la “justicia mexicana”, pero no con los verdaderos criminales, que gozan del Estado tolerante y protector.
En tanto, en los magnocrímenes y masacres que se siguen cometiendo en el país y en los asesinatos de periodistas, brilla una total inoperancia, una absoluta indiferencia y, adicionalmente, una negligente actitud para cumplir con sus deberes de oficio. Las carpetas no se completan, no se mueven; solo avanzan las que sirven para perseguir opositores.
La banda del huachicol quedó impune en el sureste. Pero con ellos las investigaciones van a paso de tortuga; no así con los terroristas de la pluma, como los cataloga el perverso Poder Judicial, consagrado para defender al gobierno, a sus líderes y a su movimiento. La prensa es el último escudo de la libertad en este país acosado por la delincuencia y por un gobierno sometido a la misma.
La disposición censuradora sometida al periodista afecta su forma de vida, los derechos de este periodista que no se ajustan a las percepciones judiciales de delitos cometidos, pero aun así la consigna va primero, ya que lo restringe a su domicilio. Por ello urge que las instancias de Derechos Humanos se pronuncien en favor del periodista y su familia. El Foro Nacional de Periodistas está presente.
Ellos quedaron expuestos a un contexto de persecución y amenazas desde las sombras y de parte del oficialismo gubernamental en el Poder Judicial.
Veracruz, de Rocío Nahle, es ya un estado sin libertad de expresión y en el que el periodismo está acotado, perseguido y silenciado. Se suma a 18 entidades en las que de facto existe el control, la censura o limitaciones. Sin condiciones para operar el periodismo con independencia, aunque sean garantías constitucionales, y con imparcialidad. Este caso será el primero de este año en mostrar el rostro represivo a la prensa del gobierno de la 4T.
EL GOBERNADOR ARMENTA CONTRA RODOLFO RUIZ
A este caso se suma el de Rodolfo Ruiz, en Puebla, director del medio digital e-consulta, vinculado a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las irregularidades en el proceso parecen el común denominador: no permiten a la defensa acceso a la carpeta de investigación, para evitar que tenga una defensa adecuada. El problema real fue que Rodolfo Ruiz hizo crítica periodística de los escándalos de la administración morenista de Armenta, el gobernador de Puebla, actos de corrupción y abuso del poder, incluyendo instancias de procuración de justicia que han sido señaladas por su torpeza y jactancia en notas nacionales.
Fue una descalificación parcializada de la prensa, que intenta criminalizar, particularmente con Rodolfo Ruiz, acusado por el gobernador morenista de Puebla, Alejandro Armenta Mier, de dirigir una red de delincuencia cibernética, por lo que Artículo 19 tuvo que emitir una alerta contra el ejercicio intimidatorio contra la libertad de expresión a nivel continental.
El uso del aparato penal por el poder, como respuesta a información que les incomoda, cierra espacios y debilita el derecho a estar informado. Rodolfo Ruiz fue investigado en sus ingresos lícitos por un gobierno que pretende silenciar a todos.
El caso será sumado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Artículo 19 y el Foro Nacional de Periodistas piden que se ponga fin a la persecución contra la prensa y la libertad de expresión, que en discursos, pero no en los hechos, realiza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al permitir represalias al ejercicio periodístico de forma burda.
En lugar de ofrecer garantías para tener un entorno seguro en la labor periodística —libertad que solo imagina en sus discursos y que los hechos reales desmienten—, mientras juega a hacerse la víctima de las críticas por el accidente ferroviario, siguen asesinando periodistas, cerrando medios y censurando por medio del Poder Judicial.
Leticia Zurita Ávila, poderosa abogada al servicio del poder, madre de la joven involucrada en el accidente, demostró tener importantes conexiones y hasta dónde pueden llegar las represalias de quien se interponga ante el poder. ¿O es asunto de Rocío Nahle, la gobernadora de Veracruz, la que está propiciando este ataque?
¿Quién será el próximo y cuál medio sigue de caer en la persecución?
Este caso, por el bien de la libertad de expresión, debe ser el último, sumado al asunto de Rodolfo Ruiz y al acoso de Chihuahua.
Esto se repite a escala nacional, señora presidenta. Y usted lo puede impedir o aceptar que se trata de una dictadura.
La prensa no es enemiga del sistema; es enemiga de la corrupción. Callarla es definir un Estado atentatorio de la libertad, que usted entiende solo como alabanzas a sus obras, discursos y acciones, con cero tolerancia a la crítica. Para eso hicieron su reforma judicial: para tener jueces a modo de las consignas. Pero esto no será un asunto doméstico… ¿Así desea obtener la confianza de los mexicanos en su gobierno? Así empezamos el año.
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