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Gabriel Torres Espinoza*

El día de ayer, el Pleno del Congreso del Estado, aprobó imponer un crédito fiscal [resarcimiento de los daños a la hacienda o patrimonio público] al IPEJAL por 495 millones de pesos, por anomalías registradas en la Cuenta Pública de 2017, de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). El monto tendrá que ser reembolsado por los otrora director general del Ipejal, director de Finanzas; titular de Servicios Médicos; directora de Administración y Servicios; y el jefe de Contabilidad.

Se trata de un crédito fiscal del que no se tenga registro en la historia reciente de Jalisco. A efectos de dimensionar lo anterior, conviene destacar que, de 2009 a 2020, el Poder Legislativo había impuesto cargos por poco más de mil 146 millones de pesos, producto de la fiscalización que la ASEJ ejerce sobre los poderes estatales, gobiernos municipales, órganos constitucionalmente autónomos, fideicomisos y entes públicos de la entidad.

De forma que el crédito fiscal aprobado el día de ayer en el Congreso, representa el 43.2 por ciento –casi la mitad– del monto de total al que ascienden los 86 créditos fiscales (con valor de 1,146 mdp) que se han impuesto en prácticamente la segunda década de este siglo (2009-2020). De ese tamaño es la malversación de los recursos del IPEJAL, en tan sólo un año (2017), frente a la ocurrida en todas las entidades fiscalizables de Jalisco en 11 años. De Jalisco para el Mundo.

Irónicamente, en el Presupuesto de Egresos de 2017 del IPEJAL, se habían etiquetado 323 millones 488 mil 600 pesos al Objetivo “asegurar la salud financiera de la Institución”. Ayer, el Poder Legislativo Local evidenciaba lo verdaderamente ocurrido, que en realidad fue diametralmente opuesto al entonces fin esperado, toda vez que el insano manejo de los pillos de Ipejal superó en un 53 por ciento ese monto. De esta manera, el dinero destinado al supuesto saneamiento a IPEJAL (488.6 mdp), terminó superado por un crédito fiscal multimillonario (495 mdp) del que no se tengan precedentes en la entidad, para así retratar el cochinero que prevalecía en el manejo de las finanzas de los fondos de las pensiones y jubilaciones.

No sólo debe asegurarse el resarcimiento de ese daño al patrimonio del IPEJAL, que deriva de las aportaciones de los servidores públicos del Estado afiliados al Instituto, sino el saneamiento tanto administrativo, como penal de quienes perpetraron y dilapidaron los recursos de este organismo público descentralizado. Van varios botones de muestra.

En Brasil, por 234 mil dólares invertidos en la reestructuración de una finca que ni siquiera era suya, su ex presidente, Lula da Silva, fue condenado a 12 años y 11 meses de cárcel. Esos 234 mil dólares, a valor actual (20.23 pesos por dólar), equivaldrían a 4.73 millones de pesos. En una ‘maroma’, aunque con pocos grados de dificultad, un funcionario de primer nivel o super asesor externo del IPEJAL se los embolsa, sin que exista la mayor repercusión fiscal, administrativa, política y/o penal. Vamos, por poco menos (21.7 millones de dólares o 439 millones de pesos), durante 2017-2018, la entonces presidenta en funciones de Corea del Sur, Park Geun-hye, fue destituida y condenada a 24 años de cárcel. Pero en Jalisco, quien la hace, no la paga.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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1 Comment

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  1. Prisciliano

    20 febrero, 2021 at 4:42 pm

    Por algo pasan lo que debe de pasar!!!
    Y nosotros trabajamos y trabajamos que saben éstos políticos de trabajar 24 horas y MUY fácil robar y robar no es grave en el País de nunca Jamás, jamás,porque no los tocan son intocables.

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Gabriel Torres Espinoza

Pensiones ‘doradas’ e inversiones fallidas

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Gabriel Torres Espinoza

El lunes pasado, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, presentó una iniciativa de ley con el fin de mitigar las causas que han llevado a la inviabilidad financiera de las ‘pensiones doradas’ en el Instituto de Pensiones de Jalisco. El primero que se determina a comenzar a combatir la cloaca en que se ha convertido esa institución.

Existen un total de 959 pensionados por jubilación, cuyo monto mensual superó los 50 mil pesos [cuando el promedio al que ascienden las pensiones de los burócratas jaliscienses, afiliados a Ipejal, es de 15 mil pesos]. No obstante, he aquí el quid de la cuestión, todas estas pensiones —superiores a los 50 mil pesos mensuales— pertenecen a ex funcionarios electos popularmente y/o de primer nivel. De forma que la máxima pensión otorgada equivale a poco más de 206 mil pesos mensuales, mientras que la menor pensión alcanza apenas los 772 pesos mensuales.

Este sistema pensionario se encuentra en franca ruta de quebranto (revelado por el mismo director) y en riesgo ese derecho para casi 45 mil ex servidores públicos, por —entre otras tantas cosas— otorgar ‘jubilosas jubilaciones’, que simplemente NO corresponden con el promedio de sus aportaciones al Fondo de Pensiones.

Con relación a lo anterior, es importante destacar que, desde 2019, el pago de nómina de pensionados superó los ingresos por aportaciones de afiliados, dejando un déficit de 58 mdp. De no hacerse nada, en 2029, las Reservas del Fondo se agotarían por este déficit que no deja de crecer, y se requerirán aportaciones extraordinarias por casi cinco mil mdp anuales. De esta manera, esta reforma pretende reducir el tope máximo para pensiones que hoy es de 35 salarios mínimos [148 mil pesos mensuales], a 25 salarios mínimos como establece la Ley del Seguro Social [equivalente a 106 mil pesos], lo cual es absolutamente sensato.

Lo particularmente relevante de esta reforma es que no obvia el pasado —debido al principio de irretroactividad de la ley—, para así establecer este razonable límite o tope al monto de las ‘pensiones VIP’ tanto preexistentes (‘pensiones doradas’), como inminentes (en curso) y futuras (las que se rijan bajo la nueva reforma). En la Exposición de Motivos se fundamenta lo anterior en criterios de la CIDH; también en tesis, criterios y jurisprudencia de la SCJN. Está por verse la consistencia jurídica de la iniciativa.

Ayer el Gobernador anunció que la Contraloría interpuso una denuncia penal, en contra de quien o quienes resulten responsables, por la autorización y otorgamiento de la ‘pensión dorada’ de ‘Chema’ Martínez. Esta sería ya la sexta denuncia penal que Teresa Brito presenta respecto de asuntos de Ipejal. Se dio a conocer, también, las denuncias (que en esta columna se detallaron este lunes) presentadas contra el Comité de Inversiones (que hoy sesiona) y que se advierte como el VERDADERO RESPONSABLE de las multimillonarias inversiones fallidas, en auténticos fraudes en contubernio con empresarios corruptores. Ayer se refirió a uno, el caso ‘Abengoa’, del que el gobernador dio detalles, respecto de la denuncia que ya fue presentada. Ojo… hay un solo miembro del Comité de Inversiones que ha permanecido por tres sexenios, y que es origen y explicación de buena parte de lo que ahí ocurre.

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Los expedientes negros del Ipejal

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Gabriel Torres Espinoza

(Primera parte).- El ex magistrado electoral, Rodrigo Moreno Trujillo, se desempeña hoy como titular de la dirección jurídica del Ipejal. Un abogado especializado en materia electoral, que aceptó la tarea de sacar adelante diversos litigios por los millonarios daños al patrimonio de Pensiones del estado. El delicado curso de estos procesos resulta de la mayor trascendencia para la viabilidad financiera del derecho a la jubilación de los trabajadores al servicio del estado.

Algunos casos son: 1.- Carpeta de Investigación 4119/201, por desvío y aprovechamiento ilícito de facultades en contra de Fidel Armando Ramírez Casillas (ex director general de pensiones 2013-2018). Un juicio penal, por un monto de 2 millones 413 mil 588.80 pesos por el contrato de arrendamiento del edificio Dionisio Rodríguez (Centro Joyero). Aquí el IPEJAL dejó de percibir la cantidad de 2 millones 413 mil 588.80 pesos correspondientes a los 7 meses de gracia otorgados por el entonces director general.

Sin duda, el caso gordo es el de Abengoa, con la carpeta de investigación 241/2019 -Sedar – Por invertir con recursos del fondo de ahorro para el retiro. Un juicio en materia penal. Además de las carpetas de investigación 153/ 2019 y 36635/2019. Juicios por un monto de 280 millones 807 mil 625.06 pesos. Es un juicio en contra de los miembros ¡del Comité de Inversiones de Ipejal!, debido a que (ojo) NO aplicaron las políticas de inversión de mercados financieros, ya que de manera indebida tomaron los recursos propios del fideicomiso relativo al SEDAR.

En la carpeta investigación 153/ 2019- Inversiones- se litiga por comprar los certificados bursátiles e invertirlos de manera indebida. Un juicio materia penal, por un monto de 705 millones 290 mil 079 pesos. Aquí se adquirieron certificados bursátiles autorizados ¡por este Comité de Inversiones! de forma fraudulenta. Incluso, IPEJAL realizó un contrato de intermediación financiera en el 2015, con una Casa de Bolsa, y está se convirtió en la custodia de los certificados. En síntesis, por recomendación del Comité de Inversiones del Ipejal, se destinó dinero que los trabajadores aportan para su pensión y jubilación, a la compra fraudulenta de certificados bursátiles. Una más con Abengoa. La carpeta de investigación: 36635/2019 – Por un monto de 372 millones 984 mil 498.89 pesos. Un juicio en contra de Abengoa México por los certificados bursátiles (ahora sin valor).

Otro importante litigio es el que se sigue contra GVA, Virgo S.A de C.V – Parque Royal. También derivado de un fideicomiso. Aquí el litigio es por fraude, bajo la carpeta de investigación 61285/2020. Juicio en materia penal, por el monto de 524 millones 284 mil 067 pesos. Se trata de un terreno en el que se iban a construir 47 macrolotes y el 53% sería para IPEJAL y el 47% a GVA Virgo (constructora). Se debió de entregar en 2019, obvio no ocurrió. GVA, Virgo no ha justificado aún su inversión tomada del fideicomiso y no hay licencias de urbanización. Otro gran fraude al dinero de los trabajadores.

De que se puedan recuperar estas malas inversiones, depende en buena medida gran parte de la viabilidad financiera de un derecho social que se ha puesto en riesgo por toda la corrupción, especialmente en el Comité de Inversiones.

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Gabriel Torres Espinoza

Invulnerabilidad ¿ante la irresponsabilidad social?

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Gabriel Torres Espinoza

Mucho ha acontecido desde aquel 11 de marzo de 2020 en que la OMS categorizó al coronavirus como una pandemia. Actualmente, son cuatro las variantes que han ‘encendido las alarmas’ en el Planeta: Alfa, Beta, Gamma y Delta, detectadas originariamente en Reino Unido, Sudáfrica, Brasil e India, respectivamente. El dato de aquí resulta muy importante, toda vez que Reino Unido, Brasil, India y Sudáfrica, son las naciones que registran el mayor número de casos confirmados en la Unión Europea, América Latina, Asia y África respectivamente.

De modo que el problemático acontecimiento no es para nada azaroso. ¿Por qué? Porque como menciona Matthew Binnicker, Ph.D., director del Laboratorio de Virología Clínica de ‘Mayo Clinic’ (E.E.U.U.) cuanto mayor es el número de replicación del virus, derivado del contagio en las personas; mayor es la probabilidad de que en el virus se produzcan ‘errores’ en su genoma, mutaciones, que son las que dan lugar a estas peligrosas variantes.

Siendo así, de poco sirve el acaparamiento de los países más ricos sobre las vacunas —lo que parece se acentuará aún más con la eventual aprobación de la ‘terceras dosis’—, cuando países generalmente pobres o de ingresos medios experimentan un caos epidemiológico en su territorio (Indonesia, p. ej.), por tener ínfimos niveles de inmunización, lo que termina por crear nuevas variantes, que tienen efectos replicadores y devastadores a nivel global. Por esta razón, la OMS se opone a la ‘tercera dosis’ de las vacunas, que ya empieza a discutirse en el mundo entero.

Con relación a ello, la farmacéutica Pfizer reconoció la semana pasada que su vacuna “pierde efectividad” después de seis meses de ser aplicada [ya incluso anunció que solicitará la autorización para inocular una tercera dosis en E.E.U.U.]. La reacción por parte de Israel fue inmediata: el pasado lunes, se convirtió ya en el primer país del Mundo en autorizar la aplicación de una tercera dosis (de Pfizer) contra el COVID-19, aunque por ahora ésta sólo se realizará en personas inmunodeprimidas. No obstante, ya se evalúa la necesidad de hacerlo en todos sus connacionales.

Pfizer encontró que la efectividad de su vacuna contra la variante Delta había disminuido del 90% al 64%. No obstante, a pesar de ser la única farmacéutica que se ha pronunciado al respecto, existe cada vez más un consenso generalizado por parte de los especialistas por reforzar la inmunización con una tercera dosis, debido a las nuevas variantes. Y es que estudios preliminares por centros de investigación, indican que las nuevas variantes podrían disminuir de entre 20 y 30 puntos porcentuales la efectividad de las vacunas.

Resulta importante tener en cuenta la atinada reflexión del Dr. Alejandro Sánchez Flores, encargado de la Unidad de Secuenciación Masiva y Bioinformática, de la UNAM, en el sentido de que las vacunas son como un “cinturón de seguridad”, en la medida en que previenen sensiblemente los desenlaces fatales en siniestros, pero no otorgan invulnerabilidad ante la irresponsabilidad social. De modo que conducir responsablemente, con cinturón de seguridad, mitiga al máximo los riesgos fatales; y exactamente lo mismo ocurre cuando se está vacunado, y se siguen acatando los protocolos de sanidad frente a la pandemia.

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