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Salvador Guerrero Chiprés

Frente al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) las reacciones en contra sintetizan la polarización que vivimos y de la cual tienden a formar parte adversarios y quienes sin sustento lo promueven.

Primero, cuando menos 17 países usan padrones semejantes aun con todos los riesgos que se dice en México que tendrían y, segundo, sin la colaboración ciudadana preventiva y sin la denuncia ningún instrumento contra el fraude y la extorsión será suficiente.

Mi postura es que las posibilidades de control del Estado mexicano en la actualidad son mucho mayores de las existentes en 2009 cuando muchos rechazamos el Rrenaut, un instrumento que pretendía algunos usos preventivos semejantes. Además, hoy ya el INE, el SAT, los bancos y las redes sociales utilizan información privada y biométrica que ha demostrado contribuir a la seguridad sin estar exenta de riesgos.

En otras palabras, una consistente animadversión al Panaut, si no fuera partidaria, debería dirigirse a rechazar los controles o el poder de información sobre lo privado que ya tienen muchas instituciones privadas o presuntamente autónomas.

Entró en vigor el 17 de abril y su implementación llevará dos años, desde la definición de procedimientos para su integración hasta la difusión sobre el alcance de la norma.

En reacción a la ley aprobada por el Congreso de la Unión, actores con una visión opuesta argumentan riesgos de espionaje y de afectación a la individualidad al integrar datos biométricos de más de 122 millones de usuarios. En algunos casos, inducen a interponer amparos —un machote ya circula en chats de WhatsApp y otras redes— contra la norma.

Entre estos argumentos no se ve una defensa de la víctima de los delitos que el Panaut busca combatir: extorsión, fraude, secuestro, entre otros. El aprendizaje ciudadano para evitarlos tiene que ser fortalecido para eliminar un fenómeno delictivo que tiene más de 20 años.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México opera para todo el país una app: No más Extorsiones, disponible en plataformas IOS y Android. En ella, hemos registrado más de 179 mil números desde donde se intenta fraude o extorsión, entre otros delitos.

Además, en la Línea de seguridad del Consejo, (55) 5533-5533, de enero de 2020 a los primeros días de abril de este año recibimos 38 mil 792 reportes por extorsión y fraude de la mayor parte del país. El 75% corresponden a llamadas de extorsión. 

Cada día, en promedio, 63 usuarios reportan una comunicación extorsiva, pero un dato alentador es que 93% de los intentos fracasan a nivel nacional y 96% en la capital nacional. La cultura de la prevención es la herramienta ciudadana más poderosa… y le sigue la denuncia.

La probable integración de un Panaut con supervisión ciudadana y la app mencionada y sobre todo con la denuncia puede mejorar nuestras posibilidades de bloquear los delitos de fraude y extorsión que se valen del celular — en nueve de cada diez casos— como medio para sus fines.

@guerrerochipres

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Carlos Ramírez

Indicador Político- EU: primero los pobres y paquete disminuyó pobreza en pandemia

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Carlos Ramírez

Ante los indicios de qué el confinamiento antipandémico iba a generar mayores presiones sobre las clases bajas en Estados Unidos, el gobierno del presidente Biden aprobó varios paquetes de ayuda y subsidios directos a la población de abajo y a la vuelta de un año lograr la disminuciónde casi veinte millones de pobres respecto a 2018, una baja de casi 45%.

El principal dilema de los gobiernos ante la recesión forzada por la pandemia fue optar entre el equilibrio macroeconómico con restricciones de gastos y efectos negativos en los sectores sociales bajos o decidir subsidiosextraordinarios para contener el desempleo, la marginación y el empobrecimiento masivo.

No es la primera vez que los gobiernos enfrentan dilemas de tal naturaleza. En la crisis de corporaciones financieras del 2008-2009, hasta el Fondo Monetario Internacional permitió el aflojamiento de las metas estrictas de déficit presupuestal y endeudamiento público, a fin de que los gobiernos pudieran financiar la salida de la crisis por la vía de la demanda subsidiada.

Hoy Estados Unidos ha puesto en marcha con eficacia programas de demanda subsidiada. En su reporte de los efectos sociales de la política económica ante pandemia, publicado el pasado 28 de julio, el periódico The New York Timesaportó cifras sobre la disminución de la tasa de pobreza, con efectos sobresalientes en los sectores hispano, asiático, blanco y afroamericano. Los costos fiscales de los programas se endosaron a la inflación, el déficit presupuestal y la deuda pública, aunque con la certeza de que había que salvar primero a los pobres.

La estrategia de demanda subsidiada de Biden se basó en la entrega de pagos mensuales específicos y extraordinarios a la mayoría de las familias con niños y a las comunidades sobre todo afroamericanas con dificultades en el ingreso y el empleo. Pocos países siguieron los pasos audaces de la Casa Blanca y todos ellos vieron aumentar de manera espectacular y negativa sus cifras de marginados, empobrecidos y desempleados sin expectativas de recuperación en los próximos de tres a cinco años.

El efecto adicional de los programas de apoyo a marginados se verá en las relaciones sociales de raza, pues, señala el diario neoyorquino, la pobreza afecta a grupos raciales y étnicos afroamericanos y latinos que ampliaban su brecha de marginación respecto a las comunidades blancas. Y en Estados Unidos la desigualdad racial de modo natural tiene efectos en los padecimientos de inseguridad y violencia.

La clave del paquete de ayuda social estadounidense radicó en el aumento de ingresos temporales a las familias marginadas para incrementar las posibilidades de crecimiento de la economía estadounidense en general, logrando que el hoyo recesivo por el confinamiento fuera menor. Mientras en EU el PIB de 2020 fue de -3.5%, en países como México en que no hubo apoyo a la planta productiva y el empleo el PIB en 2020 cayó -8.5% y el esfuerzo de reactivación para intentar estabilizarlo perdido tardará como mínimo cuatro años y aún así la recuperación del ritmo de bienestar social habrá perdido cuando menos diez años de ventaja. Datos del CONEVAL señalan que la población en pobreza laboral en México creció a niveles similares a 2017, el ingreso bajó 2.5% y la canasta básica aumentó 6.1%.

El paquete de ayuda social a los pobres en EU salvó a 10 millones de personas del empobrecimiento pandémico y los alejó de los márgenes de la pobreza extrema.

El costo de política económica se resentirá en la inflación, pero hubo de asumir la gran decisión en Estados Unidos entre endiosar la inflación y la estabilidad macroeconómica o aumentar el gasto social para evitar un empobrecimiento generalizado que hubiera tenido efectos desastrosos en el nivel social de los marginados y en el previsible aumento de la violencia y el consumo de drogas.

El efecto de la política económica de defensa del bienestar social en Estados Unidos será temporal, pero beneficiara el hecho de haber atenuado el desplome del PIB y la actividad económica de los próximos tres años absorberá paulatinamente la inflación.

Estados Unidos ofrece una imagenreal de lo que es un programa que coloca primero a los pobres.

 

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El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

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Nacional

En la Cuarta Transformación no debe haber intocables: Mario Delgado

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El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo exhortó a los legisladores de dicho partido a actuar en congruencia con los valores de la Cuarta Transformación y llevar a cabo un periodo extraordinario para debatir, y en su caso aprobar los desafueros de Benjamín Huerta, acusado de abuso sexual de menores y de Mauricio Toledo, investigado por enriquecimiento ilícito.

“En la Cuarta a Transformación no debe haber intocables, una de las grandes reformas aprobadas por la mayoría de Morena en el Congreso fue el haber terminado con el fuero, esa figura que tanto ofendía a los mexicanos, porque representaba impunidad y abuso de poder”, señaló Delgado en un video difundido en redes sociales.

Asimismo, recordó que en abril de 2019 Cipriano Charrez fue desaforado y separado de su cargo como Diputado Federal para enfrentar los cargos que se le imputaban por provocar la muerte de un joven en un accidente automovilístico, sin escudarse en el fuero legislativo y como muestra del cambio de régimen político que vive el país.

“En esta legislatura que termina ya pusimos el ejemplo, desaforamos a un diputado federal de Morena del estado de Hidalgo para que enfrentara la justicia. En estos tres procesos de desafuero que están en curso, exhorto a mis compañeras y compañeros a que los aprueben a la brevedad para que se haga justicia”, agregó el dirigente nacional.

En este sentido, pidió a los morenitas demostrar que son diferentes, que no son  iguales a los políticos del pasado. Y que a diferencia de la oposición en Morena y en la Cuarta Transformación no se protege a nadie.

“Nada al margen de la ley y nadie por encima de esta”, finalizó Mario Delgado.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Pues sí, el INE tiene que explicar razones de desdén a la consulta

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Carlos Ramírez

 Si por ley sólo el Instituto Nacional Electoral podía promover la consulta, entonces la revisión de la difusión de la convocatoria consulta del pasado 1 de agosto acredita responsabilidad política al desdén de los funcionarios del organismo electoral hacia el primer experimento de la democracia participativa como paso previoa las presidenciales de 2024.

Al final de cuentas, también, hay que acreditar la falta de acompañamiento político, social y partidista a la estrategia política directa del presidente de la república hacia una convocatoria a consultapromovida como parte de sus facultades legales.

Y finalmente, la consulta se convirtió en un galimatías incomprensible por la intervención enredada del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, porque debió haber rechazadola pregunta original obligando al Congreso a redactar una nueva. Por andar de ofrecido, el ministro Lelo es de los principales responsables directos del fracaso de las consultas por redactar una nueva pregunta cantinflesca.

Lo que queda por aclarar son las razones del presidente de la república para seguir adelante con una consulta que había perdido su contenido y organización. Hay que partir del hecho de que no se trató de un capricho, sino, muy en el estilo presidencial, de decisiones estratégicascon sentidos políticos de mediano plazo que sólo el presidente puede operar.

En términos estrictos, la consulta nofue un fracaso porque se realizó y porque pudo montarse sobre el escenario indirecto de juicio a cinco expresidentes de la república por decisiones políticas y de poder susceptibles de ser perseguidas, en diferentes niveles, por investigaciones políticas, sociales y judiciales, pero que de nuevo salieron condenadas.

La institución que quedó en el centro del debate es el INE, porque en las últimas semanas sus funcionarios directivos dedicaron más tiempo a sus agendas políticas particulares que a la promoción ya no tanto de la consulta sino de la experiencia de democracia participativa. El consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello condicionó la realización exitosa de la consulta a un presupuesto de gastoextraordinario que no le dieron. Y el consejero Ciro Murayama Rendón dedicó más esfuerzo a defender la existencia de los diputados plurinominales que están en la mira de una reforma electoral adelantada por el partido Morena.

Córdoba Vianello, además, tuvo más presencia en redes defendiendo la existencia del INE y tratando de blindarlo ante la reforma que busca desactivar el papel político-electoral del Instituto más allá de su función primaria, original y única de organizar elecciones y coordinar el conteo de votos, además de seguirse oponiendo a la decisión de seguridad nacional de crear una cédula única de identidad que haga obsoleta la credencial de elector que controla el Instituto.

La decisión de una reforma electoral no le corresponde defenderla a los funcionarios de la actual INE, sino que es facultad legal de los partidos en el Congreso de la Unión. Los dos consejeros que han sido pivotes del funcionamiento del INE como Ministerio de la Democracia, Córdoba Vianello y Murayama Rendón, terminan su periodo de funcionarios del Instituto en 2023, lo que ha adelantado el tiempo político para definir las posibilidades de una nueva reforma electoral que responda a la necesidad de garantizar el respeto al voto y no mantener una élite política activista de enfoques ideológicos de la democracia.

La consulta, también, permitió percibir la existencia de un establishment político-institucional vinculado a la sobrevivencia y extensión en tiempo político del actual régimen de gobierno inventado por el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1990 para impedir instituciones político-electorales ajenas a esa corriente de funcionamiento sistémico priísta que ha impedido la construcción de una verdadera república de leyes e instituciones.

La lectura de la consulta sólo en función de asistentes podría dar una imagen equivocada del reacomodo de formaciones sociales que se preparan para la votación de revocación-confirmación de mandato presidencial y que entrarán de lleno a la madre de todas las batallas electorales: las presidenciales del 2024.

 

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El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

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