Staff A Fondo.- La administración de Laura Imelda Pérez Segura vuelve a colocarse en el centro de la polémica tras una nueva denuncia penal presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco.
El diputado del Partido Verde por Tlaquepaque, Alberto Alfaro García, acusó a la alcaldesa, junto con integrantes de su gobierno municipal, de presuntos delitos de abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades, derivados de una adjudicación directa cercana a los 60 millones de pesos para maquinaria pesada.
De acuerdo con la denuncia, el Ayuntamiento habría utilizado una supuesta “urgencia” para evitar el proceso de licitación pública y favorecer a la empresa Grupo Constructor Camsi S.A. de C.V., pese a que el presupuesto aprobado para ese concepto en 2025 era de apenas 160 mil pesos.
El señalamiento resulta particularmente grave porque, según lo expuesto, no existía suficiencia presupuestal ni autorización del Cabildo para comprometer recursos por casi 60 millones de pesos, aunque ya se habrían realizado pagos superiores a 41 millones.
El legislador sostuvo que este caso refleja un patrón recurrente dentro de la administración municipal: adjudicaciones directas, presuntas irregularidades financieras y decisiones tomadas al margen de los procedimientos legales.
Además, recordó que ya existen otras denuncias relacionadas con contratos para camiones recolectores de basura, gastos del denominado “Mundialito” y adeudos millonarios con el SIAPA, situación que, afirmó, afecta directamente los servicios públicos para la ciudadanía.
La nueva acusación también solicita la intervención de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica para rastrear el destino de los recursos y determinar si existieron posibles retornos de dinero o beneficios indebidos para funcionarios municipales o personas cercanas.
Mientras las denuncias continúan acumulándose, la gestión de Laura Imelda Pérez Segura enfrenta un escenario cada vez más complejo, marcado por cuestionamientos sobre transparencia, manejo presupuestal y legalidad en el ejercicio del gasto público.
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