Por Carlos Ramírez
Detrás, debajo, a los lados y arriba de la pandemia del coronavirus se encuentran los elementos que revelan una severa crisis de seguridad del Estado en sus tres variables: pública, interior y de soberanía nacional.
En documentos legales de cumplimiento estricto se señalan las funciones del Estado para mantener la seguridad, la soberanía y el bienestar, pero que no se están cumpliendo.
1.- La ley de seguridad nacional define los objetivos de protección del Estado y para qué: “el enfoque de Seguridad Nacional que orientará la actuación de esta Administración es enunciado del modo siguiente: promover la seguridad del Estado mexicano por medio de una política multidimensional que anticipe aquellas tendencias internas y externas que pueden poner en riesgo nuestro proyecto de nación, salvaguardando así la libertad, los derechos humanos y la seguridad de nuestros ciudadanos”.
2..- La doctrina de seguridad interior del Colegio de Defensa, que se asume como definición de políticas de Estado, dice claramente que la seguridad interior es la “condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.
3.- Y las pandemias se han asumido como una amenaza a la seguridad nacional del Estado y la sociedad. En las funciones se asume lo siguiente en el Programa para la Seguridad Nacional 2024-2018:
“Desastres naturales y pandemias
“En virtud de su ubicación geográfica, sus condiciones geológicas y el impacto de fenómenos globales, México es un país susceptible a la ocurrencia de desastres de origen natural vinculados con las condiciones de sismicidad del país, la actividad volcánica y los fenómenos hidrometeorológicos, especialmente aquellos derivados del cambio climático. Al mismo tiempo, es un país expuesto a escenarios de riesgo de carácter antropogénico, como los incendios forestales, los derrames químicos y las emergencias radiológicas. Todas estas circunstancias pueden tener un impacto directo sobre la seguridad de nuestras instalaciones estratégicas, la cohesión social de nuestras comunidades y la integridad física, el bienestar y el patrimonio de la ciudadanía.
“En los últimos 28 años se han suscitado 16 desastres naturales que han tenido un alto impacto en la estabilidad socioeconómica del país. Su costo estimado asciende a alrededor de 457 mil millones de pesos y más de 8 mil vidas humanas. Por otro lado, los efectos de las pandemias sobre nuestra población y sobre el desempeño de la economía nacional tampoco pueden ser soslayados.
“La capacidad de una nación para hacer frente a escenarios de desastre y emergencia se encuentra vinculada con la prevención, la solidez de sus instituciones y la cohesión de su tejido social. En este marco, la visión del Gobierno de la República es promover la Gestión Integral del Riesgo a través de un ciclo de prevención, minimización y mitigación en los tres órdenes de gobierno. Con el propósito de abatir los efectos generados por estos fenómenos, el Gobierno de la República ha ampliado desde 2012 la cobertura financiera destinada a proteger los recursos públicos en caso de desastres naturales. Para hacerlo, ha contratado una cobertura financiera por 315 millones de dólares a través de Bonos de Catástrofe. Esta iniciativa señala la importancia de fortalecer los instrumentos financieros y los seguros para poder afrontar riesgos catastróficos en los próximos años. De igual forma, es necesario destacar los esfuerzos realizados en los últimos años por el Sistema de Protección Civil para desarrollar mecanismos de alerta temprana frente a fenómenos meteorológicos, maremotos, sismos, actividad volcánica, sequías e incendios forestales.
“El 14 de enero de 2014, el titular del Ejecutivo Federal anunció la creación de un Centro Nacional de Emergencias para monitorear de manera permanente los fenómenos naturales. Su propósito será generar información en tiempo real para facilitar la toma de decisiones, fortalecer la prevención y agilizar la capacidad de recuperación y respuesta del Estado mexicano frente a contingencias. De modo complementario, esta Administración trabaja para contar en 2016 con un Atlas Nacional de Riesgos para la consulta y gestión oportuna de riesgos por parte de las autoridades y la sociedad civil.
“Finalmente, es necesario profundizar en la difusión de la política de Protección Civil para crear una consciencia colectiva unificada, cuyo objetivo será el de anticipar, prevenir y enfrentar los desastres de origen natural o los ocasionados por la acción humana. Para ello, se requiere contar con recursos humanos debidamente capacitados, un sistema de información especializada e infraestructura y equipo apropiados para prevenir y, en su caso, reaccionar eficaz y oportunamente ante emergencias, así como con un marco regulatorio que consolide las medidas de prevención de accidentes, con base en la inteligencia que en la materia generen las instituciones del Estado competentes.”
Nada de todo lo anterior se está analizando ni cumpliendo.
Zona Zero
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En medio de la distracción de las fuerzas de seguridad por el coronavirus se ha notado un realineamiento y una reorganización de los grandes y mediados cárteles del crimen organizado. Las apariciones de cuando menos seis cárteles entregando despensas en zonas populares del país no ha sido sólo un desafío al Estado, sino un ocupamiento de espacios sociales que antes retenían bajo su control y preocupación a los gobiernos legales. Paulatinamente, el crimen organizado se expande hacia zonas políticas y sociales del Estado. Esta es otra evidencia de la crisis de seguridad del Estado.
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Los homicidios dolosos siguen siendo parte del reacomodo de zonas de poder de los cárteles, dentro del escenario de no-persecución de capos de la estrategia de seguridad del gobierno.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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@carlosramirezh
