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Por Carlos Ramírez*

El arresto de El Marro y la supuesta declaración de paz en la región por el Cártel Jalisco Nueva Generación no garantizan la pacificación entre cárteles. La guerra entre esas dos bandas delictivas hoy benefició al CJNG. La solución pareciera colocarse en el escenario de la llamada pax narca: un acuerdo informal entre el Estado y las bandas delictivas para evitar la violencia criminal y reducir las actividades sólo a delitos de baja intensidad.

La guerra por territorios ha sido siempre la base de la violencia indiscriminada. De ahí la importancia de que cada banda acepte los territorios bajo su control y se comprometa a no conquistar otros. Sin embargo, la historia universal demuestra que ninguna fuerza puede quedar tranquila porque se aplica la doctrina Tucídides: la posible existencia de una fuerza más poderosa ante la inacción de otra conduce a las guerras de prevención de fortalezas; Esparta declaró la guerra a Grecia porque era un vecino que estaba haciéndose más fuerte.

El CJNG tenía el dominio de Guanajuato y de su seno nació el Cártel de Santa Rosa de Lima de El Marro. La guerra entre ellos fue para someter a uno y autonomizarse el otro. La derrota de El Marro fortaleció de manera automática al CJNG y lo convirtió en una amenaza para El Cártel de El Chapo que también quiere esa zona. De ahí que una paz parcial sea el preludio de nuevas guerras de expansionismo criminal.

La única pax narca que vale ocurre cuando todos los grupos pactan la paz; sin embargo, siempre queda latente el síndrome del alacrán y el sapo, porque el primero pica a quien le salva la vida porque es su naturaleza.

 

Ley de la Omertá

La evaluación de la estrategia nacional de seguridad pública como propuesta de Plan de Paz se va a medir por la restauración de la estabilidad social en las zonas hoy ocupadas por el crimen organizado/desorganizado, no por el arresto de capos. La propuesta presidencial lo tuvo claro. Por ello el arresto de El Marro será un paso intermedio.

La reconstrucción de la seguridad interior en esas zonas ocupadas por la delincuencia no se logra con los arrestos, sino con políticas integrales de desarrollo y, sobre todo, por la restauración de las instituciones del Estado. Pero lo más importante se localiza en el regreso de la sociedad a las relaciones institucionales vía empleo, bienestar, educación, salud y vivienda.

El crimen organizado tomó el control de zonas territoriales de la soberanía del Estado ante la debilidad de las instituciones legales: policías, ministerios públicos, centros de trabajo, escuelas, iglesias, salud, vigilancia y funcionarios estatales y municipales pasaron a control criminal. La estructura de espionaje de los halconcitos como espías al servicio de los criminales construyó una sociedad sin libertad.

La crisis de seguridad en Tamaulipas hace diez años llevó a una intervención enérgica de las fuerzas armadas que lograron expulsar a las bandas criminales, pero la reconstrucción del tejido social, económico y moral nunca llegó para vacunar a las poblaciones. Ahora en la zona de El Marro en Guanajuato se va a percibir lo mismo: el capo se hundirá en la cárcel, sus secuaces crearán pequeñas células delictivas y la sociedad regresará a su pobreza social de expectativas frustradas.

La paz no significa la ausencia de bandas criminales. Lo que arrojó a la sociedad a los brazos de la delincuencia local no fue la oportunidad de ganar dinero con los delincuentes, sino el deterioro del modelo nacional de desarrollo y sus beneficios sociales adicionales. Los narcos llegaron al campo cuando el Estado canceló sus programas de apoyo agropecuario y los campesinos tuvieron que optar entre la miseria, su huida a las ciudades a engrosar los cinturones de pobreza, el viaje como braceros a los EE UU o pactar con los delincuentes para usar sus tierras para sembrar droga. 

En los planes y programas, la estrategia de seguridad parece planeada hasta en los mínimos detalles. Sin embargo, su accionar ha sido sólo en términos policiacos y de seguridad. Los gabinetes de bienestar social o de desarrollo agropecuario o de políticas industriales siguen abandonando las zonas afectadas por la delincuencia. Peor aún, sectores productivos como aguacateros y mineros tienen que pactar con el crimen organizado para obtener la seguridad que no le dan las instituciones gubernamentales.

La paz sin bienestar social tiene ciclos cortos, porque sin la presencia del Estado no habrá seguridad real en las zonas abandonadas por alguna banda y no tardarán en aparecer nuevos grupos delictivos para ocupar los lugares vacíos.

Hasta ahora, la estrategia de seguridad opera de manera consistente en tenas de seguridad, pero sigue fallando en los temas de bienestar social.

 

Zona Zero

• El ajusticiamiento de usuarios de una combi contra un delincuente ha comenzado a ser el prototipo de la justicia callejera o de los llamados “vigilantes”. El incidente es una muestra de que la sociedad que utiliza esos medios de transporte está harta de la pasividad gubernamental, de las promesas de vigilancia y de la incapacidad de las instituciones de seguridad y justicia. La respuesta social de linchamientos de delincuentes ocurre cuando no hay autoridad, las leyes no funcionan y los responsables de la seguridad aparecen como cómplices de los delincuentes.

• Preocupación en los EE UU por el hecho de que la derrota de El Marro representa un fortalecimiento del CJNGjusto cuando las autoridades estadunidenses andan a la caza de El Mencho. Por el otro lado, en círculos mexicanos de seguridad consideran que El Mencho está retirado o muerto, pero que su leyenda ayuda al fortalecimiento del cártel. Sea lo que sea, hay indicios de que están aumentando las movilizaciones para cazar a El Mencho o probar que está muerto.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Gobierno

A decir verdad- Las obras faraónicas serán más caras de lo previsto

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Por Rubén Iñiguez.

Faraónico, es una metáfora para designar la construcción de grandes obras públicas. En el caso del antiguo Egipto, para describir las grandes pirámides, los templos, los centros funerarios como el Valle de los Reyes, y de alguna manera en nuestros días se considera faraónico lo que se constituye en escala de edificación un gran proyecto.

Este sexenio se involucró en cuatro obras faraónicas. La primera fue para destruir lo construido en el NAIM de Texcoco, que significó un enorme desembolso de miles de millones de pesos, recursos para terminar de pagarlo, y luego para abandonarlo.

El final significó que se reemplazará con otra gran obra, más distante, en un lugar más inadecuado, el aeropuerto Felipe Angeles, como se conoce oficialmente, o Santa Lucía, una instalación que pretende reemplazar con el Aeropuerto Benito Juárez de la CDMX, y sumar el de Toluca.

La intención es que estas obras resuelvan por unos 25 años el congestionamiento aéreo, la falta de espacios (slots) para las aerolíneas, que pese a su contracción descomunal por el Covid, necesitarán más pistas operacionales, así como instalaciones. No se si se consideró que se requiere un aeropuerto para unos 70 millones de usuarios por año o más, según estimaciones de la CDMX a mediano plazo, por la expansión, pues actualmente tiene 50 millones de usuarios, 304 mil 011 pasajeros anuales según Wikipedia. Por tanto se buscó resolver este serio problema con una solución compleja de una triada de aeropuertos.

La intención de Santa Lucia, fue de hacer en el criterio de la 4T algo sencillo y espartano, tanto que será militar y civil al mismo tiempo, será más obstáculo para la comercialización y actividad civil;  Esto ya estaba pronosticado con el NAIM, con las bases de un centro comercial, un centro de ofertas de servicios, de renta de vehículos y transporte, e incluso oferta de hotelería próxima, lo que actualmente se considera fundamental para los aeropuertos modernos, y que de esta manera serán rentables y los costos se recuperarían a mediano plazo como lo han hecho en Europa y Asia y la nueva generación de aeropuertos.

La idea, por tanto fue ampliar la terminal 2 de la CDMX, simplemente, no trazar nueva pista porque no tiene espacio, eso deja limitado el tráfico. Esos terrenos que serían eventualmente un gran parque y área verde cercano al Peñon no pudieron ya ser aprovechados.

En Santa Lucia, el proyecto chocó con una naturaleza inesperada: La doble función civil y militar que le ha sido asignada, la cual, a decir verdad, será más obstáculo para la operación comercial y civil, y prácticamente acerca al vecino estado de Hidalgo a usar el aeropuerto.

Un error de parte de la 4T, fue apostarle al aeropuerto de Toluca, que tampoco ha logrado levantar sus números de usuarios, que van a la baja, así como de aerolíneas que lo tomen como base de operaciones ya que la mayoría declinan a usarlo.

No será fácil cuestionar a la milicia, ni tener transparencia en sus cifras y acceso a la información, porque basta el concepto de secreto militar para terminar cualquier indagación- dicha medida, convertirá en un obra faraónica Santa Lucia, desde el punto de vista que solamente beneficiará al sector militar y relativamente a los usuarios.

Esta obra tendrá finalmente sobreprecio, y aún cuando se pretende que dentro de dos años esté terminada, la palabra sobreprecio, no fue considerada por la ignorancia o mala fé de las nuevas autoridades del país, la 4T.

La inflación afecta todo tipo de obra, y esto lo sabe cualquiera que construya, desde una ampliación habitacional, a una casa. Todo se proyecta, pero el mismo paso del tiempo va incidiendo en incrementos. Los errores de ingeniería, el desperdicio, las omisiones, y las rectificaciones, son parte de todo proyecto.

Los costos del personal, la renta de equipos especializados, el mismo subsuelo, y situaciones emergentes propias de las condiciones del terreno, suelen ser inevitables en las grandes obras. Así hay carreteras terminadas, no terminadas, porque el subsuelo tiene hundimientos, humedades, movimientos de tierra, o su composición floja, propicia derrumbes constantes como sucede con la autopista interminable de Jala a Puerto Vallarta, siempre sujeta a obras inesperadas y que incomoda a los usuarios, que pagan por usarla y que nunca la han podido terminar.

El caso de Santa Lucia, con zonas arqueológicas en su entorno, con un cerro que se atraviesa a pista de salida y aterrizaje, además de los militares supliendo a la Secretaría de Obras Públicas, enfrentando retos de construcción de otra magnitud en sus operaciones, todo eso provoca sobreprecio, ya que no son especialistas y tienen que concesionar a constructores particulares.

La misma historia se repite en la Refinería de Dos Bocas, que lleva ya siete “encharcamientos” y que finalmente prefirieron inundar a los pobres de Tabasco, en vez de que el agua sumergiera la obra faraónica del petróleo.

Pemex, ha entrado a un reducción obligada cerrando cuatro de sus siete divisiones, a las que ha cambiado de nombres, una de ellas, Fertilizantes Mexicanos.

Las deudas por 2.5 billones de pesos, así como sus pérdidas del año pasado, todo ello gravita en una obra en que apenas se están terminando las vialidades de acceso, y las plataformas para construir.

Las empresas constructoras internacionales se rehusaron a participar en el proyecto “Dos Bocas”, por razones presupuestales desde su origen. Estimaron que no podrá costar menos de 12 mil millones de dólares, en tanto que el gobierno fijó como tope 8 mil millones de dólares, tomando como base una refinería de la India, que tardó 12 años en terminarse.

El sobreprecio será inevitable. Es cuestión de tiempo para que todo salga a la luz, no podrá estar en el margen que presupuestó el gobierno federal, tampoco estará en el tiempo que ellos pronosticaron. Fue un error presidencial comprometerse en plazos y costos, como si todo dependiera de su decisión, ni que fuera un semi Dios, para que todas las cosas dependieran sólo de él.

Cuatro mil millones de dólares, son el faltante lógico de planeación de la obra. Si sumamos los incrementos, no tendrá “Dos Bocas” el final feliz esperado. Adicional a que el producto interno bruto (PIB) de México está bajo cero punto cuatro. Por lo tanto, no hay recursos adicionales para soportar esa obra faraónica que aún no nace y ya varios especialistas indican que causará daño financiero a Pemex.

Las obra del Tren Ligero ampliado de Guadalajara, encontró problemas en el subsuelo, agua, terrenos delicados, afectaciones colaterales. Los mismos constructores, fueron llamados al Tren Maya. La obra tuvo un sobreprecio de 300 por ciento sobre el presupuesto original. Estamos hablando solo de 21 kilómetros con 18 estaciones, 5 subterráneas y 13 elevadas. Además, el número de usuarios de la Linea 3, ha resultado más bajo de lo esperado, pues sigue habiendo mucha opción de camiones del transporte público, que prefiere utilizar la gente, antes que subirse a un tren que se ha descompuesto al menos en dos ocasiones.

Este tren de largo recorrido, supone un gasto enorme que ya se ha elevado. Sencillamente el costo del paso del mismo, aún con pagos inferiores a los afectados en zonas habitaciones o agrícolas, sufre de modificaciones por el sólo hecho de la plusvalía de la obra. La mano de obra, los accidentes del terreno, el anuncio de adversarios como el Consejo Nacional Indigena y el EZLN,  son para sudar frío.

Los proveedores que serán una constelación en adjudicaciones directas como acostumbra esta administración, que supone con ello, darle facilidades a la corrupción, son otra variable para el sobreprecio, la simple inflación, cambios de precios de acero y de importaciones, son una pesadilla faraónica.

La obra se anunció con un costo de 2,580 millones de pesos, realmente una ganga, pero la conclusión de este esfuerzo será superior a los 30 mil millones de pesos.

La opacidad, la falta de sensibilidad comercial y económica – resaltará en las fuerzas armadas, pues no están preparadas ni para la construcción, ni para el mercadeo, ni para la administración comercial de inmuebles – de les dificultará hacer negocios y comercializar la obra. Tendremos entonces un conjunto de hermosos elefantes blancos, inútiles, costosos, y a los que, sin el Instituto de Transparencia, se podrá ocultar, con toda facilidad, los costos reales de todas esas obras, así como se ocultó el periférico elevado de la CDMX cuando gobernaba Andrés Manuel López Obrador.

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Gabriel Torres Espinoza

¿Qué busca el segundo impeachment a Trump?

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Gabriel Torres Espinoza*

El día de ayer, la Cámara de Representantes de EE. UU. -erigida en Jurado de Acusación- aprobó por 232 votos, frente a 197 tantos, el inicio de impeachment al presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense pasó a convertirse en el único presidente, en la historia, que ha sido dos veces sometido a este proceso de enjuiciamiento. Conviene señalar que, antes de él, sólo los expresidentes Andrew Johnson (1868) y Bill Clinton (1998) se les había instaurado este mecanismo de responsabilidad [Nixon renunció antes de ser sometido a él]. De forma que, durante tan sólo en un periodo de mandato, Trump igualó la marca prevaleciente en 232 años.

Pero ¿qué sentido tiene instaurarle impeachment a Trump a tan sólo una semana de que termine su gestión? Aunado al temor fundado en lo impredecible de su carácter, que no es poca cosa cuando se tiene acceso a los códigos nucleares del país más poderoso del Mundo, la razón de esta medida tiene que ver con el objetivo de inhabilitarlo políticamente, para que no pueda volver a postularse a un cargo.

Es importante destacar que el proceso de impeachment podría seguir su curso, incluso cuando Trump pierda su investidura, al dejar el cargo. En 1876, la Cámara sometió a juicio político al secretario de Guerra del presidente Ulysses S. Grant, después de que este renunciara a su cargo. Esto adquiere mayor sentido toda vez que el líder republicano del Senado, McConnell, ha señalado que no convocará a la Cámara Alta antes del 19 de enero. Al parecer, los republicanos temen que los demócratas logren sumar a los 17 senadores republicanos que les hacen falta para alcanzar una mayoría de 2/3 para poder condenarlo, sabedores de que ya lograron tener el respaldo de 10 congresistas en la Cámara de Representantes, para el inicio de su 2do impeachment.

Respecto de la inhabilitación, por vía del impeachment, habría que precisar lo siguiente. Si el Senado, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, aprueba declarar culpable y condenar a Trump por el cargo oficial que se le imputa (incitación a la insurrección), la inhabilitación resulta un asunto mucho más sencillo para la bancada demócrata -que es lo que verdaderamente persigue-, pues únicamente requeriría ‘mayoría simple’ en la Cámara Alta para poder inhabilitarlo -siempre y cuando antes le sean aprobados los cargos que se le imputan en el impeachment-.

La Constitución de los EE. UU. no establece una ‘mayoría calificada’ (2/3) para tales efectos. También existen antecedentes de ello. En toda su historia, únicamente en tres ocasiones el impeachment ha concluido de manera aprobatoria en ambas Cámaras -los tres eran jueces federales-, y para su inhabilitación sólo se requirió de ‘mayoría simple’. Desde luego, es previsible que esta batalla concluya en tribunales -como indican algunos especialistas norteamericanos-.

Pero le quedaría otro ‘as bajo la manga’ a los demócratas. Inhabilitar a Trump invocando la XIV Enmienda que señala: “Las personas que habiendo prestado juramento previamente en calidad de miembros del Congreso, o de funcionarios de los Estados Unidos (…) [que] hubieran participado de una insurrección (…) [no podrán] ocupar ningún empleo civil o militar que dependa de los Estados Unidos”.

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Coyuntura

Múltiples crisis y acciones de Sheinbaum

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Salvador Guerrero Chiprés*

Ningún Gobierno de la Ciudad de México había tenido tantas crisis simultáneas y de tal magnitud, como la pandemia del Covid-19 o, la más reciente, la de movilidad ante la suspensión del servicio del Metro.

Aunque todas estas situaciones están sujetas a interpretación política y al debate, lo que es imposible ignorar es la rapidez y la precisión disciplinada de las reacciones.

Frente a los daños provocados por el incendio en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, el Gobierno de la ciudad diseñó una estrategia de movilidad alternativa que le ha permitido atender un millón 400 mil viajes diarios.

La paralización del servicio de las líneas 1 a 6 del Metro representa dejar a millones de personas sin el principal servicio de transporte público para su movilidad diaria. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, atendió integralmente la situación.

La Estrategia de Apoyo de la Red de Movilidad Integrada -como se denominó el esquema emergente-, se actualiza e informa cada día con datos sobre la cobertura alcanzada y el ajuste que se realiza en horarios, rutas, distribución e incremento de unidades, para dar certeza de traslado a los ciudadanos.

El reto de garantizar la movilidad se presenta cuando nos encontramos en el punto más álgido de la emergencia sanitaria por Covid-19, con llamados continuos a los ciudadanos, desde la Jefatura de Gobierno, para mantenerse en casa y respetar las reglas de sana distancia en todos los casos.

Para la cobertura de la demanda, la estrategia ha incrementado frecuencias, definido corredores de transporte, recorridos alternativos y coordinación con el área de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Todo ello supervisado desde un centro de operación general, en coordinación con el Estado de México.

Una tarea de esa magnitud, y que estuvo a cargo del Secretario de Movilidad, Andrés Lajous y la directora del Metro, Florencia Serranía, implica la articulación de diversas áreas y la conjunción de esfuerzos.

El Metrobús aumentó su flotilla en recorridos alternativos al pasar de 571 a 607 unidades y el transporte concesionado se incrementó también de 537 unidades a 790.

El Sistema de Transportes Eléctricos aumentó su flota en recorridos alternativos para llegar a 86 trolebuses, más 6 articulados y reinició operación completa del Tren Ligero en el sur de la ciudad y se ha desplegado personal para evitar abusos en el cobro e irregularidades con mecanismos de supervisión y sanción, en su caso.

Personal en puntos de mayor afluencia cumplen una labor vital con difusión de viva voz, para dar orientación a los usuarios sobre las opciones de trayectos. En total mil 550 servidores públicos participan en campo en la estrategia.

La capacidad de respuesta mostrada por el Gobierno de CDMX se convirtió en ingeniería de movilidad para operar un plan alternativo que se activa, escala y mantiene hasta que sea necesario.

@guerrerochipres

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