Por el Mtro Horacio Villaseñor
El desastre que hoy define al SIAPA es el resultado de una omisión histórica y sistémica por parte de los ayuntamientos metropolitanos, los cuales abandonaron la visión de Estado que, bajo figuras de probada solvencia técnica y ética como Jorge Matute Remus, Arnulfo Villaseñor Saavedra y Aristeo MejíaDurán, garantizaba una gestión de altura y previsión urbana, ellos no operaban como “gerentes de mantenimiento”, sino como estadistas de lainfraestructura. Estos directores que, por cierto, los dos primeros también fueron alcaldes de Guadalajara, tenían una premisa innegociable: entendían que, por mandato constitucional, según el Artículo 115 de nuestra Carta Magna, el Municipio es el responsable directo de dotar de agua potable, garantizando así la salud pública. Es urgente comprender que el director del SIAPA no es un reparador de tubos o un gestor de hundimientos; su función debe ser la de un arquitecto de la complejidad administrativa. Se requiere un perfil que domine la cibernética organizacional, la teoría de redes complejas y la geografía crítica para entender el metabolismo urbano. Un directivo capaz de articular un sistema vivo y no simplemente de administrar una maquinaria lineal que se deshace ante nuestros ojos.Hay que decirlo con todas sus letras: la responsabilidad última de este colapso recae en los ayuntamientos, no en el organismo. Lo que falta es inteligencia administrativa, no de ingeniería. El SIAPA es apenas un ejecutor y, si este era incapaz de cumplir con la creciente complejidad metropolitana, fueron los alcaldes que “gobernaron” a partir de los 90, quienes debieron prever y encabezar la reestructuración necesaria, en lugar de evadir su obligación indelegable. La llegada del PAN y posteriormente de MC supuso una ruptura catastrófica en este linaje de perfiles talentosos, sustituyendo la planificación rigurosa por una lógica partidista que, por ignorancia en temas de gobierno, prefirió la inercia del modelo lineal a la necesaria anticipación frente a la explosiva complejidad urbana.
Hoy, la realidad nos muestra que este patrón de negligencia no distingue colores: los alcaldes actuales, tanto de MC como de Morena, mantienen una postura vergonzosamente omisa, ignorando también su deber mientras el sistema colapsa. Esta impunidad se blinda mediante un diseño institucional perverso: los alcaldes solo pueden ser sancionados políticamente por el Congreso local, y el de Jalisco ha demostrado ser, en la práctica, un órgano “palero”. Ante un Poder Legislativo que funciona como un apéndice de los intereses de la clase política y no como un contrapeso real, la rendición de cuentas es una quimera. Al no existir una amenaza real de sanción o juicio político por parte de esta legislatura cómplice, estamos condenados a que la situación solo empeore. En lugar de transitar hacia una evolución eficiente del sistema, retrocedimos a niveles alarmantes: hoy el suministro es una lotería, a veces hay agua, a veces no, y cuando esta llega, lo hace sin rastro de calidad, entregada amarilla, “achocolatada” o con olores fétidos. Al ignorar sistemáticamente la transición hacia nuevos paradigmas y fallar en su deber legal de adaptar la infraestructura al crecimiento metabólico de la ciudad, las autoridades locales no solo permitieron la obsolescencia física de la red, sino que enterraron la capacidad técnica para privilegiar intereses políticos, condenando a la ciudadanía a una crisis de escala donde la ausencia de talento y compromiso se ha vuelto el sello distintivo de su inviabilidad. En definitiva, nuestras alcaldesas y alcaldes no son víctimas de una herencia maldita, sino los arquitectos de este naufragio; su cinismo administrativo, disfrazado de gestión pública, es el responsable de que hoy, en pleno siglo XXI, Guadalajara esté siendo despojada de su derecho más elemental por una clase política igual que el agua que llega, sin calidad, que prefiere el usufructo del poder a la dignidad de su gente. Ni hablar.
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