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No cabe duda de que cuando hay preparación, planeación, estrategia, pero sobre todo se tiene cabeza y se cuenta con el equipo idóneo para desarrollar un proyecto, los resultados saltan a la vista, y eso sucede en el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara bajo la dirección de su director, el Maestro Gabriel Torres Espinoza que sigue cosechando éxitos históricos. La Hora Nacional hará al Canal 44 parte de su programación.

Hoy viernes 23 de agosto de 2019, la Dirección de Radio Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación emitió un oficio dirigido al Maestro Torres Espinoza, también director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Benemérita Universidad de Guadalajara en la que habla de las bondades que tiene el Programa La Hora Nacional que se ha trasmitido exitosa e ininterrumpidamente durante 82 años y en virtud del innovador y exitoso Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano que transmite Canal 44 de Guadalajara a diversas televisoras del mundo es del interés de ellos solicitar la condición de socios adherentes para llevar al cabo una alianza de colaboraciones para fortalecer el programa que se transmite domingo a domingo a las 10 de la noche

Son ya varios éxitos en la televisión mundial cultural, presidiendo asociaciones y prestigiando con la verdad al Canal 44, los que ha cosechado el Maestro Torres Espinoza. En otras palabras, está haciendo historia en la televisión de Jalisco y eso queda para hoy, mañana y para siempre.

Aquí el oficio que emitió el Lic. Rodolfo González Valderrama.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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  1. Pingback: El Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano llega a La Hora Nacional e México – Consejo Directivo ATEI | 2016 – 2020

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Nacional

Resilientes, hasta altos mandos en LLDM reiteran: firmes con Naasón Joaquín

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Ya concluyó un proceso judicial contra el director internacional de la Iglesia La Luz de Mundo, con una desestimación del caso ordenado por la Corte de California y va a iniciar un segundo juicio a petición de la Fiscalía de ese estado norteamericano. Pues los miembros, y ahora los altos mandos de esa religión, ratificaron que siguen firmes con Naasón Joaquín.

Hoy domingo en la transmisión pública por Internet, el Consejo de Obispos preparó un video para los fieles de la Iglesia: en él, mandan un saludo al líder internacional de la Iglesia a quien además le patentizaron con gran alegría, su gratitud y plena obediencia a su misión.

El balance internacional es claro: La Iglesia La Luz del Mundo en 60 países está firme, segura y fiel con El Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García.

El saludo y solidaridad se hizo desde Estados Unidos de Norte América, El Salvador, Colombia, así como la Jurisdicción Norte y la Jurisdicción Sur de España, entre otros.

Esta unidad sobresale porque esta Iglesia mantiene cohesión y crecimiento.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- México: juicio penal o simbólico al neoliberalismo

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Carlos Ramírez*

En una acción prometida desde su posicionamiento en la oposición hace ya treinta años, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició un proceso legal de enjuiciamiento de cinco expresidentes de la república del periodo 1988-2018 por ser los responsables del neoliberalismo económico, de fraudes electorales y de la violencia de la inseguridad.

El procedimiento legal es bastante complejo: solicitud al Congreso federal para realizar una consulta al pueblo si se deben enjuiciar a los ex presidentes que tiene que ser avalada por la suprema Corte de Justicia de la Nación; si gana el sí, entonces se deben juzgar a los expresidentes vivos Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (PRI, 1994-2000), Vicente Fox (PAN, 2000-2006), Felipe Calderón (PAN, 2006-2012) y Enrique Peña Nieto (PRI, 2012-2018) por la “presunta comisión de delitos” cometidos “antes, durante y después” de sus respectivas gestiones administrativas como jefes del ejecutivo federal.

El asunto complicado radica en el hecho de que los procedimientos judiciales se deben hacer a través de acusaciones concretas, carpetas de investigación y averiguaciones previas, no consultas populares para juzgar periodos presidenciales en bloque. Hasta ahora no se han precisado delitos concretos, sino orientaciones de gobierno.

La clave del procedimiento se encuentra en la Suprema Corte de Justicia, porque el Congreso tiene la mayoría el partido del presidente de la república. Y la Corte tendrá que validar la legalidad de la consulta para investigar gestiones administrativas “antes, durante y después” de los sexenios formales.

La propuesta del presidente mexicano mezcla acusaciones formales de presunta corrupción con la aplicación de un modelo económico neoliberal como si fuera un delito, además de reiteraciones de fraudes electorales que ya fueron exonerados en las instituciones electorales correspondientes. El asunto no es que no haya habido evidencias de delitos, sino que su momento se cumplieron con los procedimientos legales para cancelarlos. El tema más actual es el del caso Odebrecht hoy en litigio, pero el proceso legal está en curso con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en prisión domiciliaria hasta la entrega de pruebas que pudieran involucrar al hoy expresidente Peña recibiendo sobornos cuando era candidato presidencial del PRI en 2012.

El filtro principal estará en la autorización o negativa que tendría que dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal legal máximo: investigar la “presunta comisión de delitos” sin carpetas de averiguaciones previas y la temporalidad de esos delitos y “antes, durante y después de sus respectivas gestiones”, sin precisar tiempos legales. En términos procedimentales, las autoridades de la Fiscalía tienen facultades para iniciar carpetas de investigación para elaborar sin consultas populares averiguaciones previas que puedan conducir a solicitudes de órdenes de aprehensión contra expresidentes, aunque con el dato legal de que durante sus gestiones sólo podrían ser acusados de “delitos graves de orden común” y de “traición a la patria”.

Al margen de que se trate de un acto político de posicionamiento mediático que renueve el repudio popular contra el ciclo priísta-panista-priísta de 1988 a 2018 y que deje al margen los gobiernos anteriores con los mismos o peores delitos, el hecho es que bien encaminado el proceso pudiera convertirse en un enjuiciamiento social y político al neoliberalismo económico mexicano que profundizó la pobreza y la marginación y el enriquecimiento plutocrático, aunque sin cargos penales. La prueba del repudio social al neoliberalismo fue el voto a favor de López Obrador en el 2018 para inaugurar un periodo económico posneoliberal.

Dentro de ese periodo neoliberal 1988-2018 existieron casos flagrantes de corrupción que debieran de investigarse –inclusive sin consulta popular–, pero que el gobierno de López Obrador no ha iniciado los procedimientos legales. Por ejemplo, la muy criticada privatización de la empresa Teléfonos de México en 1992 para entregársela al empresario Carlos Slim Helú, con el dato de que hoy Slim es uno de los empresarios consentidos del gobierno de López Obrador. O la privatización de Televisión Azteca que se le dio al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien tuvo que conseguir un préstamo de Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente que privatizaba la empresa, para completar la inversión. Salinas Pliego también es de los empresarios consentidos del gobierno de López Obrador.

Lo más probable es que la consulta no pase el filtro de la suprema Corte de Justicia de la Nación por la falta de consistencia legal al pedir investigaciones como día de pesca y sin basarse en averiguaciones previas con recopilación de pruebas procesales y legales, aunque un tercio de los ministros haya sido propuesto por el presidente de la república. Cada uno de los expresidentes tiene en su haber asuntos oscuros de corrupción y malversación de fondos, pero sin estar en carpetas oficiales de investigación.

Si la solicitud fracasa, entonces la bandera de enjuiciar la corrupción del PRI y el PAN en la presidencia podría fracasar y afectar la base social y política del partido lopezobradorista Morena que avanza a su primera prueba electoral en junio del 2021 con la elección de la Cámara federal de Diputados y quince gubernaturas y que está resintiendo en pérdida de votos el saldo de muertos por la pandemia, la crisis económica con un PIB promedio anual de 1.3% de 2020 a 2024 y el aumento en la violencia de los cárteles del crimen organizado.

López Obrador encarnó siempre el espíritu de justicia popular contra la élite gobernante depredadora a costa de la pobreza de las mayorías y su elección fue un voto de esperanza para someter a la justicia a los gobernantes anteriores. Sin embargo, se esperaban procedimientos legales muy bien cuidados y no solicitudes generales que pudieran esfumarse en el aire.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- AMLO y la memoria histórica: iniciar con Bartlett, Slim, Salinas Pliego y el PRI

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Carlos Ramírez*

Aunque le falta mucho para cumplir su compromiso desde 1988, la carta del presidente López Obrador al Senado para convocar a una consulta para investigar a cinco expresidentes de la república debería ser la base de una ley de la memoria histórica que fije el deslindamiento del ciclo neoliberal 1979-2018.

Pero a partir del contenido del documento que señala el inicio del ciclo neoliberal depredador y de alto costo social en el gobierno de Salinas de Gortari, entonces el gobierno de la 4-T podría comenzar antes que decida la Corte con la investigación penal de dos de los episodios más visibles del autoritarismo salinista: los fraudes electorales que entronizaron el neoliberalismo en el poder y sobre todo el de 1988 y la privatización de las empresas propiedad de la nación para construir un empresariado funcional a los intereses neoliberales del salinismo.

Ahí saltan los tres principales nombres de funcionarios o beneficiarios salinistas hoy incrustados en la 4-T lopezobradorista: Manuel Bartlett Díaz fue operador del fraude electoral de 1988 –además del de 1986 que ilustró hace días el propio presidente López Obrador– que permitió la construcción del salinismo y su proyecto económico autoritario; Carlos Slim Helú recibió por dedazo Teléfonos de México para iniciar la construcción de la plutocracia que sigue enquistada en la empresa y el poder y simboliza la riqueza ofensiva; y Ricardo Salinas Pliego recogió TV Azteca del presidente Salinas de Gortari y la pagó con dinero prestado por Raúl Salinas de Gortari, en un acto de tráfico abusivo de poder y de conflicto de intereses.

Si la carta para juzgar expresidentes se asume como principio de una ley de memoria histórica, entonces el gobierno actual tiene la obligación moral de deslindarse de los miembros de la élite del neoliberalismo que resultó beneficiaria por todos los expresidentes que quieren ser sometidos a juicio. De centrar el juicio sólo en los extitulares del ejecutivo federal, entonces sí podrían analizarse sus resultados como fracaso.

La obligación política y moral del presidente López Obrador con el deslindamiento de su proyecto respecto del pasado neoliberal 1979-2018 se sustenta en que su oferta de campaña y de gobierno fue una Cuarta Transformación de la vida pública, pero para ello necesita liquidar, de manera política y penal, con la 3.1 que fue la posrevolución en fase neoliberal.

En efecto, el neoliberalismo no ha sido nunca, ni aquí ni donde se ha aplicado, un modelo simple de política económica de mercado, sino que ha necesitado –y Chile con Milton Friedman y Arnold Harberger como asesores han sido el ejemplo de que se requirió de una dictadura militar represiva– del apoyo de gobiernos autoritarios en la orilla de la dictadura. El sistema político que avaló el neoliberalismo mexicano que depredo la economía y la sociedad fue posible por el PRI, por lo que se tendría que debatir si el PRI debiera ser proscrito como partido por su responsabilidad histórica en la dictadura neoliberal que empobreció al 75% de los mexicanos en actos conocidos y razonados ya como de “crímenes económicos”.

La puerta que abrió el presidente López Obrador con su consulta fue, aunque se critique, un acto de congruenciapersonal porque siempre dijo que así lo haría. Pero habría una obligación histórica para no dejarlo en mero acto de propaganda electoral para las elecciones legislativas del 2021, porque existe el riesgo de que ese neoliberalismo pueda regresar al poder por la vía electoral en 2024, después de una campaña de desprestigio personal contra el presidente López Obrador que ya está en marcha.

Mientras llega la respuesta positiva o negativa de la Corte a la consulta, el paso político debe ser una ley de la memoria histórica.

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 Política para dummies: La política es un acto de justicia o una ruta de escape.

 

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