No tengo duda de que el mayor esfuerzo de depuración del sistema de procuración de justicia de la capital nacional, de los últimos 40 años, ocurre ahora mismo y lo encabeza precisamente la titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy.
En vez de evadir el señalamiento de presuntas o reales inconsistencias éticas o procesales en la etapa posterior a la liberación de Alejandra Cuevas, en las últimas 72 horas, existe la intención de la FGJ de responder y aclarar. Cuevas, por su parte, ha tenido la madurez para concentrarse en una crítica que será desahogada en la construcción de un organismo a favor del mejoramiento de la justicia, en contraste con el llamado a desconfiar de la autoridad de los actores partidarios. Existe, para beneficio de todos, la oportunidad de profundizar este histórico proceso de depuración.
Ese esfuerzo ahora lo encabeza un equipo de un centenar de abogadas y abogados, investigadores e investigadoras, que han entregado resultados y están dispuestos a los ajustes estructurales y a la mejora del modelo vigente que tiene poco más de dos años con una excelente oportunidad de afinar su esquema de atención fundamentado en el principio pro persona en que se basa la reforma del 2008.
Con Cuevas han sido siete años de un litigio que transitó por el no ejercicio de la acción penal, amparos, acusaciones a agentes del Ministerio Público, perfeccionamiento de la carpeta de investigación, orden de aprehensión, detención, auto de formal prisión —hay que recordar que el caso se desarrolla bajo el anterior sistema penal—, nuevos amparos, análisis en la Corte, hasta la libertad de la acusada. Ahora es el proceso de atribución de sentido a la corrección decidida por la Corte.
En el proceso intervinieron diferentes autoridades. El MP inició el expediente cuando aún dependía de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Rodolfo Ríos, dependiente a su vez del gobierno central encabezado por Miguel Ángel Mancera. Y fue perfeccionado por un MP ya de la Fiscalía conducida por Godoy.
El caso también ha transitado por jueces locales, encargados, en diversos momentos, de negar la orden de aprehensión, y luego otorgarla, calificar como legal la detención de Alejandra Cuevas y dictar el auto de formal prisión que la mantuvo en Santa Martha Acatitla por tratarse, la acusación, de un delito grave cuyo seguimiento revisa la opinión pública.
Magistrados de la Suprema Corte decidieron la inocencia de la acusada y es esa una poderosa decisión para la justicia. Los tiempos procesales y los argumentos jurídicos interpuestos por las defensas de las víctimas e imputados alargaron el proceso y la permanencia en prisión, en un caso que debe ser prototípico de oportunidades de perfeccionamiento a favor del principio de inocencia.
Ya sin la pandemia, ciudadanía, personas inocentes, el sistema de procuración de justicia y el poder judicial local y federal, pueden aprovechar tanto la determinación depuradora de Godoy, que debe respaldarse, como la persistencia hasta lograr justicia.
@guerrerochipres
