Por Violeta Moreno Haro
Hay cargos públicos que se prestan para el discurso bonito y otros que se miden en algo más duro: si la institución logra llegar a la gente que normalmente no tiene abogado, no tiene voz, no sabe a quién tocarle la puerta o llega demasiado tarde. La Procuraduría Social de Jalisco pertenece a esa segunda categoría. Por eso importa mirar con cuidado lo que está haciendo Héctor Pizano Ramos.
Pizano no es un funcionario improvisado ni un perfil de escritorio. Su trayectoria como abogado, legislador, presidente del Congreso, secretario del Trabajo y operador institucional le da algo que no siempre se aprende en los manuales: sentido de Estado, lectura territorial y capacidad de sentar en la misma mesa a actores que normalmente trabajan por separado.
El Comité Interinstitucional de Mejora y Evaluación de la Procuraduría Social, CIMEPS, va justamente en esa ruta. No se trata de crear otra mesa para la foto, sino de ordenar problemas complejos que no se resuelven desde una sola dependencia. La trata de personas, la explotación de niñas, niños y adolescentes, el reclutamiento forzado, el abandono de adultos mayores o la falta de acceso a la justicia no caben en un oficio ni en una ventanilla.
La decisión de impulsar un diagnóstico metropolitano interestatal sobre trata de personas y reclutamiento forzado en la zona Puerto Vallarta-Bahía de Banderas resulta especialmente pertinente. Esa región concentra turismo, movilidad, servicios, desigualdad y zonas de riesgo. Por eso, articular a autoridades de Jalisco y Nayarit, junto con sociedad civil, academia y sectores productivos, no es un lujo institucional: es una necesidad.
Más todavía con el Mundial 2026 encima, porque los grandes eventos no solo traen derrama económica: también obligan a blindar derechos humanos, prevenir abusos, cuidar a la niñez y preparar respuestas institucionales antes de que un problema pueda estallar.
Ahí está el valor de una Procuraduría Social bien conducida: no esperar a que la víctima llegue rota a pedir ayuda, sino construir rutas de prevención, detección, atención y denuncia. Involucrar al sector turístico, capacitar prestadores de servicios, trabajar con organizaciones especializadas y generar información útil no es accesorio. Es política pública seria.
También es relevante que esta agenda no se quede únicamente en la coyuntura turística o en los temas más visibles. La ruta planteada para construir un Protocolo Estatal de Atención Integral para Personas Adultas Mayores apunta hacia otra deuda profunda: el maltrato, el abandono, la violencia patrimonial y la falta de acceso efectivo a la justicia de quienes muchas veces dependen de una familia que no siempre cuida.
Un protocolo de esta naturaleza puede ser importante si no nace como documento decorativo, sino como instrumento operativo. Es decir, si permite prevenir, detectar y atender casos reales; si ordena responsabilidades institucionales; si cruza salud, asistencia social, justicia, seguridad patrimonial y participación comunitaria; y si pone en el centro la dignidad, la autonomía y la calidad de vida de las personas adultas mayores.
Pizano entiende algo básico: la justicia social no se declama; se organiza. Y cuando una Procuraduría logra pasar de la atención dispersa a la coordinación institucional, empieza a convertirse en algo más que una oficina pública. Se vuelve una puerta real de acceso a derechos, con un procurador que tiene oficio político y experiencia institucional para aportar a una tarea compleja.
Y eso, en estos tiempos, suma bastante.
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