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Los hasta ahora precandidatos a la rectoría de la UNAM reaccionaron tarde a la convocatoria; el rector en funciones Enrique Graue Wiechers ya resolvió su reelección en Palacio Nacional y con ello se burló de la Junta de Gobierno que de manera supuesta tendría que evaluar nominaciones y programas de trabajo.
El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar Ugarte, y la directora de Ciencias Políticas y Sociales, Angélica Cuéllar Vázquez, están cumpliendo con los requisitos exigidos por la convocatoria, pero la relación personal, institucional y de poder del rector Graue con la Junta de Gobierno y en Palacio Nacional ya resolvió su reelección.
La aprobación buscada y conseguida por Graue en Palacio Nacional sería el mejor homenaje universitario a los 90 años de autonomía de la UNAM conseguida en la lucha por jóvenes estudiantes en 1929. No sería la primera vez en que el rector en funciones busca el aval presidencial, pero sí la ocasión propicia para que la UNAM reforzara su autonomía del poder como una forma de reconocer la lucha por la autonomía.
Aunque no era su intención, la reelección del rector Graue puso en entredicho –para decir lo menos– las funciones institucionales de la Junta de Gobierno y las convirtió en una especie de Oficialía de Partes que deciden a espaldas de la comunidad universitaria de más de 300 mil personas. Los miembros de la Junta son designados a propuesta… del rector en funciones para designar rectores. Y aunque hay una pluralidad de comunidad y todos ellos tienen carreras propias muy destacadas, las designaciones y las tareas de la Junta suelen representar los intereses del rector en turno.
La Junta de Gobierno es la coordinadora de la designación del rector por cuatro años y otros cuatro de reelección. Pero existe un círculo vicioso: el rector promueve nombramientos de junta de gobierno y la Junta designa a rectores. Y la tarea de la Junta de Gobierno se extiende a la designación de directores de Escuelas y Facultades, con lo cual la élite que gobierna el mando central y descentralizado de la UNAM constituye una verdadera red de grupos de interés.
La injerencia presidencial es sutil o atrabancada. De 1973 a 2019 ha habido nueve rectores designados con el aval o la avenencia presidencial en turno, con dos casos significativos: del gabinete presidencial de Zedillo salió la nominación de Juan Ramón de la Fuente Ramírez a finales de 1999 con la consigna de permitir la entrada de la policía para reprimir y arrestar a los líderes estudiantiles del Consejo General de Huelga que tenían tomada la Ciudad Universitaria en protesta por el alza de cuotas. Y de la rectoría saltó José Narro Robles en noviembre de 2015 al gabinete presidencial de Peña Nieto y luego en 2011-2012 a precandidato presidencial del PRI a la presidencia.
El presidente López Obrador, en el escenario de su propuesta de cambio de régimen, enfrentaría la posibilidad con la designación del rector en noviembre próximo de reorganizar la organización interna de la UNAM. Si bien el tiempo se le vino encima, podría aplicar el modelo de 1944: ante la existencia de dos rectores designados por un Consejo Universitario dividido, el presidente Manuel Avila Camacho promovió la configuración de una Junta de Exrectores para administrar la UNAM y crear los cambios institucionales y legales internos. Hoy una Junta de Exrectores podría reestructurar la UNAM.
Atrapada entre los viejos priístas que controlan áreas de la UNAM –Graue como designación directa de Narro Robles en 2015–, los grupos de poder del PRD, el nuevo grupo de poder del partido Morena, las representaciones de grupos radicales armados de la izquierda y ultraizquierda y las bandas delictivas que se aprovechan de la autonomía como extraterritorialidad, la UNAM es un polvorín que podría estallar a la menor chispa. La estabilidad depende del reparto de posiciones de poder como botín de guerra.
Como Graue pacto su reelección en Palacio Nacional y no en la Junta de Gobierno, entonces llegarán a la UNAM otros cuatro años de pasividad y mantenimiento del statu quo de la red de intereses de élites universitaritas y de grupos de poder formal y delictivo. Y la 4T desperdiciaría la oportunidad de la reorganización institucional de la UNAM que dese 1968 operó como institución del PRI.
Y los precandidatos Salazar y Cuellar están avalando el juego de poder de Graue reelecto ya en Palacio Nacional.

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Advertencia. Uno de los miembros del cinturón de paz de CDMX que usó la regenta Claudia Sheinbaum ha advertido que no puede desobedecer la orden de ir otra vez a vigilar marchas violentas, pero que cualquier agresión física –de un rasguño hasta la posibilidad de la muerte por las armas no convencionales de los marchistas– llevaría a través de su familia a una demanda multimillonaria contra el GCDMX porque fue contratado para trabajo de oficina y no para policía sin entrenamiento ni armas de protección.
Política para dummies: La política es el reino de lo compromisos en la zona oscura del poder.

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Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Seguridad anti cárteles de México estará normada en Washington

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A partir del criterio de que no había posibilidad aún remota de que la estrategia mexicana contra los cárteles transnacionales pudiera moverse en espacios mínimos de autonomía, la visita del fiscal estadunidense William Barr fijó los tres puntos de dominación estadunidense: la fuerza, el consumo de droga y los intereses hegemónicos.
En este contexto, las negociaciones de la semana pasada no se llevaron a niveles de secretarios de Seguridad de ambos países, ni siquiera se exploraron las relaciones institucionales y dinámicas entre los jefes militares de cada nación, ni menos aún se bajaron al nivel deseado de jefes de inteligencia. La agenda bilateral que le interesa a Trump quedó en manos del canciller mexicano.
Los entendimientos formales-pero-no-escritos entre los EE. UU. y México volvieron a pasar por el arco de la seguridad estratégica anti narcóticos de Washington: migración, comercio y seguridad nacional. La condescendencia del presidente Donald Trump hacia México al perdonarle el tema de los cárteles mexicanos como terroristas sólo probó que el control de la iniciativa bilateral está en la Casa Blanca.
Como el tema anterior de los aranceles, la amenaza de declarar terroristas a los cárteles mexicanos era un farol –o bluff en inglés– que hubiera enredado a Trump dentro de los EE. UU. y hubiera permitido a México escalar nuevas formas de negociación sobre agendas maduras y reales.
Y esa declaratoria hubiera obligado al gobierno de Trump a organizar primero una ofensiva sin precedentes dentro del territorio estadunidense para combatir a los nueve cárteles que según la DEA están controlando la venta de drogas al menudeo en ciudades estadunidenses. Hasta ahora, esas representaciones de los cárteles mexicanos parecen tener el beneplácito de las leyes laxas, de las autoridades policiacas y sobre todo de las instancias financieras que lavan los narcodólares de ventas domésticas.
La cacería de las sucursales de los cárteles mexicanos en los EE. UU. hubiera estallado la violencia en las calles, hubiera reducido la disponibilidad de droga a los consumidores pobres no wasp y hubiera elevado los robos, la violencia y los crímenes en la disputa por la poca droga disponible para el consumo cotidiano de las masas.
Pero en política y sobre todo en los temas de seguridad estratégica interior-nacional no existen los hubiera. México pareció haber negociado el tema de la cooperación en la lucha contra el narco en términos anteriores –aunque sin un Plan formal– y sólo con la condición de que la nueva fase de persecución de capos se hiciera con una lista muy precisa y sin causar estragos de violencia como en Culiacán.
El acuerdo no escrito sobre seguridad y cárteles allanó buena parte de los pendientes del Tratado de Comercio Libre 2.0 y acercó las cosas a su aprobación en el Congreso estadunidense, aunque con costos adicionales en concesiones de rubros de producción. Sin embargo, al final de cuentas el más interesado en la firma de la segunda etapa del Tratado era México.
Los objetivos estadunidenses en materia de cárteles se reducen no tanto a capos, sino a estructuras que tienen que ver con el control de drogas químicas dañinas –el fentanilo, sobre todo, que opera nada menos que Ovidio Guzmán Lopez, el hijo de El Chapo que no pudo ser deportado el pasado 17 de octubre–, los narcodólares en el sistema bancario y sobre todo las actividades de narcos en materia de contrabando de migrantes en una frontera marcada por la corrupción del lado estadunidense.
México perdió la oportunidad de redefinir los términos de la relación de seguridad en el rubro del narcotráfico al ceder antes por la amenaza de decretar terroristas a los narcos. El gobierno y el pueblo de los EE. UU. no son enemigos ideológicos o religiosos de los cárteles mexicanos, sino que asumen la condición sencilla de consumidores o clientes. Una jugada audaz debió ser cualquier negociación con la Casa Blanca, pero después de que Trump decretara terroristas a los narcos. Pero con habilidad, Trump primero amenazó y después envió a su fiscal a negociar lo que nunca iba a decretar.

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Mensajes políticos. A partir del inicio del segundo año de gobierno presidencial, las tendencias en las encuestas se mueven en otros significados, dejan señales para el reacomodo legislativo en el 2021 y sobre todo fijan atenciones del 2024. De ahí el dato mayor de que el gobernador priísta sinaloense Quirino Ordaz Coppel sigue en punta de gobernadores mejor calificados de todos los partidos, con un primer sitio y 61% de aprobación. La encuesta de Arias Consultores se realizó después del culiacanazo de octubre que afectó más al gobierno federal que al estatal.
Política para dummies: La política es lo que no parece ser.

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Carlos Ramírez

El PRI de Alito y Murat, con el dictador y represor Daniel Ortega

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A la memoria de los muy queridos
Concha y Juan Ortiz Martínez
Navegando sin rumbo desde la aplastante derrota del 1 de julio de 2018, el PRI de Alejandro Moreno Cárdenas Alito apareció nada menos que en Nicaragua, al lado del impresentable dictador local Daniel Ortega por cuya cabeza penden acusaciones de secuestros, asesinatos políticos, represiones al pueblo y cárceles llenas de presos políticos y sobre cuyo gobierno se ha acuñado el concepto de neosomocismo.
Lo paradójico que ilustra al nuevo PRI del poslopezobradorismo radica en el hecho de que el presidente López Portillo en 1979 desobedeció a los EE. UU. y apoyó la revolución de los sandinistas para derrocar por la vía de una guerrilla armada al dictador Somoza y creó la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL) para proteger movimientos revolucionarios sociales.
A lo largo del periodo 1994-2019, Ortega será presidente de la república por 25 años porque su tercer periodo directo –dos fueron como jefe de junta de gobierno– terminará en 2022. Y los datos indican que Ortega buscará otros cinco años de presidente para sumar 30 y luego heredará el cargo a su esposa Rosario Murillo. En datos duros, Ortega podría gobernar Nicaragua de manera directa 30 años, 62% del tiempo de la Nicaragua liberada en 1979, más de los diez que tuvo el dictador Anastasio Somoza Debayle y más de los 23 de su padre Somoza García.
Lo malo para Ortega y el membrete Frente Sandinista de Liberación Nacional radica en el hecho de que cuenta con el apoyo de otros dictadores latinoamericanos, sobre todo de Venezuela y Cuba y ahora de los cuatro miembros mexicanos de la COPPPAL: PRI, PRD, PT y Movimiento Ciudadano. En este escenario el priísta Alito tomó posesión de la presidencia de COPPPAL, un esqueleto sin credibilidad y ahora apoyando dictadores como Ortega, cuya represión del año pasado arrojó golpes a ancianos, mujeres, estudiantes, arrestos políticos, desapariciones de personas por razones políticas, cárceles llenas de disidentes y acusaciones probadas por organismos defensores de derechos humanos. El saldo aún por precisar fue de 500 personas muertas en las protestas y casi mil 500 disidentes desaparecidos. Y por decisión gubernamental cerraron periódicos, exiliaron periodistas y reprimieron críticos.
Más que un modelo sandinista de gobierno tipo López Portillo, el sandinista Daniel Ortega ha hecho un gobierno modelo priísta en modo Gustavo Díaz Ordaz.
La presidencia de la COPPPAL fue juramentada por Alito, con la presencia de su operador principal José Murat Casab, en Managua, en medio de grandes medidas de seguridad y del aislamiento de los partidos revolucionarios presentes por la intención de grupos sociales, políticos e internacionales de acercarse a la ceremonia para denunciar la represión tipo somocista de Ortega. En este sentido, el PRI de Alito y Murat está apoyando y apuntalando una de las dictaduras sangrientas de América Latina.
La COPPPAL ha querido ser un cártel político de partidos progresistas incrustados en las estructuras de poder de sus naciones para desarrollar alianzas en las élites gobernantes o partidistas, no para definir un modelo revolucionario ni menos para proteger al pueblo de represiones dictatoriales. Por ello fue muy significativo que el PRI de Alito tomara posesión de la COPPPAL en el feudo de Daniel Ortega hoy arrinconado por denuncias de represiones sociales inclusive peores que en los tiempos de Somoza.
Por lo demás, la presidencia del PRI estará compartida por el PRD en proceso de extinción, el PT como pariente pobre del membrete de la coalición lopezobradorista y el gelatinoso Movimiento Ciudadano que se acomoda a las circunstancias. La COPPPAL fue creada a instancias de López Portillo y diseñada por Gustavo Carbajal Moreno como presidente del PRI en 1979 y a lo ‪largo de sus 37‬ años de existencia su funcionamiento ha sido inexistente. Por ello le tocó ahora al PRI tomar las riendas.

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Protección Civil. Encabezada por el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, ‪las cinco‬ coordinaciones de protección civil se reunieron para evaluar resultados en el primer año de gobierno. En la reunión, el coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, destacó el interés de la SSPC y del propio presidente de la republica, como nunca había existido. Dos datos destacaron de las reuniones: el control de los recursos porque en sexenios pasados por ahí se fugaban miles de millones de pesos y la estructura de mando bajó la presencia directa de la SSPC y ya no de Gobernación. La reorganización de la protección civil ha sido responsabilidad de León Romero.
Política para dummies: La política consiste en esconder lo malo de las actuaciones publicas, no enorgullecerse de ello.

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Carlos Ramírez

EE. UU.: seguridad nacional por encima de intereses de vecinos

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El gobierno del presidente Barack Obama delineó una variante de la estrategia imperial de seguridad nacional de los EE. UU.: enfocar el problema de las drogas no del lado de la demanda, sino del lado de la oferta. Es decir, culpar a los productores y traficantes del consumo interno.
Entre reglamentaciones estrictas nació la Estrategia Para el Combate del Crimen Organizado Transnacional, aprobada en julio de 2011. En su Estrategia de Seguridad Nacional, el presidente Trump proyectó un paso adelante el modelo de Obama y asumió la táctica del presidente George W. Bush: perseguir a terroristas –y hoy su variante en delincuentes– en sus madrigueras locales.
De ahí la percepción de que la crisis de seguridad, de migración y de narcotráfico de los EE. UU. con Mexico no enfrenta al intenso presidente Trump, sino que México debiera percibir una lógica de imposición imperial de los intereses estadunidenses en México desde el gobierno de Richard Nixon y la obsesión estadunidense sobre el sur del Río Bravo, sobre todo México, de su geoestratega Henry A. Kissinger.
En su Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2017, Trump incluyó una definición estratégica de tareas del Estado: perseguir las amenazas hasta su lugar de origen; es decir, atacar a los presuntos enemigos del american way of life o modo de vida estadunidense en los países donde se ocultan los cerebros enemigos. Por eso la Casa Blanca como instancia de poder decidió desde 2001 atacar el terrorismo en el mundo islámico radical.
Ahora Trump viene sobre México: junto a la doctrina de seguridad nacional imperial Trump ha desempolvado la estrategia contra cárteles. En su Estrategia de Seguridad Nacional Trump corre el escenario de guerra no sólo a las agrupaciones yihadistas o promotoras de la guerra religiosa contra los infieles que han invadido zonas árabes musulmanas radicales, sino que ya incluyó a las organizaciones criminales transnacionales (OCT). Para Trump, sí hay diferencias entre yihadistas y narcotraficantes, pero “presentan desafíos comunes” como para incorporarlos en el mismo expediente: aprovechan la sociedad abierta de los EE. UU., operan en agrupaciones autónomas con objetivos comunes, se mueven en la red oscura de internet, logran recursos financieros aprovechando el capitalismo y sobre todo, varios de esos grupos yihadistas y de narcos “están protegidos y respaldados por los Estados y cumplen sus órdenes”.
Las Estrategia de Seguridad Nacional de Trump aporta algunos indicios de las nuevas formas de operación de las organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narco en México y Colombia. Un dato sobresale: la percepción en los EE. UU. que los cárteles mexicanos funcionan como corporaciones globales que son “compatibles” con las corporaciones de Fortune 500. En este enfoque cabe la información de la revista Forbes de que Joaquín El Chapo Guzmán como jefe del Cártel de Sinaloa tenía una fortuna personal de mil millones de dólares y el dato semi oficial de que El Chapo tiene escondido en algunos lugares 16 mil millones de dólares.
“Las organizaciones criminales transnacionales están motivadas por el beneficio, el poder y la influencia política”, dice la Estrategia. Probablemente por experiencia propia, los EE. UU. creen que los cárteles mexicanos tienen alianza y protección de estructuras del Estado nacional. “Algunos adversarios del Estado usan las OCT como instrumentos de poder nacional, ofreciéndoles un refugio territorial”.
La Estrategia de Obama contra las OCT https://obamawhitehouse.archives.gov/administration/eop/nsc/transnational-crime) dio el primer paso audaz al articular relaciones orgánicas entre crimen-terror-insurgencia y sembró la semilla de desconfianza hacia Centroamérica, hoy potenciada por la invasión de centroamericanos a los EE. UU. sin pasar por la acreditación de personalidades, funciones y objetivos por el arco de la migración legal y registrada. Cuando México alentó la migración centroamericana hacia los EE. UU. no tomó en cuenta el enfoque estratégico de seguridad antiterroristas y antidrogas de la política exterior estadunidense.
Obama reconoció a México por su “campaña histórica contra las OCT”, pero alertó la expansión de especialidades de esos grupos clandestinos que estaban entrando a los EE. UU.: drogas, personas, armas, contrabando, dinero ilegal, extorsión y secuestro por rescate. “Las OCT en México hacen que la frontera de los EE. UU. sea más vulnerable “porque crea y mantiene corredores ilícitos para cruces fronterizos que pueden ser usados por otros actores u organizaciones criminales y terroristas”.
De ahí que las presiones de la Casa Blanca no son de Trump, sino de la seguridad nacional imperial de la Casa Blanca.

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Política para dummies: La política es la habilidad para ver el lado oscuro del adversario.

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