Horacio Villaseñor Manzanedo*
La prestación del servicio público de transporte colectivo en el mundo se presta bajo diferentes modelos institucionales y jurídicos y son éstos el soporte de un modelo de calidad en el servicio público que regulan porque logran alinear de manera adecuada los incentivos jurídicos y económicos a la eficiencia institucional y rentabilidad del servicio, convirtiéndolo en una alternativa para el transporte de la mayoría de la población. Cada uno de estos modelos se expresa y se sustenta en su propio marco que es el que induce hacia la prestación directa de la autoridad gubernamental o la concesión a particulares, o la combinación de ambos, pero siempre bajo la vigilancia del gobierno, único responsable final de que el servicio sea suficiente y de calidad. En México se combinan procesos sociales y políticos que traducidos en el respectivo marco institucional y jurídico han generado políticas y modelos llenos de confusiones y con resultados muy “malitos”. La más clara y nociva es la que concibe que el transporte público es para los pobres y cuyo resultado ha sido ¡¡un pobre transporte público!! (González Herrera, 2011). Por otro lado, la realidad urbana de las ciudades, especialmente del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) nos muestra una extensión y dispersión del territorio que no corresponde con la oferta de transporte público actual. Por ineptitud gubernativa para armonizar los diferentes sistemas no existe aún un nuevo diseño que permita actuar con mucha mayor asertividad y eficacia, en el entendido de que tampoco ese nuevo diseño funcionará con “funcionarios” improvisados sin experiencia ni estudios en gestión y administración pública. La armonización y complementación de cada uno de los sistemas para constituir una nueva Red Integrada de Movilidad Sustentable, puede hacer posible la combinación de rentabilidad en las rutas integradas y, si es posible, de toda una cuenca de servicio con los corredores fusionados, con la complementación hacia los corredores masivos y la paulatina integración del resto de los modos de transporte, pero la supervisión y vigilancia gubernamental siempre será necesaria. No hace muchos años discutimos la necesidad de cambiar el “Modelo Hombre-Camión”, al que culpamos del limitado y pésimo servicio de transporte público, por uno que ya se implementó, el “Modelo Ruta-Empresa” y todo sigue igual de triste, un servicio con camiones repintados, malo, insuficiente, limitado e inseguro, pobre y caro. ¿Por qué no resuelve tampoco? No resuelve, porque en el fondo lo que no funcionaba ni funciona aun es la función pública, el gobierno que no gobierna nada. El servicio público puede concesionarse, pero nunca deja de ser un servicio público ni deja de ser responsabilidad del gobierno, que, con directivos públicos improvisados, amigos de alguien, sin preparación creen que al concesionar se deslindan de su responsabilidad, nada más idiota que eso. El servicio de transporte público se puede concesionar, pero quien debe garantizar que sea suficiente, uniforme, continuo, regular, obligatorio, limpio, puntual, agradable, profesional y seguro, es el gobierno, no el empresario, por ello el modelo ruta-empresa es ¡otro fracaso más!
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