Horacio Villaseñor Manzanedo
La ignorancia en temas de derecho administrativo causa que se digan muchas tonterías y, también, que la función pública siga siendo solo una aspiración, porque falla, falla y falla y no funciona. Trataré de explicar claramente por qué unos hijos de un presidente no son corruptos, no pueden serlo, ni se les puede cuestionar por lo que se conoce como conflicto de interés. Primero, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, la definición de corrupto es “[…] Que se deja o se ha dejado sobornar, pervertir o viciar”, y segundo, “un conflicto de interés es cuando un interés laboral, personal, profesional, familiar o de negocios de la persona servidora pública puede afectar el desarrollo imparcial, objetivos de sus funciones”, entonces, los hijos de un presidente, ni pueden ser corruptos ni les aplica el concepto de conflicto de interés. Permítanme explicarles cual debe ser el enfoque correcto. La gente que ofrece dinero, un ciudadano común, que para evitar pasar por el martirio que es pagar multas o para que camine una contratación gubernamental, una adquisición o una obra pública, lo puede hacer, libremente, sin ser considerada corrupta, porque ella no está violando ninguna ley, el ciudadano puede hacer con su dinero lo que se le antoje o le plazca, en cambio, un servidor público sí tiene prohibido recibir dadivas y también otorgar contratos públicos sin respetar el espíritu constitucional al respecto. Además, al directivo público, la sociedad le paga un sueldo para que se asegure de cumplir la ley, y está prohíbe la corrupción, que como lo dice el lenguaje español es exclusiva de quien tiene un cargo o encargo con posibilidad de ser pervertido. Diré algo que llamará la atención, si esto es cierto, el ciudadano, el empresario o los hijos de un presidente no pueden ser corruptos, pero sinvergüenzas y corruptores, sí. Por otra parte, el Artículo 134 de la constitución nacional dice: “[…] Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados…”, en otro párrafo también hace énfasis en la obligatoriedad de licitar, públicamente, todo lo que el gobierno compre, arrende, enajene o contrate, particularmente la obre pública, dejando algunos casos de excepción, que son muy pocos y muy específicos, sin embargo la amalgama formada entre ciudadanos empresarios ladrones y funcionarios podridos, ha abierto la puerta, desde hace muchos años, a la corrupción. Si los directivos públicos cumplieran con su deber, que simplemente es cumplir la ley, todo se licitaría o subastaría abiertamente, habría una competencia real en la que se seleccionarían a los mejores proveedores y constructores, amigos y simpatizantes, o no, de los gobernantes en turno, en el entendido de que el interés general debe estar por encima de cualquier otro, o sea, que debe seleccionarse al mejor para la sociedad, no para la familia ni la facción gobernante.Así, los seleccionados serían la mejor opción paratodos y quedaría demostrado porque le ganaron a otros cientos o miles que libremente decidieron participar en el concurso. El gobernante, en lugar de apoyar a alguien, tendría que mantenerse al margen y al final, después de un procedimiento abierto, solo enterarse de con quién trabajaría. Eso es el espíritu y texto que la constitución observa, desde 1917, es lo que debe ser, y el único camino para formar un dique entre los particulares ladrones y los funcionarios descompuestos que no funcionan. Así pues, es cierto, a los hijos de un presidente, que no son servidores públicos y que además no deben ser, no les aplica el concepto de corruptos, en todo caso, el corrupto es el gobernante. Ni hablar.
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