Violeta Moreno
El presidente de México ha mandado una reforma a las pensiones de todos en el país que reformaría las pensiones de todos los que nos vamos a jubilar con laley de 1997 o del 2007, dos puntos importantes quiero mencionar como una persona que sabe nociones de economía entiendo que no es muy fácil tener para el estado una carga tan grande de cada vez más pensiones para los habitantes a cargo del estado, pero además como usuaria de las reformas de después de 1997, y viendo que soy de una generación precarizada en la que no todos hemos cotizado las semanas que hemos trabajado y además no hemos cotizado como tal dentro de las prestaciones mínimas de ley, por diferentes motivos como los pagos por honorarios, los outsoursing, y cualquier sistema en el que las personas no les eran respetados sus derechos. Me gusta que por lo menos se lleve al terreno de la revisión como se nos respetará el derecho a una pensión digna que por ejemplo si tienen todas las personas de las generaciones anteriores, que además no atravesaron por la inestabilidad laboral que los másjóvenes si afrentamos.
Dichas estas reflexiones mencionaré que puntos quiere tocar esta reforma que manda el Ejecutivo al Congreso, la cual contiene entre otros puntos los siguientes: que el último sueldo sea pagado al cien por ciento a los trabajadores con un tope máximo de 16,777.00, la creación de un fondo “Del Bienestar” que según lo que comentan en los documentos iniciará con dinero que se encuentra en el dinero recabado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Fonatur y La Financiera Rural, y el dinero si se logran desaparecer todos los organismos autónomos, con un monto aproximado, con la suma de todo eso, hasta este momento de más de 69 mil millones de pesos.
El capital semilla como le llama el presidente se comenzaría a integrar a partir del 1 de mayo de este año, y este estaría conformado si la ley sale adelante por los siguientes rubros con mayor precisión: de toda una serie de partidas diferentes las siguientes un 75% de los ingresos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; lo obtenido con la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; los ingresos de la venta de bienes inmuebles sin construcción del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur); el cobro de los adeudos de la Administración Pública, del Congreso, del Poder Judicial y de los órganos autónomos, así como de los poderes legislativos y judiciales locales al Sistema de Administración Tributaria (SAT), al ISSSTE o al IMSS; de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial; el presupuesto que se destina a los organismos autónomos, una vez se eliminen, como propone otra reforma constitucional; del 25% del remanente de las utilidades netas que se obtengan de las entidades paraestatales que gestiona la Secretaría de la Defensa, como el Tren Maya o los aeropuertos; y de donaciones.
La propuesta señala que “cada ocho años se realizará una evaluación actuarial de su suficiencia con el objeto de determinar, en su caso, fuentes adicionales de financiamiento”. Y cada año propone exista una actualización con respecto a la inflación del INEGI.
La Asociación Mexicana de Afores (Amafore) contesto que debe analizarse la verdadera contribución a la justicia social y de donde se obtendrían los recursos para que el gobierno de nuestro país realizar esos pagos a lo largo de los años.
Es tan urgente una revisión en esta materia que hasta la oposición adelantó que siempre y cuando quede claro de donde se podrían obtener de forma constante los recursos a lo largo de los años, que es una pregunta bastante razonable.
Para el presidente las reformas de 1997 y del 2007 son injustas y menciona que los únicos que han salido beneficiados de que las pensiones sean rediseñadas hasta la estructura actual que tienen han sido las instituciones financieras, bancos, administradoras de fondos y aseguradoras. Por eso propone esta revisión al sistema de jubilación.
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