Violeta Moreno Haro
He visto en la Ciudad de México, por años, y que cada año empeora, un patrón que se repite con precisión casi mecánica: marchas legítimas, con causas atendibles, que hacia el final se degradan en un cierre predecible de grupos a rostro cubierto golpeando, incendiando, rompiendo y grafiteando monumentos y fachadas históricas. No es una exageración ni una postura anti-protesta. Es una observación constante: cuando aparece el anonimato, la responsabilidad se diluye y con ella llega la lógica del daño como espectáculo.
En CDMX ese cierre se volvió casi un guion: primero la movilización, luego el desgaste, después el grupo compacto con el rostro oculto que busca el punto simbólico, una cantera, una puerta histórica, una estación, un edificio público, para dejar marca. Como si la ciudad fuera un pizarrón disponible y la historia un enemigo abstracto al que se le puede cobrar una factura. Lo grave es que en ese gesto no hay valentía: hay impunidad. Y lo más triste es que termina contaminando la causa original, que muchas veces era justa, amplia y socialmente comprensible.
Por eso me brinca ver señales de ese mismo comportamiento en Guadalajara. Aquí las marchas siempre han existido, y deben existir, porque la democracia sin calle se asfixia, pero había un código no escrito: la ciudad no era rehén del coraje. Por lo menos nunca ha sido bien visto, y se frenaba esa conducta. Había reclamo, sí, había consignas duras, sí, pero no esta estética de la cara cubierta como permiso para vandalizar lo que es de todos. Y que en una movilización reciente ya se vean muchachos con el rostro cubierto atentando contra monumentos, pintando cantera, dañando edificios históricos, no es un detalle menor: es un síntoma cultural y político.
Protestar es un derecho; destruir es otra cosa
Una ciudad madura entiende que la protesta es parte del contrato social. Marchar incomoda y debe incomodar: obliga a mirar problemas que el poder preferiría administrar en silencio. Pero hay una línea clarísima entre incomodar y destruir. Entre alzar la voz y lastimar el patrimonio común. Entre expresar indignación y usar la indignación como coartada para la violencia.
Atentar contra monumentos históricos y edificios de cantera no es arte urbano ni rabia legítima. Es daño patrimonial: cuesta dinero público, erosiona identidad y convierte la discusión pública en un pleito. Además, suele ser profundamente injusto: el edificio no tiene culpa, la ciudad no es el enemigo, y la gente que vive y trabaja alrededor termina pagando el precio en miedo, caos y desgaste.
El anonimato como mensaje: no me hago responsable
La diferencia más importante no es estética, es ética. Cubrirse el rostro no solo oculta una identidad: oculta la rendición de cuentas. Su mensaje real es que se puede hacer lo que sea sin consecuencias. Y cuando esa lógica se normaliza, se vuelve contagiosa. Empieza con unos cuantos y termina con un hábito: cada movilización grande trae su pequeño grupo de sabotaje, como si fuera parte del paquete.
Y entonces pasa lo peor: la conversación deja de ser sobre la causa y se vuelve sobre el destrozo. El gobierno aprovecha para reducir todo a vándalos, la sociedad se polariza y los que marchaban con razón quedan en medio, usados por los extremos.
Guadalajara no tiene por qué copiar lo peor
Que Guadalajara se parezca cada vez más a la CDMX en lo bueno, oferta cultural, espacio público vivo, potencia cultural, puede ser deseable. Pero copiar lo peor, no. No necesitamos la dramaturgia de la destrucción para validar el descontento. La protesta no requiere cantera rayada para ser potente. Requiere argumentos, organización, mensaje y continuidad.
Defender el derecho a marchar no implica defender a quien destruye. Al contrario: si de verdad crees en una causa, la cuidas. La proteges de conductas ajenas al espíritu de la marcha, de pequeños grupos con agenda propia y de la tentación del caos como identidad. Porque cuando el movimiento se vuelve sinónimo de daño, pierde legitimidad y pierde aliados.
Límites claros y responsabilidad compartida
Aquí hay tareas para todos.
Para los organizadores: deslinde explícito y temprano. No el deslinde tibio cuando ya ardió algo, sino protocolos, cuidado y presión interna para aislar a quien llega a sabotear.
Para la autoridad: contención inteligente, no represión indiscriminada. Identificar agresiones reales, actuar con legalidad sobre conductas específicas y documentar sin criminalizar a toda la marcha. Y, sobre todo, entender que el patrimonio se cuida con prevención, no con espectáculo.
Para la sociedad: no caer en la trampa de creer que la destrucción es parte del folclor. No lo es. Normalizarlo es entregar la ciudad.
Porque hay algo que no deberíamos perder de vista: el patrimonio no es un lujo. Es memoria, identidad y continuidad. La cantera histórica de Guadalajara no es decorado: es un archivo vivo. Y una ciudad que permite que su archivo se vuelva paredón de rabias momentáneas se empobrece por dentro.
En la CDMX esto ya escaló a un punto absurdo: cada movilización grande termina obligando a blindar la ciudad con vallas frente a edificios de Paseo de la Reforma y alrededor del Ángel de la Independencia, como si el espacio público tuviera que ponerse en modo guerra para sobrevivir a la protesta. Y eso es justamente lo que no deberíamos normalizar en Guadalajara. Ojalá no lleguemos a ese escenario, porque cuidar la ciudad no es estar del lado del gobierno ni en contra de la marcha: es entender que, aunque la causa tenga razón, la ciudad también tiene derecho a permanecer en pie, íntegra, sin cicatrices repetidas por quienes confunden inconformidad con destrucción.
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