La opinión del experto y Mtro Rodolfo Aceves Jiménez*
Desde la perspectiva del derecho administrativo y constitucional, el Estado representa la máxima institución creadora de instituciones, orientada de manera indeclinable a procurar el bien común y la paz pública.
La función de mando encuentra su límite en el respeto a los derechos del ciudadano, y la fuerza estatal únicamente cobra validez cuando actúa bajo el imperio irrestricto de la ley. Un régimen que subordina sus órganos de justicia o desvanece sus equilibrios orgánicos desatiende su cometido esencial y camina hacia la parálisis.
Cuando las instituciones se degradan, el interés general queda a expensas de facciones particulares, lo que inutiliza la capacidad estratégica de cualquier gobierno frente a los desafíos que le imponen el entorno hemisférico y las asimetrías de la globalización.
Por esto es que el diagnóstico que arroja el Informe sobre la democracia 2026 del Instituto V-Dem no deja margen a la condescendencia: la regresión cívica ha retrotraído los niveles democráticos a registros de hace casi medio siglo, situando al 64% de la humanidad bajo regímenes autocráticos. La libertad civil y los contrapesos normativos sufren una severa erosión. Ante esta marea de reflujo internacional, el dilema mexicano deja de ser una discusión de salón de sesiones del Congreso para convertirse en un imperativo de primer orden: la democracia no es un adorno del Estado, sino el núcleo vital de su seguridad nacional.
Suele cometerse el error doctrinario de dividir la seguridad interior y exterior como si fuesen meros despliegues de logística táctica o aprestos militares sobre el terreno. Quienes conciben la defensa de la patria reducida al resguardo físico de fronteras e instalaciones estratégicas ignoran la raíz sociológica del poder. Si bien fue suprimida la Ley de Seguridad Interior por inconstitucional, sus causas y naturalezas persisten, en lo que parece un llamado a la autoridad que sea concientizada para revalorar el establecimiento del valor de esta seguridad.
Tal y como sucede hoy en día en México con una nación dividida por la desconfianza institucional o fragmentada por la descomposición o sincronía ideológica de sus contrapesos no puede resistir embate alguno. En lógica política elemental, la premisa de la defensa descansa en la cohesión cívica: si la legitimidad del orden constitucional se resquebraja, la arquitectura estatal entera deviene vulnerable a cualquier presión foránea o a las dinámicas del crimen trasnacional.
El auténtico blindaje estratégico de México radica en consolidar un Estado social y democrático de derecho donde la seguridad pública y la procuración de justicia no impliquen la supresión de las libertades individuales.
Resulta ilusorio pretender salvaguardar la soberanía abatiendo el pluralismo o erosionando la confianza ciudadana en sus tribunales. La fortaleza nacional emana de un pacto constitucional robusto, en el cual cada poder público cumpla con rigurosa probidad su mandato delimitado, rinda cuentas claras a la sociedad y garantice la igualdad de todos ante la norma general.
Frente a un escenario internacional convulso y tentado por la autocracia, México debe cerrar filas en torno a su proyecto republicano, no de la permanencia de un regimen.
Proteger la soberanía nacional impone hoy robustecer nuestras instituciones democráticas y revitalizar la confianza colectiva en el estado de derecho.
Sólo un pueblo cohesionado por la justicia cívica, celoso de sus derechos y leal a su Constitución será capaz de defender con éxito su porvenir frente a cualquier tormenta contemporánea.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: racevesj@gmail.com
Twitter: @racevesj
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